Envalentonada la fuerza pública con este fuero, y al amparo de la represiva Ley de (in)Seguridad Ciudadana, la más mínima protesta en Colombia está enfrentando niveles de represión apenas imaginables: a finales de Mayo, por ejemplo, los pobladores de Zona Bananera (Magdalena), protestaron pacíficamente en la troncal del Caribe exigiendo agua potable. La respuesta oficial no se hizo esperar, y el ESMAD terminó hiriendo a seis manifestantes y asesinando a un bebé de 7 meses de edad[4]. Montajes judiciales y operativos masivos han sido adelantados en diversas localidades, como Tumaco (Nariño)[5] e Ituango (Antioquia)[6]. Quienes se enfrentan a megaproyectos como la represa El Quimbo, han enfrentado semejante suerte. El Estado está dejando en claro, mediante una represión en masa, que no permitirá que nadie se interponga en sus “locomotoras” del supuesto desarrollo.

Un breve recuento de la delicada situación humanitaria que viven las regiones rurales en Colombia, servirán para ilustrar que estamos ante una política nacional deliberada. La lista que acá resumimos no agota todos los innumerables casos de violencia contra el campesinado, sino que representa algunas de las situaciones más graves de las que tenemos noticia.

Quizás los hechos más graves hoy en Colombia se viven en el Catatumbo, región de siete municipios (Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, El Carmen, Tibú y Hacarí) en Norte Santander. En esta región, desde el 11 de Junio se viene desarrollando una importante movilización de una muchedumbre desesperada de más de 4.000 campesinos en Tibú y 6.000 más en Ocaña, convocada por la organización campesina ASCAMCAT, que viene exigiendo que se acabe el incumplimiento del Estado y se decrete la zona de reserva campesina, la cual ha sido vetada ilegalmente por el Ministerio de Defensa que la ve como una piedra en el zapato para el desarrollo de su estrategia contrainsurgente en la región, la cual precisa de la militarización y la represión masiva. También demandan que se suspenda inmediatamente la agresiva política de erradicación de cultivos ilícitos con la cual se atropella a la comunidad y se les deja sin alternativas económicas para enfrentar la miseria y el hambre, que se suspenda la consolidación militar en la región así como los proyectos minero-energéticos que representan una amenaza para los campesinos, así como que se apoye y financie el Plan de Desarrollo Sostenible desarrollado por las organizaciones campesinas[7].La respuesta represiva por parte del ESMAD ha sido brutal: “Uso de armas de fuego, uso desproporcionado de armas antidisturbios contra los campesinos, incendio de una casa, destrucción de las pertenencias de los movilizados, destrucción de hamacas, destrucción e intoxicación de los víveres y de la comida preparada de los manifestantes, torturas a manifestantes y a civiles que estaban por fuera de la manifestación, destrucción de carros y motocicletas, persecución a un comunicador de Anzorc, insultos y señalamientos”[8]. El Ejército, mientras tanto, ha hecho presencia con tanquetas a lo largo de las carreteras y ha colaborado con la represión. Si ha habido algo de violencia por parte de los campesinos, ha sido sólo cuando cansados de estos abusos han respondido en legítima autodefensa a los atropellos de la autoridad: “Cuando el pueblo se organiza, cuando reclama sus derechos, el gobiernos estigmatiza y trata de ponernos como lo peor… aquí no hay vandalismo, nosotros no hemos quemado casas y eso tiene que quedar muy claro; aquí está el pueblo organizado luchando por lo que por años se nos ha sido negado….se nos han incumplido muchos acuerdos , como la constitución de la Zona de Reserva Campesina, la puesta en marcha de los proyectos productivos y la sustitución progresiva de los cultivos ilícitos”[9].La represión ya ha dejado varios detenidos y decenas de heridos, muchos de ellos de gravedad; sabemos, por ejemplo, de personas que sufrieron amputaciones de manos a causa de explosivos con esquirlas que el ESMAD está utilizando contra los manifestantes, junto a otras armas potencialmente letales, como bombas aturdidoras, granadas de fragmentación y balas de goma y plomo. Uno de ellos, el campesino de Hacarí, Vladimir Pérez, perdió sus dos manos y un ojo[10]. Incluso, el día 20 de Junio, se denunció el disparo de ráfagas de ametralladora por parte del ejército contra los manifestantes. Varias organizaciones y movimientos sociales se han solidarizado de esta lucha. En Cúcuta al menos 350 presos han declarado la huelga de hambre para solidarizarse de los campesinos, demostrando con esta acción solidaria, que la cárcel es una trinchera más de lucha [11]. Denuncian ellos que más de 400 campesinos de la región han sido judicializados mediante montajes como parte de la estrategia de consolidación[12].

