Políticas de drogas: Hablan los jueces, es hora de terminar con la prohibición

La piedra de tope del sistema penal han sido los magistrados quienes, por décadas, han visto cómo personas sin ningún lazo delictivo desfilan ante sus estrados por portar drogas declaradas ilícitas. Un juez argentino y otra brasileña dan los argumentos que los convencieron de que las leyes de droga son injustas, ineficaces y provocan graves daños sociales.

A pasos lentos avanzan los cambios a las leyes de drogas en Latinoamérica. De a poco, desde diferentes sectores sociales, se cuestionan las leyes prohibicionistas que han convertido al tráfico de drogas ilícitas en el tercer mayor negocio del mundo -el primero son las armas y el segundo la trata de personas-. Las drogas prohibidas son peligrosas, pero no por ser drogas, sino por estar prohibidas.

Quienes por décadas han visto desfilar ante sus estrados a jóvenes por llevar un caño de cannabis en el bolsillo o un papelillo de cocaína, y se han limitado a aplicar las leyes prohibicionistas, comienzan a cuestionar dicha legislación.

Los magistrados de Argentina y Brasil son los primeros que han levantado la voz de alerta. En Argentina, la Corte Suprema llegó a declarar inconstitucional la punición de la tenencia para consumo, establecida en la legislación trasandina, cuando no pone en peligro ningún bien jurídico ajeno al consumidor. Y en Brasil, ya son más las voces que apuestan a que para terminar el narcotráfico y la violencia hay que despenalizar las drogas.

DERECHO PENAL Y SALUD

En una declaración suscrita por los magistrados argentinos en febrero de 2009, se señala que desde 1926, fecha de la primera ley de drogas trasandina, “la sanción penal se direccionó hacia los consumidores y particularmente a los últimos eslabones de la cadena de comercialización. No hubo, en proporción, la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial”.

El juez, integrante de la Corte Suprema de Argentina, Raúl Zaffaroni (en la foto), agrega que “todo el planteo punitivo sobre los tóxicos es aberrante desde el punto de vista criminológico. Nadie puede resolver un problema de salud mental con el derecho penal, nunca se resolvió y nunca se resolverá”.

María Luisa Karam, quien se desempeñó como jueza en Río de Janeiro en la década de los ‘80 y hoy integra Leap (Law Enforcement Against Prohibition), organización internacional que agrupa a jueces y policías convencidos en el cambio de las leyes de drogas, agrega que “además de tener unas leyes de drogas ineficaces, las políticas antidrogas representadas por esas leyes causan riesgos, daños y sufrimientos que deben concluir”.

EL COSTO DE LA CEGUERA

En diferentes países, desde hace pocos años han ocurrido reformas, las que según un análisis de ‘Intercambios‘, organización argentina dedicada a la pesquisa en materia de drogas, presentan un denominador común: Descriminalización del consumidor de drogas, proporcionalidad de las penas para los pequeños traficantes y políticas de reducción de daños para acercar a quienes no presentan adicción a las drogas al sistema de salud.

A la par que ocurren estos cambios, los datos que miden la persecución al narcotráfico, porfiadamente dicen lo mismo que hace una década: Pese al dinero dispuesto, la cantidad de policías contratados y los daños colaterales causados al medio ambiente, comunidades indígenas y al tejido social, el objetivo de reducir la producción de drogas en América Latina no logró su meta.

La estrategia de guerra a las drogas y los carteles que han lucrado con el negocio ilícito desde el 2006 han cobrado la vida de más de 30 mil personas. En Colombia se cultiva el 30 por ciento del total de cocaína producida en el mundo, cifra que alcanza a las 410 toneladas, según cálculos de la ONU. “En Bolivia, Perú y Colombia, los tres países que en su conjunto producen la totalidad de la cocaína mundial, no lograron en diez años reducir las hectáreas cultivadas, pero sí llegar a dos millones de refugiados, campesinos encarcelados y fumigaciones que denigraron el medioambiente” -reporta el informe de ‘Intercambios’.

EL REY DESNUDO EN ARGENTINA

Al igual que el cuento del traje del emperador, tuvieron que pasar años para que alguien dijera la dura realidad del uso del sistema penal en materia de drogas. La bola de nieve partió con el fallo de un juez de Rosario, el año 2006, sobre un caso de cinco jóvenes detenidos por portar cannabis, que decía que el uso de drogas no afecta a terceros y la criminalización del porte y consumo de drogas genera más daño.

