La ratificación de la Corte Suprema de la rebaja de la pena a Mauricio Ortega de 26 a 18 años por el crimen contra Nabila Rifo, tras recalificar el delito de «femicidio frustrado» a «lesiones graves», bajo el argumento de no «estar debidamente demostrada la intención de matar», deja un pésimo precedente del papel del Estado en la lucha por acabar con la violencia contra las mujeres.
Recordemos que la sentencia fue ratificada el mediodía de este martes por cuatro votos a favor y uno en contra de los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, donde el ministro Lamberto Cisternas, quien preside la instancia, sostuvo que “la secuencia de los hechos nos hacen llegar a la conclusión de que no está cabalmente demostrada la intención de matar. No decimos que no haya intención».
En este contexto, El Ciudadano conversó con Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, quien sostiene que este fallo es una nueva demostración de «violencia institucional» contra la mujer y que es una clara señal de que «el Estado de Chile no está sancionando ni previniendo la violencia contra las mujeres».
«Este precedente judicial nos indica que la vida de las mujeres no tiene importancia para la Justicia», recalca del Valle.
¿Cuál es la connotación del fallo que emite la Corte Suprema?
Nos parece una muestra más de violencia institucional contra las mujeres, así de sencillo. Nosotras consideramos que es un fallo que no se ajusta a derecho, por cuanto la intención femicida se observa en el hecho por el cual se condena a Ortega: él deja a Nabila tirada en la calle, con temperaturas bajo cero, semidesnuda, vuelve en dos oportunidades a golpearla… Eso está probado y pensar que eso sólo buscaba lesionar es una forma de violencia institucional que no sólo afecta a Nabila Rifo, sino que a todas las mujeres. Nos deja en una posición para pensar que el Estado no nos está protegiendo.
¿La decisión de la Corte Suprema viene a ratificar la falta de desarrollo del Estado y las inocuas políticas públicas en materia de género?
Esto da cuenta del desconocimiento de las normas internacionales que obligan al Estado de Chile y una falta de conciencia con respecto al problema político y social que constituye la violencia contra las mujeres, no hay una adaptación de las interpretaciones jurídicas a la realidad que estamos viviendo y no hay una empatía con la víctima ni tampoco con las otras mujeres que estamos viviendo violencia cotidiana y naturalizada por la sociedad. Se da una señal que el Estado de Chile no está sancionando ni previniendo la violencia contra las mujeres y esta sería una de las explicaciones para señalar que en el país, a la fecha, tengamos 38 femicidios.
El proceso de Nabila ha sido grosero en la forma como se ha tratado. ¿Esta es otra manera de violentar?
Ha sido generalizado por parte de los operadores del sistema de justicia, acá todos estos actores estatales se han dado el lujo de tratar de «tú» a la víctima, cuestión que en otros casos no sucede; o con otra condición socioeconómica no se les trataría así, incluso al agresor no se le trato de tú. Hay negligencias por parte de la fiscalía, que no pudo acreditar las amenazas de muerte por faltas en la redacción de la acusación del fiscal; hubo maltrato y una estrategia comunicacional violenta en todo el proceso de investigación por parte de la Defensoría Penal Pública, donde los defensores penales, en vez de defender al imputado, buscaron desacreditar a la víctima. Incluso, sin ninguna vergüenza, uno de los defensores llegó a decir que era más barata la muerte de Nabila que su juicio.
¿Hay un tema de clase ahí también?
Tiene que ver con la clase, porque si se tratara de una víctima que tenga vínculos con el poder, la relación que hubiesen tenido estos actores jurídicos habría sido diferente. Pero esto es una cuestión de género, porque hemos visto casos donde mujeres violentada con estatus económico alto también han sufrido discriminación por parte de los actores jurídicos. También existe una falta de adaptación del Derecho a la realidad que día a día viven las mujeres.
Considerando el hecho político de esta sentencia, fuera del precendente jurídico que significa y la lucha de las mujeres, ¿cómo se proyecta el tema de género en estos tres aspectos?
Esto es gravísimo, ya que es una pésima señal del máximo tribunal de justicia, tal como ha sucedido en otras ocasiones, tanto que hay resoluciones judiciales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado sin efecto. Este precedente judicial nos indica que la vida de las mujeres no tiene importancia para la Justicia. Para quienes transitamos por la vía pública, en nuestras relaciones íntimas, familiares o con extraños, si somos mujeres no vamos a tener la protección del Estado y que debe brindarnos el Estado. Es una muy pésima señal desde lo jurídico, desde lo político, desde lo social, pero tenemos la esperanza de que podamos reaccionar ante este fallo y poder impulsar un cambio de apreciaciones respecto de que la vida de las mujeres debe cambiar.