La edición nº 234 de la revista El Ciudadano ya está en los kioscos a lo largo de todo Chile.
Junto a la entrevista en profundidad al ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la que el otrora mandatario aborda la “traición” de Lenín Moreno, el proceso contra Julian Assange, la arremetida de la derecha en Latinoamérica, la figura de Salvador Allende y un eventual segundo gobierno suyo, entre otros temas, en esta nueva entrega hemos querido sumergirnos a través de un especial periodístico en la alarmante realidad del abuso y la violencia policial en la actualidad.
En periodismo hay una suerte de dogma que sostiene que una ‘noticia’ se da cuando un hombre muerde a un perro. Es decir, será digno de destacar informativamente aquello que escape a lo habitual.
Lamentablemente, es eso justamente lo que ocurre en nuestro país con el actuar policial al margen de la ley, especialmente el de Carabineros. Es ya tan natural el proceder abusivo, está tan aceptado y legitimado por las autoridades y los medios de comunicación tradicionales, que pareciera haber dejado de ser un hecho noticioso. Lo único importante es cuando el civil ‘muerde’ al uniformado.
De ahí en parte nuestro interés en destacar en una edición especial las brutales experiencias que han padecido en los últimos años, en plena democracia, civiles de distintas áreas del quehacer, mayores y menores de edad, en manos de miembros de la policía. El objetivo es visibilizar y cuestionar prácticas que -como sostiene en la entrevista realizada para esta entrega la abogada de la Defensoría Popular, María Magdalena Rivera- evidencian una continuidad de aquellas usadas durante la pasada dictadura cívico militar.
A través de la conversación con la jurista -voz autorizada para hablar de esta problemática- intentamos comprender los elementos que han permitido justamente la perpetuación del abuso y la violencia de miembros de instituciones como la de Carabineros. Una realidad que incluye desde golpes, insultos y torturas durante la detención de un manifestante, pasando por desnudamientos en comisarías y secuestros en esos mismos contextos, hasta la desaparición de civiles en situaciones distintas a una movilización, como lo ocurrido al joven José Vergara. Un muchacho pobre de Alto Hospicio, hoy en calidad de detenido desaparecido luego de que su padre -quien otorgó una entrevista a El Ciudadano para esta edición- decidiera en 2015 confiar en la policía uniformada para poder controlarlo frente a una crisis por la esquizofrenia que padece.
¿Qué dicen las ONG que han decidido alzar la voz en contra de las agresiones sufridas por las alumnas del Liceo 1 de Niñas, por ejemplo; o las integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas ante la violencia sexual policial de la que hemos sabido más en el último tiempo gracias al crudo relato de una joven profesora de Copiapó obligada a desnudarse al interior de una comisaría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la violencia de los agentes del Estado en contra de los niños y niñas mapuches en La Araucanía? ¿Cuál es el diagnóstico de los juristas que han conocido de cerca esta estremecedora realidad?
Esas son también algunas de las miradas que quisimos integrar en este especial, al igual que la del abogado Julio Cortés, quien en una sólida columna aborda los alcances de los distintos controles de identidad realizados sistemáticamente por Carabineros de Chile.
Por último, son parte de esta nueva entrega las historias y reflexiones de aquellos que han sido privados de libertad injustamente por el actuar malintencionado y prejuicioso de los funcionarios policiales. Cuatro experiencias vividas por Pedro Mendoza, Víctor Hugo Montoya, Jorge Mateluna y Luis González, quienes nos cuentan cómo es la vida después de haber sido protagonistas de esa pesadilla judicial que Franz Kafka describiera magistralmente en su obra El Proceso.
El abuso y la violencia policial erosionan peligrosamente los pilares de la democracia y, de paso, ponen en duda la legitimidad que supuestamente poseen las autoridades locales para accionar internacionalmente en contra de lo que consideran violaciones a los Derechos Humanos por parte de gobiernos de otra naciones. En Chile la policía detiene ilegalmente, agrede, tortura, secuestra, encarcela injustamente y hace desaparecer personas. No reconocerlo y actuar negligente e indolentemente ante esa brutal realidad, es contribuir a que ella siga ocurriendo.