La bola rodó y tuvo un punto capital cuando en agosto de 2009 la Corte Suprema trasandina se sumó al fallo e instó al Ejecutivo y al Parlamento a reformar las leyes de drogas.

El texto de los magistrados declaró que el artículo 14 de la Ley 23.737 “debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que invade la esfera de la libertad personal”. El texto “declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

Ya el 2007, el Ministerio del Interior argentino creó un Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, el que revisó los efectos de la legislación punitiva y entregó un lapidario informe que recomienda asumir un nuevo enfoque en política de drogas basado en no criminalizar a los usuarios y centrar la política de drogas en la prevención, la asistencia médica y el combate al narcotráfico. En el texto se señala que es hora de “centrarse en las personas y dejar de lado la utopía de sacar las drogas de circulación”.

Zaffaroni describe que hasta ese momento la punición del consumo de drogas generó que “miles de consumidores, que ni siquiera son adictos, fuesen procesados. Un papeleo que casi nunca terminaba en condena y que desviaba esfuerzos de la tarea de perseguir el tráfico”. Agrega que llegaban ante los jueces “pequeños vendedores o auxiliares menores. Casi nunca empresarios del tráfico”.

El juez aún recuerda un caso que lo conmovió y que lo hizo cuestionar todavía más la aplicación del derecho penal: “Hace años hubo un motín en la cárcel de Villa Devoto, que dejó un joven muerto entre más de cien. Era un simple consumidor y recibió la pena de muerte por consumir una droga”.

Lo que más llama la atención para los analistas del derecho es que sólo en el caso de las legislaciones sobre drogas la víctima es a la vez victimario. A juicio de Zaffaroni resulta “elemental que no puede haber un delito si no hay un daño o un peligro cercano de daño. Por cierto que esto lo están olvidando los legisladores en muchas materias: Inventan peligros todos los días y así se produce una regresión a tiempos en que se confundía pecado y delito”.

Estadísticas de los tribunales argentinos de 2009 daban cuenta que de las 27.186 causas, 12.801 son por la ley de drogas, siendo la mayoría de estas por casos de tenencia para consumo personal. En el 2006, según informó Página 12, un promedio de 35 personas al día sufrieron contratiempos legales por la posesión de algún tipo de droga. De todos ellos, sólo 204 fueron juzgados y hubo apenas tres sentencias condenatorias.

En Chile, durante el 2010, de las 74.945 detenciones por infracción a la ley de drogas, un 64,7% fue por porte y un 11,8% por consumo. O sea, un 76,5% de los detenidos son consumidores frente al 19,4% de aprehendidos que es por tráfico. Al momento de presentar las cifras, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que “hoy día hay más chilenos que infringen la ley de drogas que los hemos hecho pagar sus cuentas pendientes con la Justicia. Y eso es una buena noticia para toda nuestra sociedad, para toda nuestra comunidad”.

A diferencia del planteamiento de Hinzpeter, para juristas, jueces y analistas, seguir con el actual enfoque represivo no sólo es inútil, sino que hace perder tiempo y dinero al sistema penal.

AVANCES Y RETROCESOS EN BRASIL

A poco más de una semana de estrenarse en el puesto de director de la Secretaría Nacional de Drogas brasileña (Senad), el joven abogado Pedro Abramovay, debió renunciar. Su pecado fue llamar a poner freno a la irracional explosión carcelaria producida por la Ley de Drogas de 2006, que ha llevado a la cárcel a 40 mil personas en cuatro años.

Abramovay, quien se desempeñó antes como secretario nacional de Justicia y Asuntos Legislativos durante el gobierno de Lula, era la esperanza para el cambio de paradigma anhelado en la materia, del gobierno de Dilma Rousseff.

Karam (en la foto) recuerda que cuando era jueza fue “percibiendo que la ilegítima criminalización de la posesión de drogas para uso personal no era el único y principal problema causado por la prohibición. El sistema penal se volvía hacia una represión cada vez más violenta sobre el comercio de estas sustancias, tanto en Brasil como en otros países con una expansión del poder punitivo, con la adopción del paradigma bélico inspirado por la política de la ‘guerra a las drogas’, con el aumento del número de procesados y condenados por la puesta en práctica de la criminalización del comercio y producción”.

