Van por tercer intento de legislar protección a periodistas en Puebla

«Las medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos son insuficientes”, consideraron organizaciones en el marco del Día Nacional del Periodista, celebrado cada 4 de enero.

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Representantes de la Red Periodistas de Puebla, Artículo 19, Espacio OSD e Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, señalaron que Puebla carece de un ordenamiento local que regule al gremio o indique los protocolos de seguridad a seguir para minimizar los riesgos que corren al desarrollar su trabajo.

En los últimos años, dos diputadas locales han intentado expedir la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Puebla, pero las iniciativas se han quedado pausadas por “la falta de acuerdos”.

Será en el periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado, que comienza el 15 de enero, cuando llegue al pleno un tercer intento para normar las prácticas del periodismo en la entidad, con medidas de protección y la intención de transparentar la celebración de convenios oficiales con medios de comunicación.

Pendientes en la protección del periodismo

Actualmente, el gremio periodístico se encuentra protegido por estatutos y organismos nacionales, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También está el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como objetivo proteger a los miembros de estos sectores que sufren agresiones por desempeñar su labor.

En total, 24 de las 32 entidades han creado instituciones para la atención de periodistas, entre ellas Puebla, pero la mayoría carece de un presupuesto asignado, personal capacitado y vinculación con las autoridades de seguridad.

En esa circunstancia se encuentran Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Baja California.

Según la investigación “Comisiones de papel: los hallazgos”, en 2017, bajo la administración del exgobernador Antonio Gali Fayad, se creó la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Puebla y quedó instalada en el mes de julio.

La integración de la comisión no fue sometida a consideración del gremio, pues dependía del gobierno del estado.

La comisión sólo sesionó en dos ocasiones, en mayo del 2018 y en febrero del 2022, ya con la administración del exmandatario Miguel Barbosa Huerta, pero la elección de los vocales no se abrió al gremio.

Puebla también cuenta con una Dirección para la Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación estatal, pero carece de personal capacitado para la recepción de denuncias, señalaron los representantes de las organizaciones citadas.

Congreso busca avanzar en su protección

Durante la LX Legislatura, la diputada de Morena, Bárbara Dimpna Morán Añorve presentó una iniciativa para expedir la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla, fundamentada en los derechos a la libertad de expresión indicados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La ley tiene por objeto garantizar que el ejercicio del periodismo se desarrolle en condiciones de respeto, seguridad y libertad para las personas que lo ejercen”, se lee en el dictamen que se quedó en la congeladora.

En junio de 2022, la diputada Xel Arianna Hernández García del grupo parlamentario de Morena sostuvo una reunión con algunos reporteros de la fuente política para presentar una nueva propuesta en la materia.

En diciembre, informo que este proyecto seguirá en pausa hasta que los miembros del gremio “se pongan de acuerdo” en las cosas que debe incluir, a fin de crear estrategias que reduzcan los riesgos bajo los cuales se desarrolla esta profesión.

Por su parte, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez adelantó que entre las propuestas que presentará en el Congreso de Puebla en el 2023, se encuentran la Ley de Comunicación Social, con la que intentará acabar con el llamado “chayote”.

Además, dijo, incluirá artículos que protejan el trabajo de los reporteros y periodistas con el que se garanticen espacios de trabajo dignos, seguros y que otorguen las prestaciones laborales correspondientes.

Foto: Agencia Enfoque

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