Política de Drogas en Chile: ¿Más de lo mismo?

El viernes pasado culminó en Valdivia el I Seminario Internacional de Integración Social: Exclusión y Drogas, espacio que permitió vislumbrar los enfoques que se vienen en políticas de drogas por parte del gobierno.

Para el próximo año el gobierno chileno tiene que definir una nueva Estrategia Nacional Sobre Drogas. La última fue definida el año 2011 y sus objetivos insistieron en la guerra a las drogas y la reducción de la demanda por sustancias declaradas ilícitas.

Dichas estrategias son las matrices rectoras de las políticas gubernamentales sobre drogas y dan el marco de la política pública respecto del tema. Sus ejes centrales son la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del consumo de las sustancias prohibidas y el alcohol.

Su enfoque es esencialmente prohibicionista. En la Estrategia Nacional Sobre Drogas, definida el año 2003 y que fue contemporánea a la actual Ley 20.000, se señalaba que “el fenómeno de las drogas y las realidades asociadas a él, contienen un potencial desintegrador de la familia, de la convivencia social e incluso de las instituciones del Estado, lo cual nos obliga como país a enfrentarlo con firme y decidida voluntad”.

En la Estrategia del año 2011, producido bajo la dirección de Francisca Florenzano y la administración piñerista, se evidencia que las críticas al enfoque prohibicionista y la discusión que se empezó a hacer en Chile, propiciada por varios analistas, medios de comunicación y activistas, provocaron ciertos cambios discursivos, fundamentalmente referido a los énfasis, pero que siguen sustentando las políticas en un ideal normativo de ‘erradicación del consumo de drogas’. Para eso, en vez de definirse un combate directo a sustancias declaradas ilícitas como la marihuana o la cocaína, se colocó acento en metas que suponen la protección a escolares y seguir el combate directo a la pasta base. De tal forma se definió reducir en 15% el consumo anual de marihuana en población escolar, en 15% la prevalencia anual de consumo de pasta base y en 10% la prevalencia anual de uso de cocaína en población escolar. Metas parecidas también fueron puestas para reducir el consumo de alcohol.

Un funcionario del Senda que prefiere no decir su nombre comenta que “según lo que vemos al interior de la organización, la próxima estrategia no cambiará gran cosa. De hecho, la actual directora tuvo importante participación en la promulgación de la ley del tabaco y viene con ese ímpetu en lo referido a las políticas de drogas”.

El pulso ambiental al interior del Senda anuncia que nada nuevo se viene. A diferencia de la discusión iniciada en otros países de la región, como Uruguay y en Centroamérica, Chile porfiará en el prohibicionismo, no se mencionará nada sobre enfoques alternativos como la reducción del daño o la regularización del mercado ilícito de drogas. El rey seguirá paseando desnudo y, todo indica, que para el actual gobierno de la Nueva Mayoría y en las próximas décadas, la burocracia estatal seguirá insistiendo en la política fracasada de la guerra a las drogas.

¿MÁS DE LO MISMO?

Una de las medidas del anterior gobierno de Michelle Bachelet fue pasar al cannabis al Listado 1 de sustancias estupefacientes. Dicho listado está dividido en cuatro categorías de mayor a menor peligrosidad y la inclusión de la marihuana entre las más peligrosas no obedeció a ningún estudio científico sobre los efectos del cannabis, sino que contrariando toda la evidencia científica disponible. En su articulación fueron claves María Teresa Chadwick, quien durante todas las administraciones de la Concertación fue dueña de Conace y el psiquiatra Mariano Montenegro, quien demostró una aversión especial contra la marihuana.

La actual directora del Senda, la médico Lidia Amarales sostuvo en una entrevista que en la segunda administración de Bachelet se constituyeron mesas de trabajo para sacar el cannabis del Listado 1 y para revisar la Ley 20.000. También reconoció las incongruencias de la legislación. “Hay varios antecedentes, como que existe un aumento significativo de detenciones por el delito de drogas en los últimos años, pero en su mayoría por consumo personal y porte. No por tráfico y microtráfico, que es lo que debemos combatir. En segundo lugar, la Ley de Drogas presenta una incongruencia que hay que corregir. Por un lado, permite el consumo personal en un lugar privado y su uso terapéutico, pero sanciona todo acto previo; es decir, donde la persona puede conseguir la Cannabis sativa. Porque el autocultivo también está condenado”- sostuvo.

Amarales es Magíster en Salud Pública y es especializada en Pediatría y Enfermedades Respiratorias Infantiles. Su carrera política la inició como Seremi de Salud en Magallanes y llegó a ser subsecretaria de Salud Pública entre 2006 y 2008, durante el primer gobierno de Bachelet. En ese cargo prestó especial atención a la Nueva Ley del Tabaco, promulgada en la administración posterior, el año 2013.

En una entrevista con CNN, Amarales dijo que «el uso de marihuana es dañino para nuestra juventud».

ESTIGMATIZACIÓN DE LOS USUARIOS Y LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

El encuentro de Valdivia tuvo como principales expositores a Hugo Cohen (Argentina), Alfonso Ramírez de Arellano (España), Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (Brasil) y Telmo Mota Ronzani (Brasil). Además, se presentaron trabajos de Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina y España.

La actividad organizada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), la Universidad Austral de Chile y la Fundación Tierra de Esperanza, que gestiona comunidades terapéuticas, fue escenario de experiencias en rehabilitación de varios países latinoamericanos y de discusión crítica de las actuales políticas.

Telmo Mota Ronzani, psicólogo y doctorado en Ciencias de la Salud, abordó el tema del estigma en relación a los usuarios de drogas. Ronzani coordina el Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Drogas (CREPEIA) de la Universidad Federal de Juiz de Fora y es especialista en salud colectiva, atención primaria de salud y alcohol y drogas.

En su presentación se refirió a los esquemas mentales que simplifican el entendimiento cognitivo, sobre todo de los profesionales que atienden a usuarios de drogas. Presentó además una investigación hecha en Brasil en 2011 respecto a la moralización de los profesionales de la salud respecto de las drogas, en la que se constató altos índices de prejuicios formadores de estigma a la hora de enfrentarse a pacientes usuarios de drogas.

La jornada final también contó con la ponencia de Pedro Gastalho de Bicalho, psicólogo y docente del postdoctorado del Instituto de Psicologia de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), quien abordó la relación entre políticas de drogas, la exclusión y los derechos humanos.

De Bicalho mostró evidencia de la segregación que producen las políticas de drogas en Brasil. Destacó que dicho país tiene la tercera mayor población penal del mundo, de la cual un 40% de las personas están presas por delitos de drogas. Si un 12% de las personas privadas de libertad son mujeres, en condenas por delitos asociados a drogas prohibidas, la cifra asciende a un 85%.

También llamó la atención en las comunidades terapéuticas (instituciones de recogimiento), las que son financiadas por fondos públicos y están autorizadas a internamiento forzado de personas declaradas adictas. En Brasil dichas comunidades son gestionadas en gran parte por iglesias evangélicas, las que a su vez en las últimas elecciones han ido ampliando su bancada en el Congreso. En dicho espacio de discusión legislativa, la bancada protestante es la más férrea defensora de la guerra a las drogas y la negación de revisar dichas políticas.

De Bicalho terminó su ponencia destacando que la guerra a las drogas ha dejado más muertos que el uso de drogas en si. Citando al escritor mozambiqueño Mia Couto, les dijo que “hay quien tiene miedo que el miedo acabe”.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

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