La policía comunitaria de Guerrero representa una de las experiencias de mayor trascendencia de las “autonomías de hecho” que se desarrollan en los intersticios de los marcos jurídicos y en contraposición a la traición del Estado mexicano a los acuerdos de San Andrés.
Aunque la policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazan toda confrontación con las autoridades estatales y federales, tampoco se someten a las exigencias y presiones del Estado. Se han dado intentos, por ejemplo, por sustraer el carácter comunitario de la policía, pero las comunidades se rehúsan a su incorporación a las estructuras viciadas de los cuerpos policíacos estatales y municipales. Por ello, desde los aparatos judiciales, militares y policíacos se ejerce una persecución y criminalización de sus integrantes.
Existe una asociación estructural y directa entre la violencia criminal y el sistema policial y judicial. Esto lo aprendieron bien los integrantes de la policía comunitaria que detenían a los delincuentes y más tardaban en entregarlos al Ministerio Público que observabar atónitos su salida por la puerta trasera de la asociación delictuosa entre autoridades y crimen organizado. Ante esta descomposición de las autoridades, las comunidades indígenas se organizan para crear sus propios mecanismos de seguridad y justicia.
Los pueblos de la Costa-Montaña de Guerrero, en el fortalecimiento de sus procesos autonómicos también incursionan en proyectos comunales en los campos educativos, económicos y culturales, ya que hay conciencia de la necesidad de una perspectiva integral de las autonomías, ante el riesgo de que si existen carencias en uno de esos campos, es posible que el Estado, las corporaciones, los poderes establecidos, lesionen desde dentro las experiencias autonómicas.
Así, la CRAC otorga una gran importancia a la educación, a la preparación de los especialistas que las autonomías requieren. Se ha llevado a cabo una lucha, por ejemplo, para que ciertas instituciones educativas queden en el “territorio comunitario”: fruto de este esfuerzo es que la Universidad Pedagógica Nacional tenga una sede en Santa Cruz del Rincón. También, tenemos a la recién instaurada Universidad de los Pueblos del Sur, que tiene uno de sus locales en la misma comunidad. Ésta no recibe apoyos del gobierno sino nace por iniciativa de los mismos pueblos, en contraposición a la gubernamental Universidad Intercultural Indígena de Guerrero.
Por experimentar estos procesos autonómicos la amenaza permanente del Estado, los pueblos buscan el diálogo y la negociación con las autoridades, pero siempre conservando intacta la base fundamental de las autonomías: que la decisión final la tomen las comunidades y no un grupo, en este caso, los comandantes de la policía comunitaria o los integrantes de la CRAC. Cabe destacar que todos los integrantes de esta coordinadora son elegidos y revocados en las asambleas. Si uno de estos miembros viola la ley de la comunidad, se le impone una pena mayor. Por ejemplo, si un policía comunitario hace uso de las armas no estando en una misión de su organismo, va a ser reconvenido más enérgicamente que un delincuente común.
Asimismo, en esta experiencia autonómica guerrerense se da una ruptura con las ideas que el Estado capitalista mantiene sobre la reeducación de los reos. Es un rompimiento que parte incluso del término que se utiliza para los delitos a los que se consideran como “faltas y errores”. Con estas perspectivas, la CRAC no sólo ha logrado disminuir la incidencia del delito en 95 %, sino ha dado a las personas que han delinquido una oportunidad que no hay en el sistema carcelario nacional, en el que la prisión es considerada una “escuela del crimen”.
El reo trabaja en libertad en las comunidades, incluso en el seno de las familias afectadas por él, con el propósito de reparar el daño, mientras que por las noches permanece encerrado. El sistema carcelario propiamente desaparece, porque se ha comprendido que la permanencia entre muros es el peor principio de la reeducación. En este sentido, la experiencia comunitaria de Guerrero es paradigmática.
Sin embargo, los procesos autonómicos son dinámicos. En cada caso se transitan caminos inéditos. En primer lugar se conforma el sujeto autonómico: núcleos político-organizativos conscientes de la necesidad de transformar las instituciones y tradiciones que no son liberadoras sino contrarias al afianzamiento del sentido colectivo de las comunidades y, en consecuencia, opuestas al desarrollo de las autonomías.
Estas prácticas autonómicas de cambios permanentes contradicen a los críticos de las autonomías que, influidos por concepciones eurocéntricas, pretenden ver a los pueblos indígenas como un reservorio del pasado, interpretando sus autonomías como tribalismos, formas esclavizantes que atentan contra los derechos de mujeres y niños, por ejemplo.
No se toma en cuenta que las autonomías son procesos que han venido incorporando acciones trascendentes como la Ley Revolucionaria de las Mujeres, la cual ha estimulado su participación en los gobiernos autónomos zapatistas. Existe conciencia de que muchas instituciones indígenas perduraron por mucho tiempo por el caciquismo y el control político de las comunidades que mantenía el sistema de partido de Estado, y que ahora son consideradas lastres para el ejercicio democrático de las autonomías.
La policía comunitaria y la CRAC son producto de una lucha ideológica en el seno de las comunidades y, por lo que se observa, tras 12 años de experiencia, va a prevalecer en Guerrero una visión liberadora de las autonomías.
Por Gilberto López y Rivas
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