Petróleo de esquisto reactiva conflicto indígena en Argentina

El término de a “superficiarios” con que los contratos petroleros denominan a la contraparte con quien negocian la explotación territorial, no convence a Albino Campo, logko de la comunidad de Campo Maripe.

“Nosotros somos dueños de la superficie, y de lo que está arriba y de lo que esta abajo también. Esa es la “mapu” (tierra). Abajo no está hueco. Abajo hay otro pueblo”, explicó.

Tampoco está hueco para las compañías petroleras, aunque ambas concepciones sean muy diferentes. Tres mil metros abajo de Campo Maripe está una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo de esquisto (de roca). Las tierras que la comunidad utilizaba para pastoreo, son ahora parte del yacimiento Loma Campana, que opera la empresa petrolera estatal YPF, en asociación con la compañía estadounidense Chevron.

“Acá se abrieron 160 pozos más o menos. Cuando lleguen a 500 pozos no tendremos lugar para nuestros animales. Nos robaron lo que fue nuestro”, reflexionó el logko. 

Ante la urgencia de producción, YPF comenzó hace un año a abrir caminos y pozos en el yacimiento denominado Campo Campana, en la sureña y patagónica provincia de Neuquén.

El jefe mapuche y su hermana Mabel Campo mostraron a IPS en que se transformaron sus tierras, donde el ruido y la polvareda de camiones que entran y salen continuamente del yacimiento son intensos.

Transportan maquinarias, tubos de perforación y productos para realizar la fractura hidráulica (fracking, en inglés), una cuestionada técnica que libera los hidrocarburos a gran escala mediante la inyección a alta presión de agua, arenas y aditivos químicos con que se rompen horizontalmente grandes extensiones de las rocas subterráneas en que se incrustan.

“Dicen que el fracking y todo lo que hay arriba no contamina… quizás va a pasar mucho tiempo cuando empecemos a ver cáncer, cáncer a la piel, por la cantidad de contaminación, y también nos vamos a morir de sed porque no va a haber agua para tomar”, advirtió Mabel Campo.

YPF argumenta que negoció con el gobierno de la provincia la apertura del campo, porque es quien ostenta el título de propiedad de las tierras.

No obstante, “nosotros intentamos tener la mejor relación posible con cualquier superficiario o pseudo superficiario u ocupante, en las zonas donde trabajamos, “sean mapuches o no”, explicó a IPS el gerente de relaciones institucionales de YPF-Neuquén, Federico Calífano.

Las familias de Campo Maripe no obtuvieron todavía ese título, pero si una victoria importante. Tras manifestaciones que incluyeron encadenarse a las torres petroleras, consiguieron en octubre que el gobierno provincial los reconozca legalmente como comunidad.

“El derecho indígena legisla que la personería jurídica no es constitutiva (vale decir, no crea a la comunidad, porque la misma existe más allá de la aceptación o no del Estado), pero sí es una herramienta frente a instituciones del Estado (desde organismos de Gobierno hasta tribunales)», analizó Micaela Gomiz, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia (ODHIP).

“Con la inscripción de la personería se deja atrás la postura oficial de negar la identidad indígena mapuche y ahora tendrá que realizarse el proceso de consulta para cualquier acción que afecte al territorio”, explicó en un comunicado de esa organización.

Según el ODHIP, al 2013 había unos 347 mapuches imputados por el delito de “usurpación”, contando las 80 causas judiciales abiertas en Neuquén y las 60 en la vecina provincia de Río Negro.

En el caso de Vaca Muerta, Jorge Nahuel, portavoz de la Confederación Mapuche de Neuquén, recordó a IPS que los indígenas no fueron consultados como lo determina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina hace 25 años.

“Lo que debería hacer el Estado antes de concesionar espacio es acordar con la comunidad si está dispuesta aceptar semejante cambio de vida”, planteó.

Además, dijo Nahuel, “la empresa debería aplicar el derecho que, por ejemplo, tenemos reconocido constitucionalmente, de participar en la gestión de los recursos naturales. Esos derechos están totalmente violados por la llegada de la industria petrolera”.

Para el dirigente mapuche, violaciones similares ocurren en las industrias de la soja y la minería. “Se considera, a los indígenas, un elemento más de la naturaleza y como tal se los arrasa”, denunció.

En este país sudamericano de 42 millones de habitantes, casi un millón se autorreconocen como indígenas en el último censo, de 2010. La mayoría pertenecen a los pueblos mapuche y colla y viven en Neuquén y otras dos provincias.

Nahuel recordó que de casi 70 comunidades indígenas neuquinas, solamente 10 por ciento tiene títulos.

“La lógica del Estado es que en la medida que haya debilidad en cuanto a la tenencia de la tierra, hay más seguridad jurídica para la empresa. Es una lógica perversa porque en definitiva lo que ellos creen es que al tenernos durante décadas sin títulos de propiedad, va a ser para la empresa más fácil invadir un territorio”, opinó.

Algunos ponen en duda los verdaderos intereses de los mapuches.

Luis Sapag, diputado del Movimiento Popular Neuquino, promovió la polémica cuando el año pasado aseguró que “algunos de ellos hacen buenos negocios” y que “YPF no fue a instalarse en las tierra de los mapuches” sino que “algunos mapuches fueron a poner sus casas donde estaba YPF para generar toda esta movida”.

“Hasta que se desarrolló Loma Campana nunca hubo un reclamo de una comunidad mapuche”, aseguró el gerente de No Convencionales de YPF Neuquén, Pablo Bizzotto, durante una visita de IPS y otros medios internacionales a Loma Campana.

Nahuel comparó esa lógica con la “utilizada por el Estado cuando invadió el territorio mapuche, diciendo que esto era un desierto, nosotros llegamos y después que llegamos apareció un pueblo reclamando derechos”.

“Acá utilizan la misma lógica, ellos primero arrasan un territorio, y después dicen: ‘¿pero que es lo que reclaman? A ustedes no los teníamos contabilizados’, nos dicen”, ironizó.

Para Nahuel, la explotación hidrocarburífera no convencional, en que Argentina pasó a ser uno de sus grandes actores, conlleva una “amenaza mucho más fuerte” que la tradicional, que según aseguró ya “dejó una contaminación profunda en el suelo y en el organismo de todas las familias mapuches de la zona”.

“Es una industria que genera un fuerte impacto ambiental y social y, lo peor para nosotros, cultural, porque quiebra la vida comunitaria, porque rompe todo lo que es la relación colectiva que tenemos en relación a un territorio, y porque empezamos a ser superficiarios para la industria” , analizó.

El portavoz anticipa que a medida que avancen las perforaciones, aumentarán los conflictos.

En ese sentido consideró que la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigencia desde el 31 de octubre, lo agravará porque “está hecha al servicio de los grupos económicos, ya que a las empresas se les aseguró la explotación durante 50 años”.

“¿Cuándo se vaya YPF no dejan ningún futuro a los mapuches. Acá lo que nos dejan es contaminación y muerte nomás”, lamentó el logko Campo.

Por Fabiana Frayssinet

Fuente: ipsnoticias.net