Ayer 20 de Junio, que se logró establecer una mesa de negociación, los delegados campesinos de ASCAMCAT la rechazaron debido a lo que consideraron el “chantaje militar”: la presencia del general de Policía Rodolfo Palomino, responsable de la represión, y el comandante Marcolino Tamayo, de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército[13]. Resulta ser una provocación que si los campesinos protestan contra los abusos de la militarización y la “consolidación militar”, se invite al estamento castrense a una reunión en la que no tienen nada que aportar.

La situación en Tolima es gravísima: desde hace unos años, que se declaró zona de consolidación militar en el sur del departamento, ha comenzado una persecución espantosa de los campesinos y su organización sindical, Astracatol, que en marzo del 2011 dio como resultado a dos de sus dirigentes asesinados, Gildardo García y Héctor Orozco. En el período entre noviembre de 2011 y marzo del 2012, los dirigentes y miembros de Astracatol de la seccional Chaparral, más específicamente de La Marina, recibieron un nuevo golpe represivo con el arresto de Edwin Lugo Caballero, José Norbey Lugo Caballero, Arcesio Díaz, Aycardo Morales Guzmán, Saan Maceto Marín, Fredynel Chávez Marín, Alexander Guerrero Castañeda y Armando Montilla Rey. Existe evidencia oficial de que las acusaciones contra estos campesinos son hechas por falsos testigos y hasta existe una denuncia ante la Fiscalía General por esta grave situación que es, a todas luces, un montaje judicial de lo más burdo. En marzo el ejército acosó y retuvo ilegalmente, por 24 horas, a los dirigentes de Astracatol, Maribel Oviedo, Onán Cortez y Osiel Giraldo, en el municipio de Rovira. Más tarde, el día 9 de mayo, se procedió a la detención masiva nuevamente de dirigentes de Astracatol, esta vez en el municipio de Dolores: Ramiro Bazurdo González, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Cangrejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García[14].Sumemos a esto, el ambiente de amedrentamiento y persecución que se está imponiendo de la mano de los proyectos minero-extractivos en la región, principalmente, por la concesión prácticamente de todo el municipio de Cajamarca a la multinacional AngoGold Ashanti para el proyecto de oro La Colosa, el cual es insostenible de una perspectiva ambiental y social. La comunidad que se viene movilizando contra este proyecto, fundamentalmente en Anaime, ya han recibido señalamientos por parte de la empresa y de la fuerza pública. Durante el mes de abril, campesinos de Doima, en el municipio de Piedras, protestaron contra la AngoGold Ashanti y sufrieron tanto del hostigamiento de la tropa como de las agresiones del ESMAD[15]. Hasta el momento, no hemos tenido capturas masivas en estos departamentos, pero está cantado que la represión no tardará en dejarse caer mientras el pueblo y sus organizaciones no estén dispuestos a dejarse envenenar por la codicia de unos cuantos.

En la zona del Alto Ariari se vienen adelantando operaciones militares de gran envergadura en la que se está sistemáticamente afectando a la población civil: retenciones ilegales, bombardeos indiscriminados y requisas de alimentos y combustibles a los campesinos. En febrero, militares de la IV división, junto con bombardear cultivos en la vereda La Esmeralda y robar comida a los campesinos, retuvieron a dos menores de edad, de 5 y 6 años, y los usaron como moneda de cambio para interrogar a su madre. El 11 de abril, paramilitares, que asisten en el marco de las operaciones contrainsurgentes al ejército, asesinaron y torturaron (cercenándole los dedos y arrancándole los ojos) al campesino José Rogelio López. En mayo capturan irregularmente a Jhon Jaime Vega Cruz, miembro del sindicato campesino Sintragrim [16].En ese departamento también, el día 26 de mayo el ejército arrestó, en un nuevo montaje judicial, al alcalde de La Uribe Marcelino Chacón, al concejal Edwin Conde y a la secretaria de inspección de La Julia, Nohora González. Dentro de este montaje para acosar a miembros de la Marcha Patriótica y de Sintragrim, también arrestaron a Edgar Cruz, Wilson Vaca Camacho, Luis Idarraga, Narciso Hernández, Yolima Lozano, Numael Páez, José Darío Leyva Gutiérrez, Andrés Galán, Fabio Lotero y Luis Fdo. Mejía[17].

