¿Qué opinan las entidades implicadas sobre la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos?

La presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Según el Gobierno, el proyecto busca «subsanar la falta de un órgano para articular y promover políticas de legislación en materia de Derechos Humanos al interior de la Administración del Estado». Las funciones de el organismo se enfocarán básicamente en el asesoramiento y colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sus competencias se centrarán en el diseño y elaboración de las políticas, planes y programas relativos a la promoción y protección de este ámbito; y en elaborar y proponer el Plan Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, la iniciativa -que empezó a trabajarse durante el anterior Gobierno de Piñera- no satisface a los colectivos implicados directamente. Algunas organizaciones que trabajan en Justicia y Derechos Humanos manifestaron a este periódico su críticas frente al nuevo proyecto. Con motivo de la promulgación, recuperamos las opiniones que algunos de los representantes de este ámbito expresaron en el momento de la aprobación de la nueva ley.

“Venir a decir que van a crear una subsecretaría de Derechos Humanos, lo que prometieron hacer el 1989 con la candidatura de Patricio Aylwin, por decir lo menos, es un poco tardío”, aseguró el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román. Y agregó: “Esta iniciativa más bien aparece presionada por la visita que hace poco tiempo tuvimos de Carmen Gloria Quintana y de como su testimonio viene a remover las conciencias en chile”. Para Román, «los responsables de la impunidad en Chile son todos los civiles que nos han mal gobernado por 25 años».

Por su parte, la coordinadora del Espacio de Memorias Londres 38, María José Pérez, coincidió con los impulsores del proyecto con “la necesidad de avanzar en crear una institucionalidad y fortalecer lo que ya existe”. Sin embargo, discrepó de algunos de los puntos recogidos en el texto, como las atribuciones de la Subsecretaría y la falta de un mandato claro y de recursos económicos y humanos.

Pérez señaló que “la Subsecretaría es una instancia coordinadora, por lo tanto no implementa políticas propias y, en su mandato, va tener que llevar a cabo lo que decide la instancia interministerial”. Según la responsable, eso genera “un problema de jerarquía de la institucionalidad” porque  “dentro de la estructura del estado, la Subsecretaría queda en la posición más baja”.

La coordinadora criticó la falta de participación ciudadana en el proyecto: “No fueron recogidas las demandas ni los planteamientos de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que participamos en las instancias a las que fuimos convocados por el ministerio de Justicia”, dijo. Y añadió que “otro de los inconvenientes es que a nivel presupuestario y de dotación de planta el proyecto es bastante precario como para dar cuenta de las necesidades”.

Meritxell Freixas