Tras cinco años de tramitación en el Congreso, la propuesta de la Comisión Mixta, que zanjó las diferencias respecto al proyecto de ley que autoriza a las municipalidades autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad, fue aprobada por 83 votos a favor y 2 en contra.
El texto propuesto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para establecer que éstas podrán autorizar, por un plazo de cinco años, el cierre o medidas de control de acceso a calles, pasajes y vías locales, o a conjuntos habitacionales urbanos o rurales con una misma vía de acceso y salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos.
La autorización sólo se otorgará previo informe de las direcciones de tránsito y de obras municipales y de la unidad de Carabineros y de Bomberos de la comuna, siempre que la solicitud sea suscrita por, a lo menos, el 90 por ciento de los propietarios de los inmuebles afectados. Asimismo, podrá ser revocada en cualquier momento si, al menos, 50% de los vecinos lo desean y no podrá ejercerse en ciudades ni barrios patrimoniales.
Sobre este último punto, el diputado por Valparaíso, Aldo Cornejo (DC), calificó el proyecto como “una discriminación”, ya que algunas ciudades e incluso barrios quedarán totalmente excluidos.
“Lo que ocurre es que la ley habla de ciudades patrimoniales, pero en rigor no hay ciudades patrimoniales, hay zonas, pero no toda la ciudad y, es probable que en esas áreas también los vecinos pidan cerrar sus calles con motivo de seguridad pública. En suma, el tema quedó confuso, mal delimitado“, explicó.
El proyecto –que espera ser ratificado en el Senado- es una más de las medidas del plan gubernamental de seguridad pública “Chile Seguro” y apunta a reducir los factores de riesgo de las personas vulnerables.
En este sentido, el diputado Ernesto Silva (UDI) celebró la aprobación, ya que “es una muy buena noticia para todo Chile y, en especial, para los vecinos de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, que han visto cómo en los últimos años ha aumentado sustancialmente el porcentaje de hogares víctimas de delito”, concluyó el parlamentario, según consigna el sitio web del Congreso.
Sin embargo, este proyecto no ha estado exento de polémicas. A fines de abril pasado, la Corte Suprema –tras un recurso judicial interpuesto por vecinos de Peñalolén y Cerrillos- consideró “ilegales” los cierres de calles como medida de seguridad, independientemente de que hayan sido autorizados por los alcaldes.
Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, señala en una columna que la agrupación a la que pertenece está a favor de la protección que deben tener todos los inmuebles y sus moradores, pero “no podemos llegar al extremo de transformar nuestras ciudades en fortificaciones, porque hay un bien superior que es la libertad de movimiento que tenemos los habitantes”.
“A la violencia se le combate con las armas de la razón, con trabajos dignos, con buena educación pública para nuestros niños y jóvenes y con leyes estrictas y rehabilitadoras, que reduzcan paulatinamente la repetición” de hechos delictuales, afirma.
Para el sociólogo de la Universidad de Concepción, Jorge Luis Martínez, no hay estudios que concluyan que cerrando calles habrá un descenso de la delincuencia.
“Medidas de este tipo no tienen ninguna efectividad por sí mismas. Mientras no haya una coordinación y comunicación real entre los vecinos, las rejas sólo son una defensa sicológica contra los robos y asaltos”, argumenta.
Por último, Herman señala que “sería muy útil que el Tribunal Constitucional diga si esta fórmula privatizadora no viola el derecho que tenemos para circular sin perturbación por las calles que nos pertenecen a todos”.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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