Proyectos de unión civil tensionan al Gobierno chileno

El Presidente de la República ha conocido al menos dos proyectos de unión civil, el PUC y el AVC, y a ambos los respaldó. La férrea oposición de la UDI a legislar sobre estas materias, secundada por la Fundación Jaime Guzmán, hace sin embargo peligrar el avance de ambas propuestas.

La discusión en La Moneda sobre una legislación que regule y garantice derechos a convivientes homosexuales y heterosexuales se ha instalado con fuerza, habiendo claramente dos bandos contrapuestos en el gobierno.

Por un lado está el presidente Sebastián Piñera y ministros como Rodrigo Hinzpeter, ambos de Renovación Nacional (RN), que se han manifestado a favor de las uniones civiles. Por otro, se encuentran el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, y la propia vocera de gobierno, Ena Von Baer, que en representación de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazan de plano una iniciativa como la descrita.

La discrepancias entre ambos bandos quedó más que clara cuando el pasado 13 de junio La Tercera anunció que el senador Andrés Allamand (RN) presentaría al Congreso Nacional el denominado Acuerdo de Vida en Común (AVC).

Mientras inicialmente Von Baer señaló que el tema era de exclusiva discusión del Congreso Nacional y descartó cualquier intervención de La Moneda, Hinzpeter y el propio Piñera señalaron horas más tarde justamente lo contrario: el primero valoró el AVC y el segundo reafirmó el compromiso de legislar sobre la materia.

El pasado 18 de junio, cuando Allamand ingresó el AVC a tramitación parlamentaria, intentó zanjar el asunto señalando que «donde manda capitán, no manda marinero. El Presidente Piñera claramente señaló cuando se produjo todo este revuelo, lo mismo que ha dicho siempre, que él es partidario de legislar sobre las uniones civiles».

Pero finalmente ¿mandará capitán o marinero?. El tema es complejo y la disputa sobre las uniones civiles, y de otros temas que diferencian a la UDI de RN, están que arden, a un punto que el disgusto de algunos sectores de derecha con Von Baer y Larroulet se hace cada vez más notorio y explícito.

Y es que para la UDI, como bien lo señaló su presidente Juan Antonio Coloma, una legislación sobre unión civil es «innecesaria» por cuanto a su juicio ya existe en Chile una institucionalidad que resuelve los problemas de los convivientes. El punto es que nadie conoce esa institucionalidad, ni tampoco la UDI ha precisado a qué herramientas se refiere.

La verdad es que para la UDI las uniones civiles debilitarían al matrimonio y la familia, y por tanto se opone a que se legisle tanto para parejas homosexuales y heterosexuales, pasando por alto que las primeras no tienen alternativa, pues no pueden casarse, mientras que muchas de las segundas no creen por principio en el matrimonio, y requieren de una institucionalidad distinta.

«Lo absurdo es que se pretenda imponer a personas el matrimonio, cuando es perfectamente legítimo puedan tener una vida en común sin estar casadas», respondió ayer en La Segunda Allamand.

Ese es el mismo principio que lleva al Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) a impulsar y respaldar las uniones civiles, aunque con la clara diferencia de que este organismo también defiende que el matrimonio, con el derecho de adopción de hijos/as incluido, sea extensivo a parejas homosexuales, aspecto que rechaza casi toda la Derecha y también la mayoría de la oposición, aglutinada en la Concertación.

HISTORIA DE LA UNION CIVIL Y EL RESPALDO DE PIÑERA

El debate público sobre los vínculos de hecho para parejas homosexuales se inició en Chile en junio del 2003 cuando el Movilh presentó al Congreso Nacional el proyecto de «Fomento de no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo», iniciativa patrocinada por los diputados María Antonieta Saa (PPD), Gabriel Ascencio (DC) y Fulvio Rossi (PS), este último actualmente senador.

«Esta propuesta sólo la redactamos para iniciar el debate público, lo que resultó ser un éxito, pues las discusiones no han cesado desde ese momento. Sin embargo, siempre nuestra lógica fue que una legislación civil debía incorporar a todas las parejas, y no sólo a las homosexuales, caso contrario se estarían generando leyes especiales», señala el activista del Movilh, Juan Hernández.

Luego de que la discusiones fueron madurando el Movilh, con el respaldo de los académicos Mauricio Tapia (Universidad de Chile) y Carlos Pizarro (Universidad Diego Portales), elaboró una nuevo proyecto de ley, el Pacto de Unión Civil (PUC), el que garantiza derechos a homosexuales y heterosexuales e ingresó a tramitación parlamentaria el 27 de octubre del 2009.

