22 años de cárcel le cayeron este martes al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. La condena se dio luego de que la justicia peruana determinara que existió un horno en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde desaparecieron tres detenidos en 1993, durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori.
«Me parece que la sentencia pone en evidencia la comisión de graves crímenes sistemáticos, de evidencias criminales importantes; pero finalmente, después de más de 20 años, el sistema judicial peruano ha logrado declarar una situación y las circunstancias de la desaparición, eso ayuda a establecer la verdad«, consideró el abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Según informó TeleSUR, Rivera razonó que «nadie construye un horno para quemar a tres personas», por lo que valoró que «lo más probable es que, aparte de los casos sentenciados, hoy existan lamentablemente muchos otros más.»
«Estos casos y otros que fueron realizados en esa época dan cuenta de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos como parte de una política de Estado«, enfatizó.
El abogado declaró que esta resolución judicial es «muy importante», porque se refirió a un caso «particularmente muy grave, luego de los históricos que se conocieron y fueron perpetrados por el destacamento Colina.»
«Esto da cuenta de un hecho particular: que los casos de graves violaciones a los derechos humanos en los años 90 no solo se circunscribieron a los crímenes del grupo Colina», indicó en referencia a los delitos de lesa humanidad por los que se condenó al expresidente Fujimori a 25 años de cárcel en el 2009.
El tribunal determinó que está probado que el profesor Justiniano Najarro Rúa y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzuald fueron asesinados en los sótanos del cuartel general del Ejército en 1993, durante el gobierno de Fujimori, y que luego sus cuerpos fueron quemados en un horno que había en el lugar.
Según el tribunal, se probó la existencia de un horno en el sótano, así como la detención y desaparición de las víctimas en ese lugar. En esta misma causa, se sentenció a 15 años de cárcel al exjefe de Dirección de Inteligencia del Ejército, (Dinte), Jorge Nadal Paiva, y se ordenó su captura inmediata.
En marzo pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presidió la colocación de la placa recordatoria de Kenneth Anzualdo en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). Los familiares de Roca y Anzualdo manifestaron su acuerdo con la decisión judicial, aunque remarcaron que aún falta encontrar los restos de las víctimas.
El acto se realizó en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 2009.
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