Después de largos años en que se entregaron más atribuciones a los juzgados militares como, por ejemplo, la posibilidad de someter a proceso y condenar a civiles, el Gobierno presentó un proyecto para terminar con estas prácticas.
Luego de firmar la iniciativa, la Presidenta Michelle Bachelet recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la intervención de los tribunales militares en casos donde se ven involucrados civiles, situación que se quiere terminar con esta propuesta de ley.
La Mandataria sostuvo que la nueva normativa establecerá definiciones claras respecto a las órdenes que se pueden impartir y cuáles deben ser rechazadas por los uniformados.
“Entre ellos destaca la definición de ‘tiempos de guerra’ de modo que excluye cualquier invocación respecto de problemas de seguridad interior. También se perfecciona el sistema de órdenes, su suspensión y representación de manera de consagrar la obediencia reflexiva y asegurar la imposibilidad de cumplir mandatos que representen la comisión de delitos como tortura, secuestro o desaparición forzosa de personas”, explicó Bachelet.
Por su parte el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, indicó que la iniciativa legal establece la reformulación del sistema de procedimientos que se asemejará al del sistema procesal penal que rige para los civiles.
La justicia militar ha sido ampliamente criticada por diversos aspectos, en especial, por su capacidad de juzgar civiles, además de las infracciones de militares en delitos de carácter común, lo que está en la dirección opuesta de lo que sucede en los Estados democráticos donde su ámbito de competencia es mucho más restringido, como precisó el historiador de la Universidad de Chile, Sergio Grez.
“Si el principio internacionalmente consagrado es que la justicia militar debe conocer las infracciones a los deberes militares cometidos por uniformados y que comprometen la eficacia en los institutos armados, en Chile ocurre que cualquier persona puede ser llevada a este tipo de justicia. Por lo mismo, se cuestiona su excesiva competencia. Ésta debería limitarse al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo y, en ninguna circunstancia, que los civiles puedan ser remitidos a la jurisdicción de los tribunales militares”, afirmó el académico.
El historiador agregó que la estructuración de los tribunales militares vulnera la imparcialidad y la independencia, mientras que el fallo de 2005 en el caso Palamara Iribarne de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es explícita al recomendar la acotación de estas instituciones a conocer delitos que pongan en riesgo el trabajo de la rama castrense o de orden a la que pertenece.
Es la determinación de este caso hace ya cuatro años la que debería haber sentado el precedente para que el gobierno se comprometiera a enviar un proyecto que es despachado recién a fines del gobierno de Michelle Bachelet, por lo que para el abogado Alberto Espinoza, quien representa varias causas contra civiles acusados por la justicia militar, no es un esfuerzo sincero sino para apaciguar las críticas por la actuación del Ejecutivo en el conflicto mapuche.
“Espero que sea una luz en torno a las críticas que ha recibido el Estado de Chile en el orden internacional por el tratamiento que se le está dando al pueblo mapuche en el ámbito jurisdiccional. Tengo poca fe en este proyecto porque es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Hay un fallo de la Corte Interamericana que ordenó al país a introducir modificaciones en este sentido y aquí se ha hecho oídos sordos”, inquirió el jurista.
De hecho, son varios los dirigentes que están sometidos a proceso por los tribunales militares, mientras que otros representantes mapuches han sido absueltos por falta de méritos aunque después de largas investigaciones y privados de libertad, tal como sucedía cuando se entregaron más atribuciones a estos tribunales durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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