En Brasil, la ley de drogas es más dura que en otros países de la región y portar sustancias declaradas ilícitas es considerado un crimen. Sólo en la última legislación de 2006 se distinguió entre el usuario y el traficante, lo que permite que se concedan penas alternativas a la prisión a quienes sean sorprendidos portando o consumiendo.

En los últimos cuatro años, de las 70 mil personas encarceladas en Brasil, 40 mil fueron por microtráfico, la mayoría procesadas bajo la ley de 2006. Esta provocó, según destaca el mismo Abramovay, una explosión carcelaria. Si en 2006, en Brasil había cerca de 60 mil personas presas por crímenes relacionados con drogas; hoy son 100 mil.

“Estamos capturando personas que no tienen vínculo con el crimen organizado, metiéndolas a la cárcel y después de un año, ya ligadas al crimen organizado, devolviéndolas a la sociedad. Tenemos que hacer una elección: ¿Vamos a disputar el pequeño traficante para reintegrarlo a la sociedad o vamos a desistir de él y a entregárselo a estas organizaciones?” -reflexionó Abramovay ante el diario O’Globo. Su reflexión le costó el puesto.

Un estudio presentado por el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores -el de Lula-, Paulo Teixeira, analiza 391 sentencias entre 2006 y 2008 por infracciones a la ley de drogas Nº 11.349 y concluye que el 56% de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84% no llevaba armas; el 60,8% estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva; y el 50% de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos.

Otro estudio reciente, del Ministerio de Justicia del Brasil, reveló que en el 70% de los casos de fallos condenatorios en drogas se penaliza como narcotraficantes a jóvenes pobres sin vinculación con el crimen organizado.

EL HILO DELGADO DEL TRAJE

Karam hace notar que “como todas las leyes penales, las leyes criminalizadoras de conductas relacionadas con drogas se vuelven especialmente contra los pobres, los marginados y los desprovistos de poder”.

Para esto cita estadísticas que dan cuenta de que Brasil tiene hoy la cuarta mayor población carcelaria del mundo: Conforme a los datos del Ministerio de Justicia, son 494.237 presos, que equivalen a 253 por cada cien mil habitantes. De esos, uno de cada cinco es acusado o condenado por tráfico de drogas. Desde fines de 2005 a fines del 2009, hubo un aumento de 61% en el número de presos. Si se considera solo a los presos por tráfico, el aumento sobrepasa el 177%.

Para tener una idea de la condición social de los presos brasileños, basta notar que cerca del 60% ni siquiera concluyó la enseñanza básica.

Karam observa que “no siempre el uso de drogas es un problema. Sustancias psicoactivas han sido usadas desde los orígenes de la historia de la humanidad, muchas veces de forma moderada, controlada y sin conllevar riesgos. Lo que causa problemas es el uso excesivo y descontrolado, así como el uso precoz por parte de niños y adolescentes, y este problema es aumentado por las leyes criminalizadoras, ya que la ilegalidad impide cualquier control sobre ese supuestamente indeseable mercado”.

La ex magistrada agrega que bajo la actual legislación “son los agentes criminalizados quienes deciden cuáles drogas serán ofrecidas, cuál será su potencial tóxico, con qué sustancias serán mezcladas, cuál será su precio, a quién y dónde serán vendidas”.

Zaffaroni opina que el resultado de un siglo de prohibición es evidente: “Empresas mafiosas formidables, más muertos por balas que por sobredosis, chicos usando porquerías que los matan y que circulan sin ningún control, economías complementarias internacionales, concentración de capital y tecnología en las empresas criminales más fuertes, ampliación del consumo, etcétera. Un desastre con muchísimos muertos”.

Además, el juez argentino sostiene que las leyes de droga “permiten que la policía se meta en la vida privada de toda la gente, crea fuentes de extorsión policial, facilitan la corrupción, permiten la organización de mafias, en una palabra: Los mismos efectos de la ‘ley seca’ de los años veinte del siglo pasado, sólo que internacionalizados y en mucha mayor medida y con mucha mayor tecnología”.

Para terminar con esto, Karam propone “terminar con las leyes criminalizadoras, poner fin a la prohibición y legalizar la producción y el consumo de todas las drogas. Esto es necesario para proteger la salud, para que efectivamente las personas tengan mayores posibilidades al momento de querer usar tales sustancias y lo hagan de forma menos arriesgada y más saludable”.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano Nº99, primera quincena abril 2011

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