La mañana de este lunes la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, acompañada del diputado Hugo Gutiérrez (PC) y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago una querella en contra de Lucía Hiriart, bajo los delitos de malversación de caudales públicos, distracción y apropiación indebida de dineros, en el marco del Caso Cema Chile.
El requerimiento se presenta luego de que la semana pasada se conocieran nuevos antecedentes que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se revela que la Fundación Cema Chile realizó aportes a la presidenta de dicha institución de beneficencia, Lucía Hiriart, para solventar los gastos relacionados con la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998.
El abogado querellante de esta causa, Yuri Vásquez, explicó que los delitos por los que se busca perseguir a Hiriart tienen su inicio de consumación desde que la esposa del dictador es nombrada presidenta de Cema. «Todos sabemos que a partir de las distintas investigaciones del Caso Riggs, o investigaciones periodísticas, se han llevado adelante entregas a título gratuito, de distintos inmuebles pertenecientes al fisco, los cuales han sido enajenados, generando un lucro indebido para la fundación en un principio, y posteriormente para la propia familia Pinochet Hiriart”.
A la salida del tribunal, Karol Cariola señaló que “el negocio lucrativo que llevó adelante Lucía Hiriart de Pinochet con recursos del Estado no puede quedar en la impunidad». La parlamentaria agregó que «ya sabemos cómo Augusto Pinochet, a pesar de todas sus atrocidades, murió en impunidad. No podemos seguir permitiendo que, además, cuando existen ilícitos graves con recursos de todos los chilenos y chilenas, la señora Lucía Hiriart sencillamente no tenga ninguna consecuencia respecto de ellos”.
La diputada añadió que “frente a los nuevos antecedentes que se han dado a conocer, de los 50 mil dólares que fueron extraídos de la fundación para financiar parte de los gastos del juicio de Augusto Pinochet en Londres (…) hemos entregado también cada uno de los informes emanados del Ministerio de Bienes Nacionales, donde se ha dado cuenta que de 218 inmuebles que tenía Cema Chile, cerca de 89 ya habían sido enajenados”.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez expresó que la querella busca esclarecer el uso y destino de dicha suma. Recursos, dijo, «que pertenecían a todos los chilenos y chilenas, que fueron utilizados para una defensa privada. Eso tiene que ser motivo de investigación dentro de esta causa, que ya tiene un cuaderno separado donde se investigan responsabilidades penales de Lucía Hiriart”.
Lorena Pizarro, presidenta AFDD
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que “la acción delincuencial de la familia Pinochet está absolutamente vinculada al terrorismo de Estado», agregando que «la derecha partícipe de la dictadura y especialmente la familia Pinochet, resultaron más ladrones que gato de campo. Son una tropa de delincuentes que debiesen estar en la cárcel hace bastante tiempo”.
Embargo preventivo
Además de la presentación de la querella en contra de Lucía Hiriart, hoy también se dio a conocer que en el marco de la investigación por el caso Riggs, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, decretó el embargo preventivo de 41 inmuebles inscritos a nombre de Cema Chile.
De la Barra accedió así a la solicitud planteada por el Consejo de Defensa del Estado, con el fin de evitar que la fundación venda o traspase a otras personas estos sitios, como ya lo ha hecho anteriormente.
Hasta mayo de este año, Cema Chile había obtenido $8.900 millones con la venta de terrenos que la dictadura le entregó gratuitamente desde el Fisco entre 1973 y 1990.
Al respecto, el abogado Hugo Gutiérrez señaló que «me parece bien que se haya decretado el embargo de estos bienes, porque tiene que volver al erario nacional, al presupuesto de la República, porque son recursos que siempre fueron del Fisco”.
Entre las propiedades que a lo largo de país serán embargadas se cuentan terrenos e inmuebles en Paine, Peñalolén, Talagante, Iquique, Ovalle, La Serena, Linares y Talca, entre otras comunas, destacando, por ejemplo, cuatro departamentos en Quilicura.
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