En el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena empezaron los alegatos de apertura del juicio oral contra 4 militares, por el homicidio del joven ecuatoriano Romario Veloz, ocurrido en dicha comuna el 20 de octubre de 2019, durante el estallido social.
En el juicio está participando, como parte querellante, la sede de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que está pidiendo cadena perpetua para el capitán del Ejército que dio la orden de disparar a sus subordinados, causando la muerte de Romario Veloz e hiriendo a varias otras personas.
Recordemos que, en este caso, el INDH fue quien interpuso la primera acción legal tres días después de ocurridos los hechos. Así, el Instituto pide las siguientes penas para los militares imputados:
- Para José Santiago Faúndez Sepúlveda (capitán a cargo del operativo): por dos delitos de apremios ilegítimos causando lesiones graves y uno de apremios ilegítimos con homicidio simple consumado, se solicita la pena de presidio perpetuo calificado.
- Para Milovan Alejandro Rojas Barrera: por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas, se piden doce años y seis meses de presidio.
- Para José Andrés Arenas Mancilla: por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas, se piden doce años y seis meses de presidio.
- Para Carlos Javier Robledo Olguín (autor del disparo que mató a Romario Veloz): por apremios ilegítimos con homicidio simple consumado, se piden 20 años de presidio.
Los hechos
Según la acusación del Ministerio Público, los hechos que condujeron a la muerte de Romario Veloz comenzaron a desarrollarse a partir de las 18 horas del 20 de octubre de 2019, cuando el capitán Faúndez materializó la presencia de su contingente en el Mall Plaza La Serena, entre otros lugares, con la finalidad de «resguardar el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad del sector».
Esto, pues en el sector antes mencionado y en circunstancias en que se desarrollaba una manifestación, algunas personas empezaron a intentar el saqueo de tiendas, por lo que el acusado ordenó la conformación y avance del contingente militar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, leída por los magistrados, quienes intentaron realizar los saqueos habrían desistido de sus acciones, pero no obstante aquello, y ya en el sector aledaño al Mall de La Serena, el capitán instruyó a sus subordinados a abrir fuego, vulnerando así las reglas de uso de la fuerza que prohíben apuntar con armas de fuego en dirección de cualquier persona en caso de no ser necesario.
Tras esta orden, agrega la acusación, el conscripto Rojas disparó e impactó a una persona con munición real. La víctima se encontraba en el pasto próximo a calle Amunátegui y quedó con lesiones graves y necesariamente mortales sin socorros oportunos y eficaces. Finalmente, sufrió un trauma abdominal, que tuvo efectos posteriores permanentes y lo incapacitaron para el trabajo.
Mientras un grupo de personas asistía a la primera persona herida, el capitán Faúndez omitió brindar primeros auxilios. Luego, replegó a sus subordinados, y enseguida, en conocimiento que sus subalternos habían efectuado disparos con munición real, dio una nueva orden de fuego.
En ese momento, el conscripto Robledo disparó nuevamente con munición de guerra, impactando en el cuello a Romario Veloz Cortés, quien estaba en las inmediaciones de la berma por calle Alberto Solari, a la altura del terminal de buses. El joven falleció momentos después.
En la misma secuencia, el soldado Arenas disparó su fusil cargado con munición de guerra e impactó la pierna izquierda de otra persona, causándole lesiones graves que sin atención eficaz y oportuna hubiesen ocasionado su muerte.
Tras los alegatos iniciales, Tarcila Piña, jefa del INDH de Coquimbo, declaró que el Instituto «ha esperado largamente la celebración de este juicio oral, en que hay 4 funcionarios militares en calidad de acusados, tres de ellos por su participación como autores materiales, quienes dispararon sus fusiles de guerra en contra de los manifestantes. Además, el cuarto acusado, el capitán Faúndez, dio las órdenes de disparar a sus subordinados».
«Lo anterior se denomina jurídicamente una responsabilidad de mando. Y es la primera vez que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lleva a juicio a un agente del Estado por dar las órdenes respectivas», agregó la jefa regional de Coquimbo del INDH.
Por su parte, el Fiscal Regional, Adrián Vega, dijo que las pretensiones de la Fiscalía son la acreditación de los hechos antes descritos, «con videos que resultan muy importantes, con pruebas fotográficas, pericias ad hoc, testimonios de civiles y policías que recogieron evidencias».
«Se dijo en el alegato y soy responsable en aquello: en los informes de la autoridad respectiva -el Ejército de Chile- solo informaron una munición de guerra consumida, así está en la papelería, y hay acreditación efectiva de lo contrario», agregó Vega.
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