En el Senado se presentó un proyecto de ley que propone la obligatoriedad de los administradores y trabajadores de hogares de reposo de denunciar los delitos cometidos en contra de adultos mayores al interior de los establecimientos.
Foto: Coyuntura Económica
«Cada cierto tiempo nos enteramos de maltratos o abusos al interior de hogares de adultos mayores cometidos en contra de los ancianos residentes. En ciertos casos estas agresiones son reiterativas y constantes en el tiempo, lo que sumado a la incapacidad de la autoridad de fiscalizar la totalidad de estos establecimientos, nos ha llevado a tener que lamentar fallecimientos inesperados», sostiene la iniciativa.
La moción que será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, fue presentada por el senador José García Ruminot (RN), quien recordó que «a través de distintos medios de comunicación, conocimos las precarias condiciones en las que vivían los abuelitos del establecimiento de larga estadía para adultos mayores, Cordillera de Los Andes».
Y agregó que «el trato inhumano que recibían los adultos mayores se vio reflejado en la cruda realidad que debió enfrentar don Raúl González Figueroa los últimos días de su vida. El fallecimiento de don Raúl cobró carácter de tragedia al enterarnos de las circunstancias en las que se produjo, por ejemplo, el que no haya recibido alimento durante 9 días».
El parlamentario aclaró que «si bien, en la mayoría de estos establecimientos no se realizan estas prácticas, hemos sido testigos de hechos repudiables cometidos en contra de abuelos tremendamente vulnerables y desvalidos».
«La condición de dependencia en que se encuentran la mayoría de los adultos mayores residentes en estos hogares, y la confianza depositada tanto por ellos, como por sus familias, en las personas encargadas de su cuidado, hace que sean estos últimos los primeros responsables e interesados en velar por el bienestar de los abuelos», agregó.
Ante los hechos descritos, se hace necesario modificar el artículo 175 del Código Procesal Penal, «con lo que se busca establecer una cuota mayor de responsabilidad a los administradores y trabajadores de hogares de adultos mayores que sean testigos de eventuales delitos cometidos en contra de los abuelos, al interior de estos establecimientos, obligándolos a presentar la correspondiente denuncia», enfatizó el legislador.
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