La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), Pewma Lafkenche, presentó un recurso de amparo a favor de 6 niños y niñas, de entre 6 meses a 10 años de edad, que vieron vulnerados sus derechos tras los hechos acontecidos el 30 de marzo pasado, cuando una caravana de Carabineros percutó continuos disparos contra casas y al aire, por todo el sector de Cuarapaillaco en Tirúa, región del Biobío.
La mencionada caravana realizó detenciones ilegales y disparó directamente a una camioneta que transitaba con una familia del sector, hechos que tuvieron lugar después que dos carabineros resultaran heridos en la comuna de Tirúa, ubicada a a 10 kilómetros del sector de Curapaillaco.
El recurso señala: “Es del caso que los efectivos policiales que se encontraban al interior de los móviles apuntaban con armas de fuego, disparando perdigones y/o balines a todo quien se encontrara en la mencionada ruta, inclusive al interior de casas que colindan con aquel camino, en donde estaban alojados de manera tranquila y pacífica niños y niñas ya individualizados junto a sus familias, quienes fueron testigos directos y presenciales de los graves hechos de violencia acaecidos aquella tarde, entre los que destacan el impacto de perdigón sufrido por don Miguel Huenchuñir Liviqueo, y múltiples detenciones ilegales”.
La acción legal fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Concepción a través de la abogada de la OPD Pewma Lafkenche, Belén Zarate, y está dirigida contra Carabineros de la Prefectura de Arauco y a favor de 6 niños y niñas de la comunidad María Colipi Viuda de Maril del sector de Curapaillaco, en Tirúa. Dichos menores resultaron afectados por encontrarse inmersos en las balaceras causadas por la caravana de Carabineros hacia los hogares y contra la camioneta donde transitaba la familia de Miguel Huenchuñir, sin que existiera un escenario de desórdenes públicos.
De acuerdo al estudio psicológico realizado por el equipo técnico de la OPD, los niños y niñas de la comunidad manifestaron características de afectación emocional, tales como síntomas ansiosos, conductas agresivas, trastornos del sueño, ansiedad de separación y miedo focalizado a la presencia de vehículos en los espacios públicos.
“Los hechos ocurridos la tarde del 30 de marzo no son los únicos ocurridos en el sector de Curapaillaco, precisamente en el mes de marzo del año 2016 la misma comunidad fue protagonista y víctima de hechos de violencia por parte de la fuerza pública del Estado, convirtiéndose la vulneración, restricción y privación de derechos, en un hecho sistemático y progresivo en el tiempo”, puntualiza el recurso de amparo.
*Foto de archivo
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