A diferencia de la primera propuesta del Movilh, el PUC obtuvo un mayor respaldo parlamentario y político. Contando en el 2009 con el patrocinio de los diputados Saa, Rossi y Gabriel Silber (DC), adhirieron también al PUC los senadores Guido Girardi (PPD) y Jaimen Gazmuri (PS), y los diputados Carolina Goic (DC), Joaquín Godoy (RN); Carlos Olivares (PRI); los PS Alfonso De Urresti, Marcelo Díaz, Clemira Pacheco, Iván Paredes, el radical Alberto Robles y los PPD René Alinco, Guillermo Ceroni, Guido Girardi Briere, Patricio Hales, Jorge Insunza, Antonio Leal, Adriana Muñoz y Marco Antonio Núñez. A ello se sumó el mismo año el respaldo de todas las directivas de partidos de la Concertación.

Durante su presentación, la propuesta también fue apoyada por el comando presidencial del senador Eduardo Frei (DC), pero mucho antes, en el 2005, había contando con la adhesión de Piñera cuando fue por primera vez abanderado.

En efecto, el 11 de octubre del 2005 el Movilh presentó personalmente a Piñera los artículos que serían parte del PUC y el candidato los respaldó todos.

En su segunda carrera presidencial, Piñera ya no siguió hablando del PUC, pero según indica Allamand sí dio un sólido respaldo al AVC, una propuesta casi idéntica a la del Movilh.

Sin embargo, estas adhesiones de Piñera no fueron incluidas de manera explícita en el programa presidencial, debido a la presión de la UDI.

El PROGRAMA PRESIDENCIAL

Tal y como están dadas las cosas, los grupos opositores y favorables a las uniones civiles hacen su propia interpretación del programa presidencial.

En concreto, y junto con garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, en el programa presidencial se indica que «nos ocuparemos de los 2 millones de chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar casados».

La pregunta es cómo. Si se toma en cuenta las declaraciones y compromisos de Piñera, esto necesariamente se resolverá con una ley de unión civil, pero si se sigue la lógica de la UDI, lo ideal es que el tema no sea abordado o, si llega a enfrentarse, los problemas de los convivientes deberían ser resueltos, pero sin reconocer formalmente su unión.

Para salvar al menos momentáneamente el conflicto el Gobierno, en boca de Larroulet, anunció que el último trimestre de este año presentará su propio proyecto, estando en la actualidad los alcances del mismo en una gran ambigüedad.

Sea como sea, la verdad es que variados artículos del AVC y del PUC; este último respaldado recientemente por la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, y por el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Pedro Araya; requieren del patrocinio del Ejecutivo para ver la luz.

Ello implica que gran parte del avance sobre las uniones civiles sigue estando en manos del Poder Ejecutivo y la estrategia del movimiento de la diversidad sexual agrupada en el Movilh apunta a que la propuesta del Gobierno, el AVC y el PUC logren unirse en la discusión legislativa, a objeto de sacar una legislación sobre la materia antes del término de la administración de Piñera.

«Nos importa bien poco cómo se llame el proyecto resultante o quién se quiera llevar los laureles como gestor de la iniciativa. Lo relevante para nosotros es que se apruebe lo antes posible la normativa para terminar con los injusticias padecidas por los convivientes, y para eso, necesariamente se debe contar con el concurso de todas y todos, incluidas las minorías sexuales», señala el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

La tarea por supuesto no será fácil, pues sectores ultra-conservadores ya están moviendo todas sus piezas para boicotear cualquier avance. Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Jaime Guzmán, que ya inició el lobby ante «la señal preocupante» dada por Allamand.

«Nos parece una señal preocupante que se presente un proyecto de ley de este tipo, no es una solución que se haya explicitado en el programa de Sebastián Piñera. Nos parece que esta iniciativa en ese sentido debilita la familia», dijo a El Mercurio el presidente de la Fundación, Jorge Jaraquemada.

Para el Movilh «lo impresentable es que existan sectores, como la Fundación Jaime Guzmán, que intenten imponer sus creencias religiosas e ideologías sobre el Estado laico y los derechos humanos. Es claro que ellos quieren ideologizar este debate, pero mientras ellos representan creencias religiosas, a nosotros nos asiste el convencimiento de poner por sobre toda ideología la defensa de los derechos humanos de personas, tanto de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, como de heterosexuales».

Así, el cuestionamiento sigue: ¿se impondrá capitán o marinero? Lo concreto es que tras las campaña lanzada en la vía pública en mayo pasado por el Movilh y luego de la presentación del AVC, el debate sobre las uniones civiles volvió a ocupar una gran fuerza en Chile.

Por Catalina Herrera

Fotografía: lavoz.com.ar

Fuente: www.opusgay.cl