El presidente Sebastián Piñera prestó declaración ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la causa que se lleva adelante por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social de finales de 2019.
La diligencia ocurrió este lunes de manera presencial en la casa del mandatario, ubicada en Las Condes, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizara a Perivancich, a citar al presidente Piñera, “cuantas veces sea necesario”.
Desde La Moneda confirmaron la información: «En el contexto de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, el Presidente de la República concurrió ante la Fiscal Regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.
Sostuvieron que el Gobierno «junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los Derechos Humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del Ministerio Público».
«El Gobierno apoya el cumplimiento del mandato que les corresponde en un Estado de Derecho a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público», indicaron en un comunicado.
Se pudo conocer que el mandatario prestó la declaración acompañado de su abogado Samuel Donoso.
El origen de esta declaración se remonta a la querella presentada el 4 de noviembre de 2019 (mientras arreciaba la represión policial en todo el país) por un grupo de 16 abogados, la cual apunta a losrímenes de lesa humanidad que se habrían cometido entre el 18 de octubre y el día en que se interpone esta acción judicial.
Los abogados acusan que las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron responsables de homicidios, torturas, apremios ilegítimos, violaciones, abusos sexuales, detenciones ilegales y destrucción de globo ocular a 150 personas.
Con la acción legal, pretenden que el mandatario asuma, como máxima autoridad del país, las violaciones a los derechos humanos que también fueron denunciadas por distintos organismos internacionales.
La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Valparaíso engloba varias querellas en una sola causa, entre las que se encuentra los casos de las más de 20 personas fallecidas por el estallido, así como los cientos de personas que resultaron víctimas de trauma ocular.
Entre las causas en las que se investiga al actual presidente se encuentra, además, las lesiones provocadas por el lanzamiento de químicos junto a los chorros del carro lanzan aguas y la muerte en la comuna de Panguipulli del malabarista Francisco Martínez.
Como parte de la investigación judicial ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del actual Gobierno que también figuran en la treintena de querellas criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos.
Entre ellos figuran los exministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, junto al actual intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
Asimismo, han declarado el también querellado exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, y Ricardo Yañez, quien hoy ostenta el cargo.
Hasta la fecha se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de Carabineros o militares y organismos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han denunciado los excesos y abusos policiales en Chile, apuntando a violaciones a los derechos humanos.
A principios de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya había rechazado una solicitud de sobreseimiento realizada por los abogados de Sebastián Piñera, en el marco de la querella por crímenes de lesa humanidad presentada en contra del mandatario.
La fiscal Perivancich argumentó en la audiencia del pasado 2 de julio rque “la investigación aún se encuentra en plena vigencia, con diligencias pendientes y en un escenario de desformalización. No es posible sostener que haya un escenario de claridad absoluta en torno a la existencia del delito o la falta de participación”.
Rumbo a la Corte Penal Internacional
En los últimos meses, organismos nacionales promueven una querella para elevar la causa de las violaciones de DDHH ejecutadas durante la revuelta de 2019 a la Corte Penal Internacional, y así el Presidente sea juzgado en la instancia internacional.
Entre las pruebas que se presentarían, se encuentran los dossiers preparados por organismos nacionales e internacionales sobre las explosiones oculares, tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos.
“Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico (…) Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo”, expresó en enero pasado el abogado querellante Mauricio Daza en entrevista en el espacio Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer.
Indicó que los crímenes de lesa humanidad se reflejan en un ataque generalizado y sistemático «cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotros observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil».
Leer más: Piñera rumbo a la Corte Penal Internacional: Entrevista al abogado querellante Mauricio Daza
Asimismo, planteó que es un poco innegable que el mandatario no estuviese al tanto de lo que sucediera en materia de represión y violación de derechos humanos.
«Hay evidencia concreta acerca por lo menos de este punto, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con Piñera en innumerables oportunidades, se le entregaron informes mientras esta situación se estaba desarrollando, además él tuvo en conocimiento informes de organismos como HRW, Amnistía Internacional, hubo también una visita de representantes de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo esto estaba en conocimiento del Estado, o sea esto es un punto innegable, él sabía perfectamente que las fuerzas policiales estaban cometiendo estos abusos», afirmó Daza.
«Entonces desde esa perspectiva la legislación vinculada a los crímenes de lesa humanidad castiga, asimila a la autoridad civil y al mando militar que estaba en posición de hacer algo para impedir que esto siguiera produciéndose y no lo hizo, lo asimila como autor directo», subrayó el abogado.
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