El Congreso de Perú ha gobernado al país a su antojo durante los últimos años a pesar que no cuenta con la simpatía de la población. En un quinquenio ha provocado, por distintas razones, las salidas anticipadas de cuatro Presidentes de la República: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.
Este miércoles, 7 de diciembre de 2022, queda marcado como otro hito de la antidemocracia en la historia de Perú, donde un jefe de Estado que fue electo por las mayorías históricamente excluidas y que anhelaban un cambio para su país, y que intentó gobernar por poco más de un año sin tener éxito debido a la presión y persecución de la justicia y el parlamento, se vio obligado a realizar un último movimiento para buscar rescatar sin éxito el orden constitucional de su país.
Así, Pedro Castillo quien decidió ir por todos los que evitaron que gobernara y tomar medidas para tratar de destrabar la crisis política e institucional de Perú, para resetear el Estado, el sistema de justicia, la Constitución y el parlamento, fue por el todo o nada y perdió contra un monstruo enquistado en el aparato político y estatal peruano que se ha convertido en una cruenta dictadura legislativa que hace y deshace a su antojo en nombre de «la democracia» y «la institucionalidad».
Aunque Castillo dio el primer paso y pensó en dar un jaque mate a la mafia parlamentaria y judicial que gobierna Perú, el poder dentro de esas instancias pudo más y devolvió la moneda al mandatario para dejarlo, como lo tenía en agenda, fuera de la Presidencia y de esa manera romper con el deseo de las mayorías peruanas que había electo al mandatario para que cambiara al país.
¿Qué quiso hacer Castillo?
Castillo, anunció en la mañana del miércoles la disolución del Congreso y el establecimiento de un Gobierno de excepción en el país suramericano. Sin embargo, menos de dos horas después, el Parlamento llevó a cabo su sesión programada y destituyó al mandatario por «incapacidad moral».
«En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia», dijo Castillo en un mensaje a la nación.
De acuerdo con el mandatario, la medida comprendía:
- Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un «gobierno de emergencia excepcional».
- Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
- Se decreta toque de queda a nivel nacional desde las 22:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente. La medida rige desde este miércoles.
- Se declara en reorganización al Sistema de Justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Castillo pretendía que partir de hoy y hasta que se instaurara el nuevo Congreso de la República, su gestión pudiera gobernar mediante «decretos leyes». Además había declarado un toque de queda.
«Dictadura congresal»
Castillo acusó en su mensaje de una «nefasta labor obstruccionista» a la mayoría de congresistas, identificados con «intereses racistas y sociales en general».
Añadió que estos «han logrado crear el caos con el fin de asumir el Gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional».
«Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana», enfatizó, al señalar que la «única agenda del Congreso», desde el 29 de julio de 2021, «ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio».
Para esa mayoría de congresistas que, dijo, representan los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, «no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerables».
Castillo señaló que desde el Ejecutivo hubo reiterados llamados al Legislativo para resolver sus «desencuentros» mediante el diálogo, la mayoría de los legisladores se ha negado y «no se han detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial».
«El Congreso ha destruido el estado de derecho, la democracia, la separación […] Modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal», expresó.
Un Congreso duro de roer
Castillo que intentaba anticiparse al tratamiento de la moción de vacancia por parte del Congreso, que fue interpretado por la oposición como un «golpe de Estado» fue destituido por el parlamento, en gran parte por la traición de muchos de sus aliados en el poder legislativo.
Así, el Parlamento, lejos de asumir su disolución, llevó adelante la sesión prevista para la moción de vacancia, pero su titular, José Williams, decidió ir directo a votación de la resolución sin ser debatida. Si bien en principio se creía que los congresistas no alcanzarían los 87 votos necesarios, la embestida de Castillo contra el Legislativo volcó a la mayoría a avalar su destitución. Fueron 101 votos afirmativos y solo 4 negativos.
Casi todo el tren Ejecutivo y ministros de Castillo renunciaron masivamente. La jefa de Gabinete de Ministros, Betssy Chávez fue una de las últimas en sumarse, alegando que rechazaban la medida del ahora expresidente.
Previo a que el Congreso designara a la Vicepresidente Dina Boluarte como nueva jefa de Estado, Castillo fue detenido por la Policía Nacional en la sede de Prefectura, adonde acudió en busca de garantías junto al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
En ese proceso, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, denunció a Castillo ante la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Sistema de Justicia actuó en bloque contra Castillo
Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, dijo que «nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado ineficaz».
Según el Tribunal Constitucional, el mandatario «se ha puesto al margen de la Constitución y la ley» y, por ende, el Congreso deberá actuar y la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, asumir la Presidencia del país.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazó la medida del mandatario, que calificó como un «quebrantamiento del orden constitucional».
La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que señala que Castillo «ha violado flagrantemente la Constitución». Por tal motivo, el procurador general, Daniel Soria Luján, anunció que denunciaría penalmente a Castillo ante la fiscal de la Nación.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, dijo que lo anunciado por Castillo fue una «decisión inconstitucional» y condenó «todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal».
Nueva «Presidenta» ¿Hasta 2026?
