Un primer informe del material que sale a la luz 33 años después de la guerra fue entregado esta semana por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la Comisión Nacional de Ex Combatientes, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenará -a través del decreto 503/15- la desclasificación de toda la documentación vinculada a Malvinas que se encontraba en los archivos de las fuerzas armadas.
«Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las propias fuerzas armadas y serán un gran aporte para la justicia», manifestó a Télam Ernesto Alonso, titular de la comisión de ex combatientes e integrante del CECIM de La Plata, que motorizó en 2007 la denuncia ante la justicia por las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados durante el conflicto bélico.
Entre la documentación desclasificada, se encuentran las denominadas «actas de recepción» que debieron completar los soldados a su regreso al continente, al término de la guerra, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados en las islas.
Los documentos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, digitalizada por el equipo de archivos de esa dependencia y su inventario puede ser consultado en la web www.archivosabiertos.com.
«La documentación es muchísima. En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios -clasificados como secretos- acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por compañeros que relatan lo que vieron», explicó a Télam Stella Segado, directora de Derechos Humanos de la cartera de Defensa.
La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron pie de trinchera -congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno-, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.
La información desclasificada será remitida en los próximos días a la justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde tramita la causa por abusos sufridos por soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.
Una de las actas, a la que accedió Télam, da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial «lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas», u otro de un sargento que recibió patadas en los testículos por lo cual debió ser operado.
Otro documento secreto -firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra- revela un plan de la dictadura para ocultar esos delitos cometidos en las islas.
En el texto -rotulado como «secreto» por el Ejército- Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas y vejámenes que aplicaron a los conscriptos, en una nota dirigida al comandante del V Cuerpo del Ejército.
En esa nota, a la que también pudo acceder Télam, se indica que a la hora de impulsar una investigación interna, los vejámenes fueran considerados como simples «faltas disciplinarias» y que en los casos en que sea imposible por la gravedad del hecho, que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema.
«En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva», fue la orden escrita por Nicolaides, a fin de evitar filtraciones a la sociedad en un momento en que los dictadores procuraban conservar el poder tras la derrota en la guerra.
«Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente», explicó Alonso, quien adelantó que todo el material desclasificado también será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los ex combatientes recurrieron a esta instancia por «negación de justicia» luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara prescripta la causa y clausurara la investigación.
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