Presidentes FECh-FEUC piden a Contraloría investigar posible lucro de ministro de Justicia

El vínculo entre el Ministro Ribera, la Universidad Autónoma y la Inmobiliaria Gaudí S.A., y la posibilidad de lucro a partir de este, motivó la presentación de un requerimiento a Contraloría por parte de los Presidentes FECH y FEUC, Andrés Fielbaum y Diego Vela.

El nombre del actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera Neumann, ha estado en el ojo del huracán los últimos días. Esto a partir de la revelación de cinco correos entre el personero de gobierno y el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, actualmente formalizado y detenido por cohecho y lavado de activos junto a los ex rectores de la Universidad del Mar (Héctor Zúñiga) y la U. Pedro de Valdivia (Ángel Maulén).

Dichos correos datan del año 2010, período en el cual Ribera ejercía como Rector de la Universidad Autónoma de Chile (UA), y pondrían eventualmente al titular de Justicia como un implicado más en un caso que ha remecido a la opinión pública. De acuerdo a un reportaje publicada por CIPER el pasado día Lunes, entre otras cosas, se investigan los nexos entre Ribera y Díaz que habrían implicado un intenso lobby a favor del segundo para asumir la testera de la CNA, y su posterior contratación en gendarmería este año 2012 ya con Ribera en el Ministerio.

Pero este podría no ser el único antecedente a considerar respecto al Ministro Ribera. La vinculación entre este, la Universidad, y la empresa “Inmobiliaria Gaudí S.A.”, y la eventual posibilidad de lucro a partir de estos nexos, es lo que motivó el requerimiento a Contraloría presentado esta mañana por los presidentes FECH y FEUC, Andrés Fielbaum y Diego Vela, respectivamente (click aquí para leer la solicitud completa)

La red de la U. Autónoma

La Universidad Autónoma fue fundada como una S.A. familiar por el clan Ribera el año 1989. Según un reportaje de la revista “Capital” que data de Octubre del 2009, en aquel entonces la entidad además contaba con inversiones en la Clínica del Maule, en el Canal 2 Autónoma Televisión en Temuco y en el colegio particular George Chaytor English College de la misma ciudad. Además, se encontraba explorando nuevas posibilidades de inversión en el sector de la salud privada, evaluando posibles alianzas con el Grupo MasVida (controlador de la Clínica Las Lilas) y con la Clínica Cordillera).

Junto con lo anterior, el año 2010 la UA compró la totalidad del Instituto INCACEA, con sedes en Santiago y Viña del Mar. La acreditación de este instituto es uno de los procesos cuestionados en el marco del caso de la CNA, a lo que corresponde agregar además que el anuncio de cierre de la sede de Viña ocasionó una serie de conflictos tras el anuncio del cierre de esta última asociado a su baja rentabilidad, generando situaciones incómodas de diversa índole que retrató una crónica de Bello Público durante el pasado mes de Junio.

La UA y la “Inmobiliaria Gaudí”

En su declaración de interés tras asumir el Ministerio, Teodoro Ribera señala ser “socio” de la UA, pero sin participar en el capital de la institución. Sin embargo, tanto en el documento mencionado, como también en su declaración de patrimonio, el titular de Justicia aparece como accionista de Inmobiliaria Gaudí S.A., creada por el patriarca de la familia (Teodoro Ribera Beneit) y propietaria de los terrenos de la Universidad, de acuerdo a la investigación realizada por la periodista María Olivia Mönckeberg en su libro “El negocio de las Universidades en Chile”.

En el sitio de la Municipalidad de San Miguel es posible encontrar un contrato que data de Julio del 2010, entre el municipio y la Inmobiliaria, a partir del cual se entregaban una serie de becas a estudiantes de la UA, utilizando para ello a la Inmobiliaria Gaudí como intermediaria, cuestión que pone de manifiesto la relación directa entre dicha sociedad y la Universidad.

Según la investigación de Mönckeberg, dicha sociedad inmobiliaria sería utilizada “con la finalidad ilícita de perseguir fines lucrativos en una actividad que, por definición legal, está prohibida”, como lo señala el requerimiento presentado por Fielbaum yVela a la Contraloría. De ser así, y siendo el Ministro Ribera partícipe del capital de esta Sociedad Anónima, “estaríamos ante una seria infracción al principio de probidad, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República”, como agrega la misiva presentada al órgano fiscalizador.

Fuente: Radio del Mar