Este es uno de los departamentos más afectados por la ofensiva militar del ejército que ha sido cínicamente llamada “Espada de Honor”. Los hechos de violencia en contra de los campesinos, así como contra las comunidades afrocolombianas e indígenas, son innumerables, pero muchos de ellos van enmarcados en este mismo patrón que vemos a lo largo y ancho del territorio colombiano. En el norte del Cauca (Corinto, Guachené, Toribío, Caloto y Caldono), en junio del 2012, se detuvieron a 26 personas, incluyendo funcionarios públicos, por supuestos vínculos con la insurgencia: entre ellos había funcionarios públicos como Neisair Ramos Navas y Félix Manuel Banguero, y dirigentes campesinos e indígenas como Albeiro Secue Biscue, Francisco Pilcue Ulcue, Jhon Moreno Restrepo, Jhon Jairo Cifuentes, Fernando Israel Méndez, Edinson Pachón Ramírez, José Alfredo Ocampo, Óscar Iván Gugú, Jesús Yonda Muñoz, Julio Seque, Fernando Diego Motato, Yovanny Buitrago Amariles y los hermanos Rafael y Sergio Ulcue Perdomo[18]. En Caloto, en agosto del 2012, el ejército asesinó en un operativo de los llamados “falsos positivos” al campesino Daniel Valenzuela Mosquera y luego procedió a arrestar masivamente a Gerardo Barona Avirama, James Barona Avirama, Wilson Castrillón Candela, Francia Helena Valencia, Daniel Secué, Jhon Alonso Bonilla, Martha Lucía Piyinué, Idilvio Vitonas, Guillermo Urrea, Manuel Jesús Guetía Acué y Luis Enrique Bedoya[19].Entre marzo y mayo se ha reprimido duramente al campesinado y las comunidades caucanas: el 11 de marzo paramilitares emite una amenaza de muerte contra una serie de dirigentes políticos y sociales caucanos, vinculados a la Marcha Patriótica, a ANZORC y a Sinpeagric; el 17 de abril, en el Guayabal, Argelia, se desplazan 295 campesinos a causa de las operaciones contrainsurgentes del ejército; entre el 22 y 24 de abril, el ESMAD llega a la vereda Calibio, Popayán, robando y atropellando a la población, deteniendo ilegalmente y torturando a pobladores, llevándose a Samir Anacona y Donasis Rendón; el 25 de marzo es asesinado Gustavo Adolfo Pizo, dirigente de Asocat, en la zona de reserva campesina de Totoró; el 30 de marzo en Caldono el ejército asesinó al indígena nasa Álvaro Chocue Ramos; a fines de abril, el ejército arrestó a 17 jóvenes en Puerto Tejada inculpándolos de auxiliadores del Frente 6 de las FARC-EP; el día 15 de mayo se produjo nuevamente un asesinato “falso positivo” en Patía, en el cual la víctima del ejército fue el campesino Leonardo Escorcia[20]

La Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica ha sido víctima de una campaña sistemática de represión por parte de la Brigada 27. Los bombardeos constantes del ejército han terminado por desplazar a unas 50 familias entre abril y mayo. También en esas fechas, Deison Javier Rodríguez Cardozo, un dirigente campesino de la región fue detenido ilegalmente por el Ejército quienes lo reclutaron forzadamente[21]. El 24 de mayo en Puerto Leguizamo el ejército capturó a los dirigentes y miembros de la asociación campesina del Putumayo ASCAP, Wilmer Madroñero, Oswaldo Arcos, José Harry Rendón y Juan Clímaco Vega, los cuales fueron finalmente liberados por el Juez de Control de Garantías de Puerto Asís debido a la ilegalidad de la captura[22].

Similares situaciones han sido denunciadas en el Guaviare por parte de las asociaciones campesinas que denuncian que en el marco de las operaciones contrainsurgentes del Estado se les violenta y vulnera permanentemente. En este contexto es que el dirigente campesino de Asocatragua y miembro de Marcha Patriótica, Alonso Lozano, es desaparecido, siendo su cadáver sin vida descubierto varios días después[23].

