“Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre”, aseguraba el pasado 11 de agosto a eldesconcierto.cl Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del ataque con fuego por parte de Carabineros que en 1986 le quitó la vida a Rodrigo Rojas de Negri. Un anhelo que marca una nueva conmemoración del 11 de septiembre y que sigue sumado presiones desde distintos sectores de la sociedad.
A mediados de agosto, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ingresó un proyecto de acuerdo firmado por otros 21 parlamentarios oficialistas en el que se le pedía a la Presidenta Bachelet cerrar Punta Peuco. Una solicitud ya realizada hace aproximadamente un año, cuando en julio de 2014 la Cámara de Diputados pidió también el fin del penal que alberga a militares en retiro condenados por delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, la promesa que habría hecho Bachelet a Quintana estaría quedando en esa calidad, pues desde el Ejecutivo no se ha confirmado dicho cierre. La única respuesta ha venido desde el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien simplemente ha planteado que “Punta Peuco es una cárcel y se rige por las normas de cualquier centro penitenciario”.
Es frente a esta negativa que desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) plantean que “tenemos la convicción que Punta Peuco no se va a cerrar”, por lo que han convocado a una marcha para este próximo domingo 13 de septiembre, en la que insistirán en la exigencia del fin del penal.
En la movilización agendada para las 10:00 horas en la Plaza Los Héroes, la colectividad pedirá también el fin de los pactos de silencio de las Fuerzas Armadas, el término de las redes de protección para victimarios de crímenes de derechos humanos y la degradación inm ediata a todo militar condenado por crímenes de lesa humanidad, incluida una póstuma para Manuel Contreras.
Exigencias que van en la línea de otra iniciativa similar, esta vez nacida desde las propias juventudes políticas de la Nueva Mayoría, quienes han levantado una plataforma virtual para poder firmar a favor del cierre de Punta Peuco. Un llamado que surge “bajo la necesidad urgente de que nuestra sociedad y nuestras autoridades se hagan cargo de aquellas violaciones a los derechos humanos que aún siguen impunes desde dictadura”, plantean en la web, agregando que dentro de las principales reparaciones está la urgencia de que “los responsables de estos crímenes no obtengan ningún beneficio carcelario y puedan ser juzgados tal como corresponde: como criminales de lesa humanidad”.