El Parque Nacional Rapa Nui ocupa gran parte de Isla de Pascua y, en los hechos, está siendo administrado por este pueblo polinésico desde que -el 26 de marzo- tomaron posesión de él. Hicieron esto aburridos de promesas incumplidas, centralismo, nula autonomía, migración descontrolada y el despojo de las tierras.
En abril el Ministerio de Interior y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) firmaron un compromiso con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) y el Parlamento Rapa Nui en el que se compromete a entregar a un ente Rapa Nui, a definir, la administración del Parque Nacional.
Para concretar dicho propósito, Codeipa y Gobierno definieron hacer una Consulta Indígena –de aquí a diciembre- en la que se resolverían las características de la administración del Parque Nacional.
El gran problema es que el Estado de Chile carece ahora de credibilidad entre los isleños. Muchas han sido las promesas y medidas que se incumplido o se han quemado en la puerta del horno, como ocurrió con la ley de migración. Se estima que la resolución del tema de la administración del Parque Nacional podría eternizarse, por lo que mantener su administración, sin recursos, sería desgastante y casi utópico.
Ocupación del Parlamento Rapa Nui
Este sábado 15 las ventas de tickets comenzaron en la sede el Parlamento Rapa Nui (en Hanga Roa) tal como se anunció profusamente. El diseño es mantener las tarifas que cobraba la CONAF hasta que dejó su administración.
Como parte de la nueva política, este día se comenzó a exigir a los turistas -en los puntos de ingreso al Parque- los boletos con el timbre del Parlamento.
Esta expresión de autonomía desató la reacción del Estado de Chile: Ministerio de Interior, Gobernación Provincial, Ministerio Público, Fiscalía, PDI y Carabineros se desplegaron en una misma dirección: castigar el ejercicio de la soberanía del Pueblo Rapa Nui.
A primera hora de este día fue detenido Leviante Araki, el legendario presidente del Parlamento Rapa Nui que, en diciembre de 2010, casi fue dejado invalido por efectivos de Fuerzas Especiales que lo golpearon duramente en el desalojo del centro cívico de Hanga Roa, tomado por el Parlamento.
En comunicado de la Gobernación de Isla de Pascua –de 15 de agosto– se señala que en el paso “El Australiano” –lugar de acceso a la aldea ceremonial de Orongo- Leviante Araki y el también miembro del Parlamento, Mario Tuki, “fueron sorprendidos impidiendo el acceso al Parque Nacional a un grupo de turistas” a quienes “le exigieron la cancelación ilegal de dinero para dejarlos entrar al Parque”.
Pie de foto: Mario Tuki y Leviante Araki. Detenidos.
Araki y Tuki fueron llevados a la Comisaría de Carabineros de Hanga Roa acusados de “desordenes en la vía pública”. No hubo violencia de ninguna de las partes.
Sin embargo, posterior a la detención, la Fiscalía de la Isla de Pascua inició una investigación por “estafa”, ordenando -previa consulta al juez de la Isla- el envío de efectivos policiales a la sede del Parlamento Rapa Nui. Esto, con el fin de decomisar los ticket’s de venta de entradas y todo el material que pudiera avalar su acusación.
Lo llamativo es que la fuerzas conjuntas de Carabineros y la PDI no llegaron con ninguna orden escrita. Mujeres rapanui allí presentes se negaron a entregar nada y exigieron a Carabineros y representantes de la fiscalía un documento escrito en el que se autorizaba el desalojo y el arribo de un intérprete de su lengua. Los funcionarios policiales insistían con que con una orden verbal bastaba para allanar la sede y confiscar sus bienes.
Cuando la tensión ya era muy alta, Rinko Tuki -consejero Rapa Nui en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), explicó a los carabineros –con dulzura polinésica- que lo que los Rapa Nui estaban haciendo no era un delito sino “el ejercicio de su legítimo derecho a la autodeterminación” y que la represión de esa prerrogativa constituía una violación a los derechos humanos de su pueblo” (Ver video Allanamiento al Parlamento Rapa Nui).
https://www.youtube.com/watch?v=mKa1f9KEcJw&feature=em-share_video_user
Luego de la batahola, los originarios abandonaron el recinto, llevándose todas “las pruebas” que no eran más que tickets de “aporte voluntario”.
Como contrapartida, la Fiscalía ordenó el cierre del Parlamento Rapa Nui y el Ministerio de Interior dispuso el despliegue de una significativa fuerza policial para impedir el futuro funcionamiento de esta instancia de participación autónoma del pueblo Rapa Nui.
Esto podría acarrear sanciones internacionales a Chile, país que fue duramente reprendido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) luego de la violenta represión contra los Rapa Nui perpetrada el primer año del Gobierno de Sebastián Piñera. En dicha ocasión la CIDH aplicó medidas cautelares contra Chile las que quedaron congeladas. De reiterarse hechos de represión injustificada, podrían reactivarse las cautelares contra Santiago y en protección de los Rapa Nui.
De todos modos, el Parlamento Rapa Nui confirmó el mismo 15 de agosto que continuará cobrando por el acceso a los sitios sagrados que mantienen ocupados.
Chile: país colonialista
En entrevista con Prensa Rapa Nui, Rinko Tuki declaró que la detención de Leviante Araki “es una demostración más del uso colonial que está haciendo el Estado chileno del Ministerio Público, que imputa un delito que no existe de ninguna manera como es el de estafa”.
Complementa: “todas las acciones que está llevando la Fiscalía se fundan en el supuesto que el Parlamento Rapa Nui estaría cometiendo una ‘estafa’ en forma colectiva al cobrar un pago voluntario por ingresar a sus sitios sagrados lo que es una aberración por donde se le mire”.
El abogado de diversas agrupaciones Rapa Nui, Jaime Tapia, expresa que “el Estado pretende resolver un conflicto del derecho internacional a través de las herramientas del derecho indígena”. En su parecer esa sería la causa del por qué “el conflicto se hace eterno”.
Se explica: “el derecho indígena no solucionará los conflictos del pueblo Rapa Nui sino que eso dependerá de aplicación de las normas del derecho positivo internacional y del Ius Cogens”.
Tapia afirma que Chile “se niega a reconocer que Rapa Nui es una colonia y lo es bajo los estándares de las resoluciones 1514 y 1541 de Naciones Unidas, relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales”.
Remata: “Más allá de la buena voluntad del Estado de Chile, la fuente del derecho del Pueblo Rapa Nui a su autodeterminación radica en una realidad geopolítica que tiene que ver con la distancia geográfica de la metrópolis -más de 4 mil kilómetros, aguas internacionales de por medio- y con el Estatuto jurídico especial que se aplica: Ley Pascua”.
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