A 25 años del Acuerdo de Paz, en el país ocurre una grave regresión de la que culpan al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El procurador de Derechos Humanos (DD.HH.) de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, advirtió este miércoles que en ese país centroamericano se produce una regresión democrática y se viola la Constitución sin consecuencias para sus responsables.
En una declaración a propósito de los 25 años de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), el ombudsman manifestó que “con el Gobierno del presidente (Alejandro) Giammattei se está consumando una grave regresión de 25 años”.
Agregó que la Constitución “ha sido transgredida reiteradamente, y sin consecuencias para los responsables, se han anulado los contrapesos de la República, y la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros”.
En opinión del funcionario, “quedó desmantelada la institucionalidad de la paz y las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz”.
Acotó que “la enorme incidencia de las redes de corrupción y de las estructuras del crimen organizado en las decisiones del Estado amenazan seriamente la democracia y la paz social”.
Rodas Andrade consideró que los discursos de odio incitados o tolerados desde el poder, así como los ataques a defensores de DD.HH., operadores de justicia y periodistas, pueden ser el preludio de un régimen arbitrario y opresivo.
Ante ese peligro, el Procurador valoró como urgente “que los diversos sectores democráticos abran espacio de diálogo y concertación, y generen capacidades de defensa de la Constitución y de los Acuerdos de Paz, impidiendo que las fuerzas autoritarias se impongan”.
Llamó la atención, además, de que a nivel internacional el Estado de Guatemala “ha dado la espalda a sus compromisos multilaterales y está quedando excluido del concierto de las naciones democráticas”.
En su declaración, Rodas Andrade también recuerda que durante el conflicto armado perdieron la vida decenas de miles de civiles de tres generaciones, 70.000 fueron desaparecidos y sufrieron tratos inhumanos, y más de un millón debieron desplazarse forzosamente.
El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, como se le conoce, se firmó el 29 de diciembre de 1996 entre representantes del Gobierno y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Ese hecho histórico ocurrió en el Palacio Nacional de la Cultura, situado en la capital del país, Ciudad Guatemala.
El documento firmado contenía proyecciones para solucionar problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado. De acuerdo con medios de prensa, sectores sociales estiman que actualmente es letra muerta y esos problemas, como la pobreza extrema, persisten e incluso se agravaron.
Fuente teleSUR
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