Presentan informe sobre situación de Derechos Humanos de las personas con discapacidad mental en Chile

Según el informe, “existen alrededor de 350.000 personas con discapacidad mental en Chile, las cuales están expuestas a situaciones de discriminación y exclusión social, constituyendo un problema social de importancia mayor que el Estado no ha abordado adecuadamente aún. Pese a los importantes avances logrados con el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del año 2000, Chile no ha logrado instalar de modo suficiente un modelo de atención de salud mental comunitario, respetuoso de los derechos y que pueda apoyar a las personas con discapacidad mental en sus procesos de inclusión social. El bajo presupuesto destinado a salud mental (menor al promedio de países de similares ingresos) es el principal factor contribuyente de las insuficiencias observadas en cobertura, calidad de atención y equidad”.

El panorama anteriormente descrito se vuelve mas desolador al advertir que Chile, a pesar de haber ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008, a través de su Congreso y su presidenta, aún mantenga viejas leyes y promulgue nuevas que se contraponen con dicho tratado internacional.

Es así como la Ley 18.600 del año 1987, que “Establece Normas sobre los Deficientes Mentales”, permite un proceso abreviado de privación de capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental sin debido proceso, además de permitir la contratación de ellas en empleos con una remuneración inferior al sueldo mínimo, en franca contradicción con los derechos garantizados en la Convención de la ONU. A su vez la Ley 20.584 del año 2012, que “Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones Vinculadas a su Atención en Salud”, no contempla la creación de una autoridad independiente del sector salud que autorice y supervise la privación de libertad que implican las hospitalizaciones involuntarias, organismo imprescindible de acuerdo a la OMS para que se garantice el derecho a la libertad de las personas con discapacidad que establece la Convención de la ONU.

El abandono y discriminación de las personas con discapacidad mental se relaciona también con la insuficiente voluntad que han mostrado nuestras autoridades nacionales para implementar políticas lo suficientemente robustas como para cambiar las actuales circunstancias. Chile está en deuda con las personas con discapacidad mental y también está en deuda con el tratado internacional que comprometió el 2008 frente a la ONU. Es urgente que nuestro país desarrolle iniciativas para promover, proteger y respetar los derechos de estas personas, no sólo proporcionando servicios específicos, sino que también adoptando las medidas para cambiar actitudes y comportamientos que las estigmatizan y marginan.

Para este efecto, se requieren transformaciones en las políticas, leyes y normativas junto con acciones orientadas a promover el reconocimiento y ejercicio de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad mental, en el marco del Estado y la sociedad civil, considerando que los cambios en el campo jurídico deben inscribirse a su vez en la construcción social de una “cultura de derechos” cuyo centro debe ser la inclusión social de las personas con discapacidad mental.

La mayoría de las modificaciones de la legislación que se requieren para que Chile cumpla con su compromiso con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de garantizar en plenitud los derechos de las personas con discapacidad mental podrían incluirse en una Ley de Salud Mental, tal como las que han promulgado varios países latinoamericanos.

Sin embargo, ninguna ley debe hacerse a espaldas de los ciudadanos. La salud mental y los derechos humanos no representan un tema exclusivo de profesionales y especialistas, es necesario abrir la temática a un debate público, a una discusión participativa, donde las personas con discapacidad mental puedan tomar la palabra y alzar la voz. Los invitamos a hacerse parte de este movimiento, a emprender un camino colectivo hacia la justicia social, en la construcción de una sociedad de derechos para todo/as.

El Ciudadano
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