Padres de normalistas piden a Amnistía Internacional que emita una recomendación al gobierno mexicano

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco meses asistieron ayer a la asamblea anual de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), celebrada en la ciudad de Nueva York, para llamar a este colectivo a emitir recomendaciones sobre el caso al gobierno mexicano.

En el contexto de las caravanas que iniciaron el 16 de marzo por el centro y las costas del Atlántico y el Pacífico en Estados Unidos, los familiares de los estudiantes acudieron a la reunión de AI para seguir difundiendo su petición de que el caso no sea cerrado y se garantice su derecho a la verdad y la justicia.

Es muy productivo ver el apoyo tan fuerte que estamos encontrando en Nueva York de los mexicanos y latinos, además de personas de diferentes nacionalidades que han vivido lo mismo, señaló el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Efe.

El docente recordó que la llamada Caravana 43 recorrerá durante un mes 43 ciudades de la Unión Americana para exigir una investigación que permita conocer lo que pasó con los jóvenes, que según la versión del gobierno mexicano fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan.

De la Cruz informó que este domingo realizarán una manifestación en la Union Square de Nueva York, para informar a la población sobre el caso, y buscarán llevar sus reclamos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque por el momento no hay una fecha definida para ello.

Mientras tanto, en el Distrito Federal padres de los normalistas participaron en el foro Coyuntura política, terror de Estado y elecciones, organizado por la asociación Constituyente Ciudadana Popular, donde informaron a los asistentes sobre la agresión a sus seres queridos.

En dicho espacio, las organizaciones participantes señalaron también que los recientes cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y el nombramiento de Eduardo Medina Mora como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben verse como una declaración de facto del estado de emergencia nacional por parte del gobierno.

Los colectivos participantes en el foro advirtieron que “estamos frente a una nueva declaración de guerra del Poder Ejecutivo, similar a la planeada por Felipe Calderón, aunque de consecuencias más imprevisibles y dramáticas.

Es la salida ofrecida por el régimen y el Estado mexicano a la crisis política derivada de las masacres de Tlatlaya e Iguala y a las protestas suscitadas en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables del crimen de Estado.

De igual forma, aseveraron que la sociedad civil y el pueblo de México deben declarar su propia alerta de emergencia que nos prepare ante las intentonas represivas y dictatoriales de la clase política y de las trasnacionales, y de esta forma articular las resistencias cotidianas contra los efectos de la crisis y las privatizaciones con una estrategia para la refundación de la nación y del Estado mexicano.

/LaJornada