Rechazan solicitud que busca impedir que sitios de la ex Colonia Dignidad sean declarados Monumento Nacional

Por medios de prensa, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad se enteró de la solicitud de invalidación que la ex Colonia Dignidad, hoy llamada Villa Baviera, ha presentando al Ministerio de Educación en contra del Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales, de fecha 23 de marzo de 2016, en la cual se aprobó la declaratoria de Monumento Nacional sobre un conjunto de inmuebles y sitios correspondientes a la ex Colonia Dignidad. Decisión que fue legalizada a través del Decreto 208 del Ministerio de Educación, promulgado el 18 de julio de 2016.

La solicitud de invalidación indica que la declaratoria desvaloriza los espacios y lugares protegidos al asociarlo a hechos delictivos, y que afecta las actividades lucrativas que hoy se ejercen en la ex Colonia Dignidad. Incluyendo el impedimento para edificar un conjunto habitacional para las personas residentes en el lugar, emplazado justamente sobre una de las áreas protegidas, en consecuencia que la declaratoria abarca menos de 1% del total de 16.000 hectáreas de la cual dispone actualmente la ex Colonia Dignidad.

Efectivamente el lugar está asociado a la comisión de crímenes de lesa humanidad, hechos acreditados en procesos judiciales y a través de testimonios de personas que intervinieron en ellos y fueron sus víctimas.

«Nuestra Asociación se opone a la continuidad de actividades turísticas y recreativas que se desarrollan en espacios que participaron en la cadena represiva que se desplegó al interior del lugar, compuesta por las siguientes acciones: coordinación con los altos mandos de la dictadura y sus organismos represivos; entrenamiento de agentes; fabricación de armas químicas y de fuego; espionaje; detención y tortura; asesinato; inhumación y exhumación ilegal de cuerpos; eliminación y desaparición de sus restos al interior del lugar», aseguraron.

La solicitud de declaratoria fue ingresada por la Asociación durante el año 2015, con el fin de recuperar y divulgar la memoria de la ex Colonia Dignidad, en orden a constituir allí un lugar de memoria que permita conocer el pasado de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico militar chilena en complicidad con habitantes del asentamiento alemán. Y tomando en cuenta casos previos de ex recintos de detención que han sido destruidos, la declaratoria tiene el propósito también de preservar la integridad física de lugares relevantes asociados a la comisión de violaciones a los derechos humanos.

Esta solicitud está respaldada por la sentencia del caso seguido por el secuestro de Álvaro Vallejos (rol 2.182-98), en la cual se declara la obligación del Estado chileno de construir un sitio de memoria en el lugar, el cual deberá recoger los antecedentes que enseñen y fijen los sitios de encierro y tortura de las víctimas, y las fosas de inhumación clandestina de personas; y que no solo se incluirá la exposición de la identificación, determinación y señalización de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, sino que, además, el Estado de Chile deberá tomar las medidas de preservación de los sitios – hallazgo de fosas comunes.

Actualmente se están desarrollando procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos que involucran a la ex Colonia Dignidad, por lo cual proteger infraestructuras y espacios que aparecen mencionados en testimonios y declaraciones, resulta fundamental para la consecución de verdad y justicia. Pretender intervenir, destruir o alterar esos espacios es atentar contra las posibilidades de conocer u juzgar los crímenes ocurridos en ese lugar.

«Como Asociación manifestamos nuestro rechazo a las acciones dirigidas a la invalidación de la declaratoria de Monumento Nacional que ha presentado la ex Colonia Dignidad a través de las tres sociedades comerciales que hoy la conforman, y que para ello han sido representadas ante el Estado por el abogado Mauricio Hormazabal Valdés, funcionario público de la Superintendencia de Energía y Combustibles, dependiente del Ministerio de Energía», enfatizaron.

Además, aseguraron que «estas acciones u otras que pretendan detener el proceso de verdad, justicia y memoria que como sociedad civil hemos iniciado en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ex Colonia Dignidad, se encontrarán con el rechazo tanto de nuestra Asociación como de todos los sectores y actores de la sociedad chilena que apoyaron la declaratoria, y que trabajan por los derechos humanos en Chile».