La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por el interno del penal Punta Peuco, Maximiliano Ferrer Lima, a quien se le denegó el beneficio intrapenitenciario de salida dominical.
El ex teniente coronel (r) Ferrer Lima fue agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y miembro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Dentro de los múltiples procesamientos y condenas por secuestros y asesinatos, este criminal está sentenciado a 8 años como autor del homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez y a 10 años y 1 día como autor del homicidio calificado de la integrante del MIR Lumi Videla Moya.
Ambos casos se transformaron en emblemáticos dentro de los cometidos durante la dictadura. El 25 de febrero de 1982 el taxi que conducía quien fuera presidente de la ANEF fue interceptado por un grupo de agentes del Estado, siendo posteriormente encontrado degollado y con cinco disparos en su cabeza. El 4 de noviembre 1974, en tanto, el cadáver de Lumi Videla fue hallado por los habitantes de la embajada de Italia en nuestro país, luego de haber sido arrojado desde afuera hacia el interior de la repartición diplomática con evidentes signos de tortura.
Ni arrepentimiento ni colaboración
En el fallo de la Corte de Apelaciones contra Ferrer Lima se consigna que para acceder a beneficios como el de la salida dominical se debe tener en consideración «la gravedad de los delitos cometidos; la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se imputaren, entre otros». En este sentido, agrega el tribunal, «de parte del solicitante no ha existido arrepentimiento ni colaboración».
La resolución adquiere relevancia ya que es dictada en momentos en que han comenzado a levantarse voces -como la del propio presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y del ministro de Justicia, Jaime Campos- quienes abogan por otorgar beneficios penitenciarios a los criminales recluidos en Punta Peuco, principalmente a quienes se encuentren afectados de salud, con el objetivo de que terminen de cumplir sus condenas en sus domicilios.
Una campaña que se tradujo en que el pasado viernes 23 de diciembre un grupo de diez de los internos del penal participaran en una ceremonia ecuménica en la que, según se dio a conocer posteriormente por los religiosos asistentes- habrían pedido «perdón» por los crímenes cometidos. El hecho generó cuestionamientos desde las organizaciones de derechos humanos, las que más allá del perdón exigen que éstos condenados comiencen a colaborar con la justicia y entreguen la información que mantienen en secreto sobre lo ocurrido con miles de víctimas de la dictadura asesinadas y desaparecidas.
Daniel Labbé Yáñez
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