Un conjunto de organizaciones sociales presentaron su preocupación ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza policial en el contexto de las manifestaciones sociales. Luego de documentar y recabar gran cantidad de datos respecto a faltas a la integridad física y sicológica de la ciudadanía, este 28 de octubre se presentará a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) los abusos de la fuerza policial en Chile.
En el contexto de la campaña Alto Ahí, Basta de Violencia Policial, representantes de organismos sociales preocupados por la preservación de los derechos humanos, expusieron información en Amnistía Internacional, respecto al maltrato policial y la falta legales a derechos constitucionales.
Los Observadores de Derechos Humanos, han estado presentes en la mayoría de las manifestaciones sociales ocurridas desde agosto a la fecha. Su labor ha sido constatar empíricamente la preservación o violación de los derechos humanos durante las marchas.
Marta Cisternas, coordinadora del organismo, comentó que durante los meses en terreno han comprobado el uso de armas de fuego, uso de balines, atropellamiento de personas con motos policiales, lanzamiento de bombas lacrimógenas desde helicópteros, ataques de perros policiales, vejaciones arbitrarias en forma sistemática sobre todo a menores de edad, maltrato físico y sexual a escolares, quienes han sido manoseadas y golpeadas en sus pechos y vaginas. “Nadie puede decir que estos son elementos disuasivos; cualquier policía del mundo puede decir que no ocupa estos elementos”, aseveró Cisternas.
Hay denuncias de que tras desalojos en los colegios Cardenal Raúl Silva Henríquez de Puente Alto y San José de la misma comuna, han hecho desnudarse a menores de edad.
Estas experiencias de tortura se han ido “sistematizando, legitimizado y banalizado”, criticó el trabajador social José Manuel Guzmán de Cintras (Centro de Salud Mental y Derechos Humanos), quien piensa que la justificación para ello es la estigmatización que se crea hacia los jóvenes, partiendo desde las autoridades, como lo hizo el senador Carlos Larraín (RN) cuando trató a los manifestantes de ‘inútiles subversivos’.
Guzmán ha evaluado a niños maltratados en las calles y en las tomas. “Ellos presentan un estrés post traumático cognitivo emocional y racional, donde experimentan vergüenza, vulnerabilidad, desprotección y rabia, mientras que sus padres asumen un sentimiento de culpa. Sin embargo, tienen la capacidad de ´sacudirse´ y seguir con sus ideales”.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep) argumentó que en esta estigmatización juegan un rol fundamental los medios de comunicación. Se produce “terrorismo” cuando se muestran en los medios los carabineros heridos, cuando se habla de los “ultras”, cuando dicen que los estudiantes tienen “secuestrados” a los colegios y no se informa de la cultura, la alegría y diversidad de los escolares. “Se utilizan para entregar miedo e inseguridad a la gente”, dijo Lira.
El abogado de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), Pablo Villar, aclaró que los victimarios, en este caso, no son sólo los carabineros, sino que también las instituciones y organismo estatales que responden por ellos. Por ejemplo, las municipales en el caso de los desalojos a la toma de colegios y la toma de terrenos para viviendas sociales.
Quienes realizan en la práctica los maltratos a manifestantes caen en la misma lógica de quienes se encapuchan, piensa Villar. “Carabineros no usa nombre y número de placa, así son personas encapuchadas vestidas de verde, con armamento en las calles. No se pueden identificar, por lo que son prácticamente terroristas”, afirmó el abogado.
Nicolás Facuse, de la Asesoría Ciudadana, constató que las agresiones se producen en su gran mayoría en el traslado entre el lugar de donde se detiene a la persona y la comisaria.
Durante el contexto de las manifestaciones “no hay una reacción enérgica por parte del Gobierno para solucionar las violaciones a los derechos humanos. Lo que le corresponde es investigar y no tenemos información respecto a ello”, cuestionó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile, Ana Piquer. Mediante la Ley de Transparencia solicitaron datos respecto al protocolo utilizado para investigar dichas denuncias. Sin embargo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha derivado “reiteradamente estas solicitudes a Carabineros de Chile, indicando que el Ministerio sólo tiene competencia respecto de asuntos y procesos administrativos”.
VIOLACIÓN AL DERECHO DE REUNION PÚBLICA
Tras el anuncio del proyecto de ley de Resguardo del Orden Público que criminalizaría las manifestaciones sociales, se ha abierto un debate acerca de las políticas gubernamentales respecto a la libertad de expresión y reunión pública. Sin embargo, esta no es la primera legislación que vulnera estos derechos constitucionales.
Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, aseveró que la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado “perpetúan las diferencias de clases criminalizando la protesta social”. Tomando en cuenta que la protesta en muchas ocasiones es el único medio que permite visibilizar demandas de grupos sociales.
Según la opinión internacional, la manifestación ciudadana debe ser espontánea y sin permiso previo. El decreto supremo1086, que se promulgó en 1983, en los inicios de movilizaciones políticas durante la Dictadura, prohíbe las manifestaciones sociales. Poniendo las limitaciones de los permisos previos.
Nicolás Facuse tilda de ridículas las limitaciones de esta ley, “en teoría para celebrar el triunfo de un partido de Chile tenemos que pedir permiso a la Intendencia, en dicha instancia existe la facultad de reprimir. Además es irrisorio pedir permiso a la autoridad para manifestarme en contra de ella misma”.
Otro resquicio judicial es el de la justicia militar, en donde las mismas fuerzas armadas se fiscalizan a ellos mismos. Por ejemplo, casos de delitos contra civiles por parte de carabineros, como la muerte de Manuel Gutiérrez, es jurisdicción de los tribunales militares. Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano comentó que la modificación a la Ley de justicia militar es una “deuda que tiene el Estado desde que vuelve la democracia”. Sólo se modificó cuando comuneros mapuches estuvieron 80 días en huelga de hambre. Allí se eliminó a los civiles como imputados.
INSTANCIA INTERNACIONAL
El viernes 28 de octubre a las tres de la tarde -horario nacional-, se realizará la presentación de todos los hechos mencionados anteriormente, en la sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Nicolás Facuse, de la Asesoría Ciudadana, organismo que envió la carta de denuncia a la CIDH, dijo que esta es una oportunidad histórica para que el Estado ratifique su compromiso con los derechos humanos. La carta fue emitida el 5 de agosto y al día siguiente, la CIDH emitió un comunicado de prensa llamándole la atención a Chile, recordándole los tratados internacionales a los que está adscrito.
Facuse logró acceder a la respuesta del Estado a través de la Ley de Transparencia. Y cataloga el argumento de “lamentable”. Entre las justificaciones estaba la económica, que decía que “es necesario limitar y detener las manifestaciones por el gasto que significan para el país”.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) elaboró un informe sobre los hechos de violencia que han afectado a los estudiantes durante las movilizaciones estudiantiles que se han realizado en el último tiempo. Dicho informe fue presentado hoy, 21 de octubre a los dirigentes estudiantiles Camila Vallejo y Francisco Figueroa. Los universitarios se vieron interesados en este documento para poder utilizarlo en instancias internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y así realizar un trabajo permanente con ellas.
Por Estefani Carrasco Rivera
El Ciudadano
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