Una instancia que podrá comprobar “si la Constitución es cumplida o es violada”. Con esa descripción, abogados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) abrieron ayer un histórico juicio oral que podría destapar una “caja de pandora” de corrupción en la PDI, y que incluirá la declaración del director Marcos Vásquez Meza.
Todo comenzó en 2007, cuando el ex subcomisario Héctor Guzmán denunció que funcionarios activos de la institución frecuentaban los locales nocturnos de un proxeneta apodado “El Charly”, en Valparaíso, lugares en los cuales tenían relaciones sexuales con menores de edad. Algunas de las víctimas eran acarreadas en vehículos hasta los cuarteles policiales, donde consumían drogas junto a los detectives.
Ricardo Navarrete Betanzo, ex subsecretario de la PDI, llegó ayer hasta el Centro de Justicia para responder por la existencia de un decreto irregular que provocó la desvinculación del ex subcomisario Guzmán, poco después de dar a conocer su investigación.
El documento en cuestión sólo lleva la firma del subsecretario, pese a que por ley también debiese contener la del Presidente de la República o el ministro de gobierno en cuya cartera recaiga la dependencia de Investigaciones.
La PDI justifica la carencia de firmas diciendo que la institución notificaba a funcionarios con “transcripciones” de los decretos originales.
Navarrete Betanzo, interrogado por el abogado de DD.HH. de la CUT, Rubén Jerez Atenas, señaló “no recordar” específicamente dónde está regulado el procedimiento de emisión y transcripción de los documentos. El decreto de retiro de Guzmán también es cuestionado porque habría sido tramitado, por el Ministerio de Defensa de la época, sólo dos días después de que se enviara un oficio con los antecedentes.
En una corta intervención de apertura, Héctor Guzmán dijo que su baja realmente pretendía amedrentarlo para impedir sus acusaciones contra “policías que dejaban su pistola en un velador y tenían relaciones sexuales con niñas de 13 años”.
En su minuto, aseguró, la presidenta Bachelet tomó conocimiento de la situación, procediendo a solicitar el retiro del entonces director de la PDI y subdirector de la Interpol, Arturo Herrera Verdugo, quien deberá comparecer hoy martes ante el tribunal junto a Rosana Pajarito, jefa jurídica de la policía civil.
En la investigación por la red de prostitución infantil, la testigo María Delgado declaró que a finales de 2006, Herrera llegaba a los prostíbulos de niñas en dos camionetas, custodiado por cerca de siete detectives que le decían “jefe”. Delgado no sabía de quién se trataba hasta que pudo reconocerlo por primera vez en televisión.
Herrera, compañero de logia de varios “intocables” del Alto Mando, fue identificado además por la antigua Jefa Nacional de Delitos Sexuales de la PDI, Edita Salgado, como cliente de los servicios sexuales de menores. Por su participación en los ilícitos, el antiguo jefe máximo de la institución también habría protegido a marines estadounidenses de la Operación Unitas, conforme a sus buenas relaciones con la estación de la CIA en Chile.
Por otro lado, el juez Manuel Rodríguez Vega del 3º Juzgado de Garantía de Santiago aceptó finalmente la comparecencia del actual director de la PDI, Marcos Vásquez Meza, para el próximo miércoles 29 de mayo en el Cuartel General de Investigaciones. Bajo obligación del tribunal, la audiencia deberá ser abierta al público.