Presentan querella contra presidente de la Zofri por torturas a prisioneros durante la dictadura

Patricio Sesnich Stewart. Foto diarioelnortino.cl

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso presentó este jueves una querella criminal contra un grupo de altos mandos de la Armada y civiles por los delitos de secuestro y torturas contra prisioneros durante la dictadura, entre los cuales está el presidente del directorio de la Zona Franca de Iquique (Zofri), Patricio Sesnich Stewart.

Los hechos se enmarcan en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el buque Escuela Esmeralda en los primeros años de la dictadura cívico-militar en la quinta región.

Según informó Radio Bío Bío, a este último, nombrado por Michelle Bachelet en la presidencia de Zofri, se le acusa de haber interrogado y torturado a detenidos y ejecutados políticos, en su calidad de civil informante durante el régimen de Pinochet.

Foto: fach.cl

En conversación con Bío Bío, Sesnich reconoció haber estado a cargo de una investigación en el marco de un sumario administrativo en Aduanas, donde se desempeñaba entonces, y de haber recibido una orden de interrogar a un grupo de prisioneros políticos. «Bajé al subterráneo, no se podía dialogar mucho, digamos… así es que bajé al subterráneo y ahí había cuatro funcionarios de Aduanas. Entonces se veían bastante a mal traer y le dije: ‘Mira Arnaldo, tú estás preso y yo estoy obligado a tomarte una declaración'».

El actual presidente de Zofri se refiere a Arnaldo Torres Ramos, quien justamente es uno de los querellantes en este caso, junto a María Teresa Ríos O’Neill, Juan Azúa Torres y Eduardo Morris Barrios.

En tanto, junto a Patricio Sesnich aparecen como querellados el Vicealmirante (r) de la Armada Guillermo Aldoney Hansen, jefe del Estado Mayor de la Zona Naval de entonces; el Capitán de fragata (r) Franklin González Rodríguez; el Vicealmirante (r) de la Armada Juan Guillermo Mackay Barriga; además de Ricardo Riesco Cornejo, Cristian Gantes Young, Fred Villamán Gacitúa, Tomás Ilic Olmos y Rigoberto Miranda Santibáñez. A todos se les acusa en calidad de «autores, cómplices o encubridores, por los delitos de secuestro con resultado de graves lesiones, aplicación de tormentos y asociación ilícita» en contra de los detenidos.