Una situación particularmente grave la viven los reclamantes de tierras, campesinos desplazados que buscan retornar a su tierra, quienes se han visto victimizados por los llamados “ejércitos anti-restitución” que no son más que los mismos paramilitares, actuando en connivencia con las autoridades locales, los terratenientes y la fuerza pública. Este fenómeno es especialmente fuerte en la costa atlántica, pero no exclusivo de esta región[24]. Tenemos recientemente el caso del secuestro y asesinato de Heriberto Rivera Catalán a fines de mayo en los Montes de María (Bolívar)[25]. La comunidad de Las Pavas (Bolívar) también ha venido denunciando desde mayo un notorio incremento de las amenazas y hostigamientos en su contra, muchas veces de mano de miembros de la seguridad de la empresa Aportes San Isidro[26]. La comunidad de Pitalito (Cesar) también ha venido sufriendo hostigamiento y acoso por parte del ejército y de guardias privados del agroindustrial Juan Manuel Fernández de Castro, desde que retornaron a su territorio el pasado 21 de mayo[27].Mención aparte merecen las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó, desplazados en los ’90 por el ejército y paramilitares al servicio de bananeros, narcotraficantes, ganaderos y palmicultores, que continuamente sufren de hostigamientos y señalamientos por parte de la fuerza pública y paramilitares, llegándose al asesinato y tortura de los reclamantes Manuel y Samir Ruiz en Marzo del 2012[28]. En Febrero, el padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a estas comunidades, sufrió un atentado que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales[29].Tomando en cuenta el alto número de reclamantes de tierras asesinado desde que Santos anunció con bombos y platillos su política de restitución de tierras el 2010, tal parece que la única tierra que se restituirá a los campesinos es aquella con la que cubran sus fosas.

Muchos hemos visto con “moderado optimismo”, como está en boga decir, pero a la vez con escepticismo, las actuales negociaciones de paz que se están llevando entre las FARC-EP y el gobierno nacional[30]. El problema real no es la voluntad de paz de los insurgentes, los cuales no han parado de llamar a una solución negociada al conflicto desde su misma formación como grupos de autodefensas campesinas ante la violencia del Estado, y que han asumido siempre estas negociaciones con extraordinaria buena fe y persistencia ante los constantes golpes de los “enemigos agazapados de la paz”. Donde tenemos nuestras dudas es en la voluntad de paz de la oligarquía más sanguinaria del continente, que utilizó dos procesos de paz anteriores para exterminar a la oposición y aumentar su pie de fuerzas militar –en 1984 mediante el exterminio de la Unión Patriótica, en 1998 mediante la unificación nacional de los ejércitos paramilitares en las AUC y la negociación del Plan Colombia. Más aún, nuestras dudas se refieren a qué tipo de paz es la que está pensando esta oligarquía para Colombia –una paz en la que coexista la opulencia y el hambre, el latifundio y la escasez, el ejército más grande del continente y la falta absoluta de derechos[31].Abordar seriamente el tema de la paz requiere de tiempo y de echar mano a las causas estructurales de la violencia (que es ante todo violencia de clases). En Colombia ha habido durante más de seis décadas un enconado conflicto armado, cuyas raíces se incrustan férreamente en las luchas populares por derechos, fundamentalmente, en las luchas agrarias por el derecho a la tierra y contra el despojo secular al que han sido sometidos los campesinos y las comunidades; hablar de paz requiere afectar las fuerzas materiales detrás de esta dinámica particular de la lucha de clases colombiana. Como lo plantea el analista Alex Vernot en un artículo escrito para la revista Dinero, Santos necesita plantearse si “¿Está dispuesto a tocar los intereses de los negocios que serían afectados por el planteamiento de las Farc? Intereses económicos de las multinacionales, de los terratenientes y de los ‘ricos’, como él también los llama. Si está dispuesto a hacerlo, la paz tiene una posibilidad real; de lo contrario, no habrá paz en sus términos ni en los términos de las Farc.”[32]El gobierno de Santos, que precisa de una paz acorde a los intereses de los grandes inversionistas extranjeras que han puesto sus ojos en las riquezas minerales y las posibilidades agroindustriales de Colombia, tiene que establecer un delicado equilibrio en el bloque en el poder, con sus generales, con sus narco-ganaderos y con las multinacionales, en este proceso de paz. Este bloque combina sectores dinámicos dentro del contexto de la globalización capitalista, con sectores de lo más regresivos y parasitarios (como los ganaderos, cuyo poder político desproporcionado es entendible solamente si se entiende la compleja maraña que articula al poder central a los poderes locales en el Estado colombiano[33]). Combina también, en una fuerte simbiosis, a los sectores mafiosos con la economía “respetable”. La necesidad de mantener este equilibrio en el seno de la oligarquía lo pone en una situación en la cual, avanzar en la negociación (o tomar en serio sus promesas de combatir al paramilitarismo o restituir tierras a los desplazados) lo puede alienar de un sector significativo del bloque dominante; pero detenerse en la negociación, puede llevar a un escalamiento del conflicto social y armado en un escenario en el que la protesta popular ha venido en alza y la dinámica del conflicto armado muestra una notable recomposición de la capacidad militar de las FARC-EP[34]. Recordemos que no es la insurgencia la que vuelve a la mesa de negociaciones, sino que el gobierno colombiano, quienes se habían levantado unilateralmente de ella a comienzos del 2002. Independientemente de lo que afirmen ciertos sectores, la mera existencia hoy de una negociación política representa un triunfo para el movimiento popular que lo ha venido reclamando de hace décadas y una demostración del poder de la insurgencia para forzar este escenario.

