¿Reinserción o círculo vicioso? Estudio expone cómo las cárceles y los territorios perpetúan el delito en Chile

En la actualidad, la población penal de Chile supera las 50 mil personas, una cifra que continúa incrementándose. De ese grupo, se estima que el 43% regresará a las cárceles.

Una investigación realizada por el profesor de la Facultad de Derechode la U. de Chile, Álvaro Castro, en coautoría con un grupo académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, analizó cómo la interacción de aspectos institucionales, territoriales e individuales influyen en la dinámica de la reincidencia delictual en nuestro país.

Esta investigación se remonta a mediados de 2019 cuando nació el proyecto CLOOB (Chile, out of the box) en el seno del Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile, LEXEN, el cual tuvo como finalidad buscar una metodología abierta para identificar reformas que reimpulsaran el desarrollo integral de Chile.

Esta iniciativa permitió concluir que “hay que pensar fuera de la caja” para promover la reflexión académica de políticas públicas.

De este modo, se llevó a cabo una convocatoria y se presentaron 77 proyectos nacionales e internacionales. De los cuales se escogieron 12 que están compilados en un libro que lleva por título “Pensando Chile fuera de la caja”, de Editorial Universitaria.

Uno de los estudios que integra este texto es la investigación “Reincidencia delictual en Chile: Analizando la confluencia de factores institucionales, individuales y territoriales”, realizada por el profesor Álvaro Catro, del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, junto a los académicos de la Facultad de Ciencias Sociales, Guillermo E. Sanhueza y María Antonieta Urquieta.

Este trabajo explora la interacción de aspectos institucionales, territoriales e individuales en la reincidencia delictual.

Antes de esta investigación, existían solo dos estudios previos sobre reincidencia delictual, realizados por la Fundación Paz Ciudadana (2013) y por Gendarmería de Chile (2013), en los cuales se estimó la reincidencia general entre 42%-50% para quienes egresan de la cárcel.

Asimismo, se consideraron como covariables relevantes aspectos individuales de los ex reclusos (como las características criminológicas y sociodemográficas) y algunas dimensiones institucionales, como la participación en programas de educación y/o trabajo.

“Nuestro estudio se focalizó en los otros factores que también explican la reincidencia delictual, analizando la influencia conjunta de características individuales, institucionales y territoriales”, explicó Castro.

Explicó que para llevar a cabo este estudio se constituyó una muestra con individuos (hombres y mujeres) privados de libertad, que estaban cumpliendo condena (2017) en cinco cárceles chilenas: Colina I, CPF Santiago, CP Valparaíso, CCP Bio Bio, CP Rancagua.

Los hallazgos dieron cuenta que el 43,2% reincidía. La gran mayoría de la reincidencia consistió en delitos contra la propiedad (robos, robos no violentos, hurtos) y un 36,1% (184 casos) tenían al menos dos delitos asociados a dicha reincidencia, en más de 70 combinaciones.

Al ser consultado sobre las razones que llevan a este 43% a regresar a la cárcel, el académico indicó que esa cifra «va de la mano con las estimaciones de los dos estudios del 2013».

«En nuestras variables (individuales, institucionales y territoriales) pudimos confirmar que los hombres tienen mayores probabilidades de reincidencia que las mujeres; que mientras más joven se comienza el camino delictual, mayores probabilidades hay de reincidencia; los jóvenes que han pasado por el ex Sename tienen más probabilidades de reincidencia en la comisión de delito. Esto lo intuíamos, pero lo comprobamos. Lo que da cuenta de la importancia de enfocarse en la infancia. Tiene que haber un interés país de trabajar en ello y esto implica inyectar recursos, modernizar las normas, perfeccionar a los funcionarios», planteó.

Derechos en el interior de la cárcel y probabilidades de reincidencia

Sobre las variables institucionales que se tomaron en cuenta, el profesor Castro señaló que les interesó poner el foco en la percepción de los privados de libertad sobre si se les respetaban o no sus derechos y la relación con los funcionarios.

«Estos son los puntos para medir el clima de funcionamiento dentro de una cárcel y a eso nos referíamos con factores institucionales. Mientras mayor lesión de derechos en el interior de la cárcel más probabilidades de reincidencia. Y las malas relaciones con los funcionarios penitenciarios, si el interno es objeto de decisiones arbitrarias, sin fundamentos, aumentan las probabilidades de reincidencia», sostuvo.

Sobre la relevancia del territorio para la reicidencia, planteó que uno de los objetivos trazados fue poder verificar dónde van y dónde terminan viviendo las personas una vez que cumplieron su condena o están en libertad condicional. «Y determinar cuáles son las características que tienen estos lugares, si existen las condiciones en esas comunas para apoyarlos en la reinserción».

Tras el desarrollo de la investigación se encontraron con el hecho de que «la mayoría de las personas salen de la cárcel y se van a poblaciones con desventajas sociales, donde el apoyo estatal no tiene la misma intensidad».

«Por ejemplo, en Santiago esta población se concentra en la zona sur: San Bernardo, La Pintana, Puente Alto. Esto es una fotografía que nos permite proyectar políticas públicas. Si nos interesa disminuir la reincidencia, deberíamos estar desarrollando proyectos sociales que permitan acoger no solamente a estas personas, sino también a los vecinos de esas comunidades para disminuir los factores de reincidencia. Ahí se necesitan acciones que giren en torno a educación, proyectos sociales, deportivos, etc», explicó el profesor de la Facultad de Derechode la U. de Chile

Llamado a asegurar la reinserción social

Debido a que el trabajo de campo se hizo en 2017, Castro fue consultaso sobre si ¿7 años después mantiene vigencia?

Al respecto, indicó que este tipo de estudios sacan una foto que permite detectar problemas y proyectar políticas públicas.

«Obviamente la idea es que estos se realicen con cierta frecuencia y ese es uno de los problemas que existen en Chile; lamentablemente a diferencia de otros países, este tipo de estudios no se hacen con la periodicidad que se debería», dijo, citado en una nota de prensa de la casa de estudios..

Hasta el 2018 Chile tenía cerca de 45 mil personas privadas de libertad y en la actualidad hay más de 50.000 y la cifra sigue subiendo. Ante este escenario, el académico destacó que el trabajo de reinserción toma una relevancia urgente.

“El apoyo de la cárcel en los procesos de reinserción es fundamental. Y nuevamente nos lleva a replantearnos la manera en que estamos gestionando las cárceles. Necesitamos asegurar la reinserción social. Para ello se requieren funcionarios dialogantes, que se respeten los derechos fundamentales dentro de la cárcel, penales que se administran justamente, con toma de decisiones que sean fundamentadas, justificadas y sin niveles de violencia”, expuso.

“Necesitamos también una institucionalidad preocupada de la reinserción”, cerró.