Presentan recursos para frenar retención de impuestos a deudores del CAE y Fondo Solidario

Foto: El Siglo

El pasado 10 de junio, el abogado Sebastián Weinborn ingresó 14 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, en representación de deudores de créditos universitarios que sufrieron la retención de su devolución de impuestos.

A su vez, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) alegando la inconstitucionalidad de la norma contenida en la Ley 19.989, que establece facultades para la Tesorería General de la República sobre la reprogramación de deudas a los fondos de crédito solidario.

Juan Pablo Rojas es el coordinador nacional del movimiento Deuda Educativa y uno de los 14 representados por Weinborn. En diálogo con El Ciudadano, explica que la acción ante el TC apunta a «derribar la normativa».

«Si bien hay leyes que facultan y autorizan a la Tesorería General de la República (TGR) a efectuar la retención para destinar esos dineros a los bancos, en el caso del CAE; y al administrador del Fondo Solidario, nosotros hemos señalado desde siempre que esa es una norma inconstitucional, porque atenta en contra del derecho a la propiedad y el derecho al debido proceso. Si debemos el dinero, que se nos juzgue, que se nos lleve a los tribunales de justicia», argumenta el dirigente.

En concreto, la ley 19.989 señala que la TGR tiene la facultad «para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda».

Al concluir la Operación Renta 2017, fueron más de 73 mil los contribuyentes que no recibieron su devolución, de los cuales 51.230 corresponden a personas con deuda educativa. De esta forma, por concepto de crédito universitario solidario, las retenciones alcanzaron los $10.541 millones (40.155 personas), mientras que por crédito con garantía del Estado fueron de $1.465 millones (11.075 personas), totalizando $12 mil millones.

En el caso de Juan Pablo Rojas, él estudió dos carreras: ingeniería pesquera en la Universidad Católica de Valparaíso y criminalística en la Universidad Tecnológica Metropolitana. De esta última egresó el año 2007, arrastrando una deuda total por $12 millones que nunca ha pagado por decisión personal.

¿Pagar o no pagar?

A pesar de negarse a pagar lo que debe por Fondo Solidario, el dirigente aclara que Deuda Educativa nunca ha llamado a seguir este camino, sino que «a informarse sobre los problemas que acarrea no pagar una deuda y sobre la base de información clara, tomar una decisión: pagar o no pagar».

En esta línea, Rojas aprovecha de esbozar diferencias con el Movimiento No Pago, agrupación que llama a iniciar una moratoria general, porque a su juicio, «no pagar una deuda, sin explicarle al deudor los problemas sociales y financieros que eso le va a acarrear, es irresponsable. Si tú no pagas, te van a demandar, vas a tener riesgo de embargo de tus bienes y te van enviar a Dicom».

Juan Pablo Rojas

El vocero de Deuda Educativa sostiene que negarse a pagar una deuda universitaria en masa no asegura que se concrete una condonación, como plantea No Pago. «Ellos dicen que con 300 mil deudores que no paguemos, los bancos no van a tener capacidad de demandar a tanta gente y el Estado va a tener que hacerse cargo y condonar la deuda. Eso es mentira, porque hoy ya existen 300 mil deudores del CAE en mora y todo sigue igual», asegura Rojas.

«Con el CAE, lo que busca el banco es justamente que uno no pague. El no pagar le conviene al banco, porque activa la garantía estatal y quien paga es el Estado. El no pagar no es la solución para que exista una condonación de la deuda, la condonación tiene que venir por la vía política y por eso tenemos que organizarnos y presionar», agrega.

Sin embargo, el dirigente clarifica que la condonación de la deuda sí forma parte del horizonte político de su organización. En este sentido, cuenta que están trabajando con Fundación Sol con el fin de generar una propuesta de condonación de toda la deuda estudiantil.

Plan B

En el año 2016, Rojas acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado chileno por el caso de los estudiantes de criminalística en la UTEM que no tenían campo laboral para ejercer su carrera.

Allí tuvo la oportunidad de conversar con los comisionados sobre los abusos que suceden en el país respecto del endeudamiento por un derecho social, como es la educación. «El CAE y la condonación ya están en conocimiento de la Comisión y solo falta formalizarlo», relata.

Ese es el camino que vislumbra, en caso que las acciones ante los tribunales chilenos resulten desfavorables, como aconteció en 2016, cuando presentaron cerca de 400 recursos sin obtener resultados.

«Hay mucha gente que esperaba con ansias esa devolución de impuestos porque estaba cesante. Somos personas que no tenemos contrato de trabajo, boleteamos, tenemos trabajos precarios, estamos a honorarios. Por tanto, esos dineros iban para cubrir medicamentos para personas enfermas, para parar la olla en la casa… finalmente, son los recursos provenientes de nuestro trabajo», comenta.