Esta situación explica en gran medida la política de Santos frente al tema de la paz y el campo que el columnista Antonio Caballero describe como “esquizofrénica”[35]. En realidad es una política contradictoria que refleja las contradicciones inherentes al modelo capitalista que se ha desarrollado en las últimas décadas en Colombia.

Yezid Arteta, en un interesante artículo, plantea que las reformas agrarias que exigen las FARC-EP podrían ser parte de la agenda de “cualquier partido moderno en Europa”[36]. El problema es que Colombia no está en Europa. Colombia ni es ni nunca será, Suecia. Ni Porto Alegre. Ni Irlanda. Colombia es Colombia. Enfatizando el talante “reformista” de las propuestas farianas, también el comandante guerrillero Andrés París dice que ellos ya han hecho la principal concesión en la negociación que es no exigir ninguna medida revolucionaria en la mesa[37]. Desde luego que no se está pidiendo ni el socialismo ni la abolición de la propiedad privada en las negociaciones de paz; pero la definición de qué es una exigencia revolucionaria no es una definición estática sino que es necesariamente dialéctica, dependiente del contexto en el cual se hace. Reclamar educación pública en Suecia puede que sea una demanda de sentido común que puedan esgrimir hasta los elementos más conservadores de la sociedad. Sin embargo, esta misma exigencia en Colombia, en virtud de las fuerzas que deben movilizarse y de los cambios estructurales que deben efectuarse para materializarla, se convierte en una exigencia revolucionaria o con un potencial revolucionario indiscutible. Vale decir, lo “revolucionario” de una medida depende del impacto que tiene sobre el equilibrio de fuerzas en la lucha de clases en una sociedad concreta, no en el “capitalismo” en abstracto.

Medidas relativas a la cuestión agraria que parecerían de sentido común, que todos sabemos que son necesarias, enfrentan la oposición irreductible, según Antonio Caballero, de la “reacción conservadora”, hoy encarnada en el uribismo, que “no quiere que el campo deje de ser suyo y feudal”; y sólo el alzamiento en armas de la insurgencia ha logrado, por fin, hacer que estos temas relativos a la modernización del campo sean parte de la agenda política[38]. Su conclusión es inequívoca: “Sacar el campo colombiano de la época feudal sería una revolución”[39]. Pero la “modernización” no es un concepto exento de polémica y controversia. Obviamente, las “modernas propuestas” de las FARC-EP, como las llama Arteta, tiene un contenido social y de clase muy diferente a las propuestas de modernización que busca Santos de la mano de multinacionales y de los agronegocios, que continúan con la secular tradición de despojo a los campesinos, como lo hemos apreciado de manera dramática en el Llano[40].