El Congreso de Perú finalmente juramentó a Dina Boluarte como Presidenta de la República. Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la nación, rechazó más temprano la decisión anunciada en la mañana por Castillo de disolver el parlamento para establecer un Gobierno de excepción que le devolviera al país «el estado de derecho y la democracia».
«Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la república y la independencia de las instituciones democráticas», dijo Boluarte durante la jura tras recibir la banda presidencial de parte del titular del Parlamento, José Williams. Y añadió: «Asumo de acuerdo con la Constitución de Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026», cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
Minutos después, tras su llegada al Palacio de Gobierno en Lima, señaló que «lo más importante es no cometer los mismos errores, sino seguir avanzando».
«Tregua política»
«Se ha producido un intento de golpe de Estado. Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia ni en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia», señaló Boluarte.
Y añadió: «Asumo el cargo de presidenta constitucionalidad de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos».
La presidenta designada por el Congreso llamó a una «tregua política» para instalar un gobierno de «unidad nacional», para rescatar al país de la «corrupción y el desgobierno».
Apoyo del sistema de Justicia
Tras la jura de Dina Boluarte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, saludó su llegada a la presidencia y afirmó que la exvicepresidenta «asume de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución ante el intento del quebrantamiento del orden constitucional de parte de Pedro Castillo»
«Desde el Poder Judicial garantizamos a la ciudadanía la continuidad del servicio de justicia y nuestro compromiso con el respeto de la independencia y separación de Poderes», escribió desde su cuenta de Twitter.
Boluarte también recibió el apoyo y la visita de Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, en el Palacio de Gobierno. «Es el momento de trabajar con unidad», dijo la mandataria.
La nueva Presidenta de Perú es abogada, nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac. Se convierte en la primera mujer en presidir el país. La intervención del Congreso es la tercera para aplicar un régimen de sucesión presidencial durante los últimos 5 años.
OEA apoya al nuevo Gobierno
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionó de manera extraordinaria para tratar la crisis política en el país suramericano.
«Lo ocurrido hoy en Perú al disolver, Pedro Castillo, el Congreso de la República sin base constitucional, legal, ni normativa constituye una alteración del orden constitucional en el país», dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Almagro aprobó la designación de Boluarte y dijo que se comunicaría «»Esta tarde estaré buscando comunicación «con ella para transmitir el apoyo de la Secretaría General de la OEA a la democracia, la paz y la institucionalidad en el Perú, y la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país».
En la sesión extraordinaria, Almagro hizo un llamado a la «paz interna» y la «calma», para que los «mecanismos institucionales activados mantengan a Perú en la senda de las libertades y la convivencia».
Por su parte, distintos Gobiernos de la región como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y EE.UU. se pronunciaron para expresar su preocupación y velar por la continuidad del orden democrático en Perú.
México lamenta el clima de «hostilidad» contra Castillo
Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es «lamentable» el clima de «confrontación y hostilidad» durante todo el gobierno de Castillo, aunque dejó claro que la política de su país es de no intervención y respeto a los asuntos internos de los países.
«Consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo», dijo el presidente mexicano.
Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que su país lamentaba «los últimos acontecimientos» en Perú y hacía votos «por el respeto a la democracia y a los derechos humanos» por el bien de la población.
En una entrevista con la periodista local Denise Maerker, Ebrard dijo que estaban «muy preocupados» por la situación en Perú y que incluso tenían la disposición de darle asilo a Castillo, si lo llegara a solicitar.
Brasilia desea «éxito» a Dina Boluarte
Entre tanto, la cancillería de Brasil señaló en un comunicado que el Gobierno de Jair Bolsonaro «sigue con preocupación la situación política interna en Perú» que llevó a «la destitución constitucional del presidente Pedro Castillo por el Congreso y a su sucesión por la vicepresidenta Dina Boluarte».
Brasilia consideró que las medidas adoptadas por Castillo, son «incompatibles con el marco constitucional» peruano y «representan una violación a la vigencia de la democracia y el Estado de derecho». Por tal razón, espera que «la decisión constitucional del Congreso peruano represente la garantía del pleno funcionamiento del Estado democrático en Perú».
«El gobierno de Brasil expresa su voluntad de continuar manteniendo las sólidas relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países y desea éxito a la presidenta Dina Boluarte en su misión como jefa del Estado peruano», agregó la cancillería brasileña.
Por su parte, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deseó éxito a Boluarte «en su tarea de reconciliar al país y conducirlo por la senda del desarrollo y la paz social». En un comunicado de prensa, Lula da Silva consideró «lamentable» que un «presidente electo democráticamente tenga esta suerte, pero entiendo que todo fue remitido en el marco constitucional».
El golpe final a Castillo
Desde su asunción, en julio de 2021, el ahora expresidente Pedro Castillo, un maestro rural y dirigente gremial de izquierda, enfrentó tres mociones de vacancia y una veintena de denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción.
Castillo había denunciado constantes intentos de desestabilizar a su Gobierno por parte de los bloques parlamentarios de derecha y de la prensa. También había perdido el apoyo de Perú Libre, el partido con el que llegó al máximo cargo político, de donde fue expulsado por, presuntamente, implementar un «programa neoliberal perdedor».
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