¿Quién es Manuel Amor? La historia tras el bullado despido de la directora de Sernameg de Los Ríos

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la decisión de remover a Isabel Amor como directora regional del SernamEG en Los Ríos apenas dos días después de haber asumido, en indicó que revelará el borrador de la entrevista en la cual «relativizó» la condena por violaciones a los derechos humanos que pesa sobre su padre, en caso de que la activista decida judicializar su despido.

Amor, exjefa regional del INDH en Ñuble y otrora directora ejecutiva de la Fundación Iguales, afirmó que su desvinculación, informada por una supuesta «pérdida de confianza», respondió a «presiones ministeriales» por ser hija de una persona condenada por delitos de derechos humanos.

Sin embargo, desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género emitieron un comunicado en el que aclararon que su remoción no se debió al hecho de ser “hija de un condenado”, sino por los “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre”, entre otros motivos.

Estos dichos en los que relativiza la condena de su padre, Manuel Amor Lillo, habrían sido expresados en una entrevista concedida a la revista Sábado de El Mercurio, pero, según trascendió, no fueron publicados.

Condena a Manuel Amor por delitos cometidos durante la dictadura

Tras el Golpe de Estado de 1973 en contra del presidente Salvador Allende, el médico cirujano
Manuel Amor Lillo fungió como encargado hospital de campaña instalado en el velódromo del Estadio Nacional, el cual fue convertido en un centro de detención y torturas por parte de la dictadura de Augusto Pinochet.

El profesional de la salud fue acusado y condenado como cómplice del secuestro calificado de Luis Corvalán Castillo, hijo del secretario general del Partido Comunista, en ese entonces, Luis Corvalán Lepe, y también militante de las Juventudes Comunistas.

Un fallo de la Corte de Apelaciones que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema concluyó que Manuel Amor Lillo y un colega “no podían menos que saber tanto de la detención de personas en el lugar (en el Estadio Nacional) como la aplicación de torturas que eran hechos de conocimiento generalizado”.

El dictamen planteó que el médico tenía conocimiento suficiente sobre el hecho de que en el hospital de campaña instalado en el velódromo del Estadio Nacional «se encontraba un gran número de personas detenidas ilegalmente y a quienes se les aplicaban tratos inhumanos, en la época que Corvalán Castillo se encontraba restringido de libertad ilegalmente».

Asimismo, la resolución judicial, que al desempeñarse como Amor Lillo “facilitó y cooperó en la ejecución de los hechos por actos simultáneos».

Pérdida de la confianza en Isabel Amor

Según se pudo conocer en la entrevista concedida a la revista, Isabel Amor habría “relativizado” la condena de su padre por los delitos registrados durante la dictadura cívico-militar.

Según reveló The Clinic, la exdirectora regional del SernamEG en Los Ríos fue consultada por si alguna vez le había preguntado a su progenitor sobre su condena a lo que respondió: “Sí. Y me dijo que no, que él no había torturado a nadie. Eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Lo que se supo años más tarde. El problema fue no denunciarlo en ese momento”.

Tras la entrevista, Amor envió a su jefatura el borrador de su contenido antes de que fuera publicada y según aseguraron-en ese momento se percataron de sus declaraciones.

Al respecto, la ministra Orellana indicó que hay declaraciones que pueden ser “comprensibles para una hija”, pero no “para una autoridad pública”.

La secretaria de Estado explicó que «la confianza se pierde a partir de que ella (Isabel Amor) señaló que, al enfrentar el caso de su padre, no relativizaría la gravedad, y eso es precisamente lo que se hace en esa primera versión» del texto periodístico, que -acusó- luego fue «editado muy convenientemente -no conocía gente a la que El Mercurio tratara tan bien-«. Pero «los dichos, dichos están».

«Yo me pregunto qué pasa entre una semana y otra que se borran justo las respuestas problemáticas, y se ponen nuevas respuestas que son ad hoc para una posible estrategia jurídica. Pero es parte de la libertad de prensa», criticó.

Apuntó que «la confianza se perdió por varios hechos que comienzan antes de que entrara formalmente al cargo», y que el mentado borrador de una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio que la propia Amor envió al SernamEG «es sólo una parte de una serie de hechos que mostraron que no había idoneidad para que tuviera la confianza de la directora».

Destacó que la declaración original al referido medio «refuerza algo que ya había ocurrido en su presentación al equipo (del SernamEG), donde no sólo relativiza los fundamentos de la condena, sino que indica que su padre no fue un encubridor, sino que sólo estuvo en el lugar».

«Podrá ser su posición personal, lo entiendo y empatizo, nadie es responsable de los delitos de su padre, pero tal como nos ha mostrado el debate a propósito del debate del caso Macaya una cosa es opinar como hijo, y otra como autoridad», planteó Orellana a Radio Cooperativa.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género advirtió que si Isabel Amor decide judicializar su despido revelarán el contenido del borrador de la entrevista en la relativizó la condena de su padre.

«Si se decide ir por la vía judicial, vamos a exponerlo para mostrar que, en mi opinión y de nuestro servicio, los dichos ahí reflejados eran entendibles para una hija, pero no para una autoridad», y enfatizó que «la mejor prueba de eso es que los cambió» en la entrevista que fue finalmente publicada por la revista.