PUCV impide a estudiante matricularse durante 2 años por «liderar» toma y negarse a identificar a participantes

Foto Rens Veninga

El pasado 4 de enero, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) dio a conocer el fallo tras la investigación abierta luego de la toma llevada a cabo por estudiantes en los edificios Monseñor Gimpert y Rubén Castro los días 15 y 16 de julio de 2015. En este se sanciona a Miguel Moya Díez, entonces estudiante de tercer año de Trabajo Social y uno de los voceros de la carrera, con la prohibición de matricularse en dicha casa de estudios durante 4 semestres.

En el documento, firmado por el pro secretario general de la PUCV, Fernando Castillo Salfate, la casa de estudios acusa que producto de la toma se produjo una serie de daños, como «vidrios rotos, puertas forzadas, desaparición de equipamiento de la Universidad, desorden y rayados en las paredes, así como los perjuicios y destrozos producidos en el quiosco de la Universidad», agregando que «además se constató la existencia de saqueos» en el lugar.

Luego de esto sitúa el supuesto rol que le habría cabido a Moya, planteando que «tal como se indicó en la Resolución del Fiscal (Hugo Muñoz) a cargo de la investigación (…) ha quedado acreditado (…) que al estudiante don Miguel Moya Diez, le ha cabido una participación activa, si no en la gestación de la toma de las dependencias de la Universidad, al menos en el desarrollo de la misma, con un relevante liderazgo». Acto seguido, se enumeran supuestos roles que habría asumido el estudiante como, por ejemplo, «hablar con los guardias para obtener las llaves de las salas» y «acudir al estacionamiento para liberar unos vehículos», entre otros.

«NO SE HA ATRIBUIDO PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL DESTROZO Y RAYADO DE MURALLAS»

Sin embargo, es la propia universidad la que reconoce no haber confirmado la participación del alumno en los destrozos y rayados, por lo que finalmente termina sumando a su supuesta calidad de «líder» la de «encubridor». «No obstante que no se ha atribuido de manera específica al señor Moya participación directa en el destrozo o en el rayado de murallas, pero por su rol de liderazgo, y al negarse a aportar con la investigación, se configura a su respecto la calidad de encubridor de los que materialmente incurrieron en las faltas a la disciplina que se investigan», establece el fallo. «El señor Moya Diez se negó a colaborar con la investigación, pues no identificó a una sola persona interviniente en la toma«, agrega.

Es finalmente por todos estos antecedentes que la PUCV acogió entonces la proposición del Fiscal, en cuanto a sancionar al estudiante de Trabajo Social con la prohibición temporal de matrícula por 4 semestres, de acuerdo al artículo 9º del Reglamento de Disciplina de los Alumnos.

Respaldándose en dicho documento, la Universidad resolvió que Moya incurrió como «autor directo» en las «faltas graves» contempladas en las letras b) y h) del artículo 7º, es decir, «haber  participado voluntaria, consciente y protagónicamente en un evento destinado a alterar la legitimidad de cualquier actividad académica y en la provocación de desórdenes«.

Junto con ello, se sostiene que el estudiante incurrió en la «falta grave» de la letra f) del mismo artículo, actuando en la toma como «encubridor de participantes en la comisión de actos de violencia en contra de bienes universitarios«, y como «encubridor» en las «faltas menos graves de las letras c) y j) del artículo 6º, es decir, «guardar silencio y, de ese modo, amparar actos que han atentado contra el prestigio de la Universidad y el rayado de sus murallas«.

La sentencia agrega finalmente que «no existe, como se ha sugerido, ni reconocido en la ley, ni en la Constitución Política de la República, ni en algún instrumento contractual, un supuesto legítimo derecho de los estudiantes a tomarse los establecimientos y locaciones de la Universidad, cualquiera sea su motivo».

Manifestación en favor de Moya en la PUCV. Foto Rens Veninga

LOS DESCARGOS DE MIGUEL MOYA

«No se comprueba que yo haya participado en ningún tipo de destrozo ni robo, no existen pruebas», declara Miguel Moya en conversación con El Ciudadano, quien agrega además que, respecto a lo de «liderar la toma», estos «son solo supuestos, porque tampoco tienen pruebas de ello».

Sin embargo, el cuestionamiento del estudiante es mucho más profundo y apunta a la persecución de la movilización estudiantil. «Claramente lo que demuestra hoy la autoridad de la Universidad Católica es que va a sancionar a todo aquel que hoy realice algún tipo de protesta que -en lo que tipifica el Reglamento- genere desórdenes que impidan el funcionamiento de la universidad», critica Moya, agregando que esto «resulta grave considerando que históricamente el movimiento estudiantil una de las herramientas que ha utilizado y legitimado es la ocupación de los espacios».

El alumno de Trabajo Social aclara, además que «la figura del encubrimiento no existe dentro del Reglamento de Disciplina que se me aplica a mí«. Y, en efecto, al revisar la única versión de dicho documento disponible en geografiapucv.cl -pues, contrario a lo que se nos indicó en la casa de estudios, no es posible acceder a él a través del portal de la Vicerrectoría de la PUCV-, específicamente la letra f) del artículo 7º, se puede constatar que en ninguna parte aparece mencionada la figura del «encubridor», pues el apartado solo se limita a decir que «Constituyen faltas graves (…) f) Cometer actos de violencia en contra de personas o bienes universitarios».

Moya explica, por otra parte, que si bien se le permitió leer la carpeta de investigación en la misma oficina de Pro Secretaría General de la PUCV una vez que recibió la denuncia en su contra, solo se le facilitó una copia física de esta el mismo día en que debió presentar sus descargos. «No tuve la posibilidad de conocer a cabalidad ni las acusaciones ni las pruebas«, asegura el estudiante.

Además agrega que -aun cuando su contraparte en este juicio es un abogado, el Fiscal Hugo Muñoz-, por reglamento él como estudiante no tuvo derecho a un defensor, sino que solo a presentar sus descargos y una apelación escrita, trámite que realizará mañana miércoles ante el Rector de la universidad.

Moya y compañeros en las afueras de la PUCV. Foto Rens Veninga

«NO TENEMOS MUCHAS ESPERANZAS»

Sobre esto último, el estudiante de Trabajo Social sostiene que «no tenemos muchas esperanzas, porque aquel que establece las sanciones, que es el pro secretario, depende directamente del Rector».

Cabe destacar que, además de esta sanción y aún cuando ha quedado establecido en el fallo que no se ha podido comprobar que Moya haya participado en la sustracción de materiales desde las sedes, la PUCV presentó una querella criminal contra él y José Vega, el otro vocero de entonces de la Asamblea de Trabajo Social, por «robos, daños y usurpación». «José no se encontraba el día de la toma en la región, él estaba en Rancagua, y aún así lo pusieron en la querella; nosotros creemos que por el hecho de ser vocero», asegura Moya.

Por Daniel Labbé Yáñez