El gobierno colombiano entiende el potencial revolucionario de las transformaciones que se pueden desencadenar a raíz de un acuerdo que altere las relaciones de clases en el campo. Atacar al latifundismo y los ganaderos no significa solamente modernizar el campo, sino comenzar el desmonte de las bases materiales y sociales que han permitido la emergencia del Estado contrainsurgente-paramilitar que por largas décadas ha adelantado el despojo contra el campesinado y la implementación del terrorismo de Estado contra el conjunto del movimiento popular. Atacar esa alianza de terratenientes y narcotraficantes que controlan el 70% de la tierra cultivable (el coeficiente Gini rural es de un inaudito 0,88 y apenas 3.639 personas controlan el 47% del territorio cultivable)[41] es atacar las bases materiales del actual régimen excluyente, violento, conservador y mafioso.El gobierno de Santos busca modernizar, pero modernizar sin pueblo que pueda alterar el contenido neoliberal y oligárquico de su proyecto. Es por ello que el gobierno, mientras adelanta las negociaciones en La Habana, se encarga de reprimir, perseguir, encarcelar, desplazar, asesinar, bombardear y desaparecer a las fuerzas vivas que pueden hacer carne un acuerdo de modernización favorable a los intereses populares del campesinado. Al igual que los regímenes fascistas, nunca se ataca una medida legal progresista, sino que se ataca directamente al movimiento que la sustenta. Después, la más progresistas de las constituciones no vale de nada y puede ser cómodamente desnaturalizada y descartada. ¿No es esta la historia de los últimos veinte años en Colombia?Por esto ponemos el grito de alerta en Colombia: el ataque sistemático y alevoso que estamos presenciando contra el movimiento campesino es un ataque frontal contra el proceso en La Habana. Por ello es importantísimo alzar la voz ante estos atropellos y movilizarse en los términos más enérgicos para solidarizarnos con la resistencia campesina y que el bloque dominante sepa que la violencia contra los campesinos tendrá un costo político para ellos. Hemos dicho lo importante que es rodear el proceso de paz y el 9 de abril más de un millón de personas en Bogotá demostraron el importante respaldo político que hay hacia el proceso, aunque los medios, manejados por la camarilla uribista intenten torpedearlos cotidianamente. Pero rodear el proceso de paz, en las actuales condiciones, no significa tanto agitar banderitas blancas en las fechas rituales de siempre, sino que solidarizarse con las enormes luchas que está dando el campesinado. Ahí está la lucha de los caficultores, cacaoteros y paperos. Ahí está hoy la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) dando un ejemplo de lucha y organización a todo el país. Una eventual victoria de estos compañeros, significa un impulso titánico para el movimiento por las zonas de reserva campesina y por la reforma agraria a nivel nacional, así como una derrota estratégica contra los señores de la guerra y del despojo, aglutinados bajo la arcaica figura del latifundio y de la modernizante agroindustria. No es comprensible que se deje a estos compañeros pelear solos; requieren más que un respaldo moral del movimiento popular, sino que la movilización activa de éste, fundamentalmente del campesinado.

El compromiso con la solución negociada al conflicto, requiere que el pueblo no se conforme con los espacios oficiales facilitados por Naciones Unidas, sino que tambiénnegocie en las calles de Colombia, apostando por el avance de la lucha popular. Para que la “justicia social” sea el componente fundamental en la ecuación de la paz. No debe confundirse el desactivar al conflicto armado con acallar el conflicto social. Nuestra apuesta por la paz es para que al pueblo no se le meta plomo cada vez que demanda sus derechos y se moviliza activamente por ellos. Y el elemento central que aglutina a esta formación social estructuralmente violenta, es la oligarquía terrateniente. De ahí el rol central que sume la lucha campesina en la actual coyuntura.

La oligarquía no se cansa de poner sus líneas rojas lo más claras posibles. ¿Tiene el movimiento insurgente sus propias líneas rojas? ¿Tiene el movimiento popular y campesino sus propias líneas rojas? El comandante fariano Jesús Santrich ha afirmado que en Colombia hay espacio para la coexistencia de varios modelos productivos[42]. No nos cabe duda de ello, pero en toda formación social que combina diferentes modos de producción, uno de ellos es hegemónico. La cuestión de fondo entonces no puede ser confundida y es la siguiente: ¿Se tocará el latifundio? ¿Si o no?

Si no se toca en La Habana, necesariamente tendrá que tocarlo el pueblo movilizado. De lo contrario, difícilmente habrá paz, ni siquiera la paz de las inversiones multinacionales que busca el santismo. Un acuerdo de paz que no toque al latifundio será una caja de Pandora que la oligarquía bien podrá abrir, pero la cual difícilmente podrá cerrar. Y tendremos la cruel paradoja de los procesos de paz previos, donde las pretensiones de “pacificador” del oligarca de turno en el poder, solamente llevaron a nuevos y más crueles ciclos de violencia.

Por José Antonio Gutiérrez D.