Revelan que Gobierno de Piñera habría comprado 20 mil cartuchos antidisturbios cuando ya se sabían que estos provocaban masivas lesiones

Informes y oficios secretos intercambiados entre Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Cancillería, revelan que el gobierno de Sebastián Piñera gestionó la compra urgente de 20 mil cartuchos de perdigones a dos meses de iniciado el estallido social, a pesar de que ya se sabían de las graves lesiones oculares que estaban causando a los manifestantes.

Para configurar un delito de lesa humanidad, debe acreditarse que hubo un ataque “sistemático” o “generalizado” contra la población, lo que pone sobre la mira al anterior gobierno.

De acuerdo con un reportaje publicado por Ciper, “en la causa por eventuales crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía analiza esta adquisición porque se hizo cuando La Moneda ya conocía las graves lesiones que provocaba esta munición”.

De la investigación realizada por el citado medio se desprende que los informes contienen información sobre las gestiones conjuntas, secretas y urgentes de los ministerios del Interior y Cancillería para concretar la compra y transporte de este armamento desde Brasil, el 27 de diciembre del 2019, a pesar que diversas organizaciones, como ONU, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Colegio Médico, advertían sobre daño que causaban en las y los ciudadanos que salió a manifestarse a las calles durante la revuelta.

Agresión del Gobierno de Piñera contra los manifestantes

El medio reveló que desde marzo la Fiscalía ha desarrollado tres líneas de investigación «que apuntan a demostrar que bajo el gobierno de Sebastián Piñera pudo configurarse una agresión generalizada contra la población que participó en las manifestaciones del estallido social, sin que la autoridad tomara medidas efectivas para evitarlo».

«El primer pilar de estas pesquisas comprobó de manera documentada la coordinación que desplegaron diversas instituciones del Estado para garantizar el uso de las escopetas, pese a los sucesivos eventos que terminaron con lesiones provocadas por estas armas. En ese contexto el Ministerio Público revisó oficios e informes de Interior, Carabineros y la Cancillería, referidos a garantizar la compra y transporte inmediato de 20 mil cartuchos de perdigones calibre 12 desde Brasil», destacó el reportaje.

Para el 27 de diciembre del 2019 ,cuando se gestionaba la compra de  20 mil cartuchos de perdigones calibre 12, provenientes de la empresa CBC, con sede en Porto Alegre, Brasil, la administración de Piñera había admitido las fallas en la aplicación de los protocolos policiales, y el número de personas con lesiones oculares superaba los 350 según los registros del INDH y los informes de Amnistía Internacional y Human Right Watch ya eran públicos.

Asimismo, un informe secreto que Carabineros entregó al Ministerio Público, confirma que sus funcionarios percutaron un total de 188.100 cartuchos con gas irritante CS a los manifestantes, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Mientras que el cuerpo policial informó-en respuesta a una solicitud de Transparencia- que sus funcionarios dispararon 104 mil tiros de escopeta solo en las dos primeras semanas del estallido social

Otro hecho que apunta a reforzar la idea de crímenes de lesa humanidad, es que Carabineros de Chile, bajo el mando del general Mario Rozas, gestionó con el Ministerio del Interior y la Subsecretaria, a cargo de Gonzalo Blumel y Juan Francisco Galli, respectivamente, gestionó $18.000 millones para concretar el pago de gratificaciones a los funcionarios que ejecutaron labores de control público durante el estallido social, pese a que para ese momento existían denuncias internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Correos borrados

Cabe recordar que esta causa es seguida por la fiscal Ximena Chong, que en marzo pasado solicitó al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la entrega de los correos de los exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado. Sin embargo, esos emails fueron borrados por las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera.

«La mayor dificultad para la fiscal Chong -al igual que para su antecesora- fue obtener evidencia de que luego del estallido social existió un ataque “sistemático” o “generalizado” contra la población civil», destacó Ciper.

A pesar de que los correos electrónicos fueron borrados, otros documentos recabados por la Fiscalía revelan que desde el comienzo del estallido social, las autoridades velaron por garantizar el abastecimiento de equipos y municiones para Carabineros, a pesar de las denuncias reiteradas de violaciones a los derechos humanos, que fueron respaldadas incluso por organismos internacionales.