Presentan dos querellas criminales contra salmoneras, Bachelet y otros funcionarios públicos por «daño ambiental»

El pescador artesanal y Lonko del pueblo mapuche huilliche, Cristian Alberto Chiguay Mansilla, presentó el miércoles 4 de mayo dos querellas criminales por el delito de «daño medioambiental» por el vertimiento de salmones muertos ocurrido frente a las costas de Chiloé.

Patrocinadas por la abogada Orietta Llauca Huala, la primera de estas acciones fue presentada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y va dirigida en contra de Torben Petersen, representante legal de las empresas Aqua Chile y Aguas Claras; de José Ureta Rojas, representante legal de Granja Marina Tornagaleones; de Gastón Cortés Quezada, representante legal de Trusal; de Pablo Mazo Traversi, representante legal de la empresa Productos del Mar Ventisqueros; de Ricardo Misraji Veizer como representante legal de Australis Mar; y en contra todos aquellos que resultaren responsables.

Estas fueron las empresas autorizadas a fines de febrero por la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) de la Armada de Chile, a verter al mar hasta 9 mil toneladas de mortalidad de salmones, producidas «por presencia de bloom de algas o floración de algas nocivas ‘FAN'», según informó Sernapesca.

«Los querellados, con el fin de evitarse un detrimento en su patrimonio empresarial, han obtenido maliciosamente la dictación de estas resoluciones que autorizan el vertimiento de la mortandad de peces o pescados al mar», señala la acusación, lo que «ha causado un grave daño ambiental». Esto, se agrega, «fue advertido a la autoridad en su oportunidad y mucho antes de que se proceda a concretar el vertimiento, lo que fue omitido e ignorado por los servicios involucrados».

La presentación expone los daños medioambientales que habría generado esto, identificando los siguientes: «La mortandad de aves a orillas o riberas del mar en la Isla de Chiloé, los que se presume fundadamente que por consumir parte de la mortandad vertida en el mar, murieron; la mortalidad de la especie crustáceos o moluscos, por ejemplo cholgas, picorocos, choros, navajuelas, machas, entre otras especies, todas nativas; el varamiento de ballenas en las costas de Chiloé; el varamiento de medusas en las costas de Puerto Montt; mortalidad masiva de sardinas en la Isla de Chiloé; y la alteración grave de la manifestación normal del fenómeno natural denominado la ‘marea roja'».

Sobre este último punto se argumenta que -en caso de que esté ocurriendo- «tal fenómeno nunca en su historia había causado la muerte de las especies marinas, lo que es una clara señal de que se ha causado una alteración ambiental que causa detrimentos perniciosos a la vida nativa submarina, afectando con ello (…) la vida de los que viven del mar, entiéndase los pescadores artesanales, los pueblos indígenas y todos los ciudadanos de las comunas hoy afectadas».

A juicio de los querellantes, la conducta dolosa se configuraría al momento de arrojar al mar una masa de mortalidad «sabiendo de que lo que se estaba vertiendo era, literalmente, veneno, conociéndose claramente sus consecuencia, puesto que por la naturaleza de sus negocios, no podían menos que saber los querellados las consecuencias obvias de este vertimiento (…) una masa de mortandad llena de medicamentos y venenos».

Junto a esto se menciona en contra de los querellados «la omisión de ejecutar estudios que resultaban del todo necesarios» y que «los ejecutivos de las empresas denunciadas están renunciando a sus cargos».

Finalmente, se solicita al Ministerio Público la realización de una serie de diligencias, entre ellas que se cite a declarar a todos los querellados ante la PDI, se oficie a la Gobernación Marítima de Puerto Montt para que remita los informes elevados por las empresas que vertieron mortalidades en el mar, se requise toda la información existente en poder de las empresas a fin de evitar su destrucción y que se tome declaración a Enrique Vargas Guerra de la autoridad marítima de Valparaíso y a Edward Kleverland de la OMI.

Bachelet y otros funcionarios públicos

Una segunda querella por daño medioambiental fue presentada por el Lonko Cristian Chiguay en contra de una serie de funcionarios públicos, encabezados por la presidenta Michelle Bachelet, esta última -señala el requerimiento- en su «calidad de autor material de los ilícitos por comisión por omisión». Le siguen Alfredo Wendt, Director del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos; el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico; el Director Nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos; el Director de Directemar, Osvaldo Schwarzenberg; y el Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo De La Prida, entre varios otros representantes públicos y encargados de servicios vinculados al área de la pesca, los que en total suman 15 personas.

Raúl Súnico, subsecretario de Pesca

«Todos y cada uno de los querellados en el ejercicio de sus funciones, inobservantemente, procedieron a facilitar todos y cada uno de los medios para que estos actos delictuales se lleven a cabo», señala la querella.

El escrito destaca «la omisión de ejecutar estudios que resultaban del todo necesarios» para ordenar el cuestionado vertimiento, «lo que evidencia la liviandad y mala fe de los funcionarios públicos que han intervenido». Junto con ello se menciona «la omisión de antecedentes a los tribunales de justicia» de los querellados, así como «falsedades, alteraciones de la verdad y ocultación de material, en pro de sus intereses particulares, con el fin de no ser enjuiciados por las conductas delictuales que ejecutaron y que pretendía revestir de legalidad sin tenerla».

Por último, se indica que existió «despreocupación de los querellados, relativas a investigar el destino de las 19.000 toneladas faltantes, a realizar estudios de impacto ambiental e implementar mecanismos paleatorios del daño producido». «Han encubierto sus crímenes, intentando hacer creer al común de las personas que todo está bien y que la culpable se llama naturaleza, principalmente inculpando al fenómeno del niño», se agrega.

Tal como en la primera querella, en esta se solicita igualmente que los funcionarios mencionados sean citados a declarar.

Daniel Labbé Yáñez