Luego de tres años de investigación la polémica colusión de las farmacias Salco Brand, Cruz Verde y Ahumada la Fiscalía Nacional Económica demostró que las farmacias aumentaron el valor de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. No hay condenas de presidio y a las farmacias les pasaron una multa de 19 millones de dólares, monto que equivale sólo a un 3,5% de las ventas totales de Cruz Verde y Salco Brand el año 2007.
El último día de enero, luego de 3 años de tramitación, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) acogió el requerimiento presentado -en diciembre de 2008- por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y determinó que Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada (Fasa) sí aumentaron el valor de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
La condena para Farmacias Cruz Verde S.A. y Farmacias Salcobrand S.A. fue la máxima multa que considera la ley, es decir, 20 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a 19 millones de dólares cada una. La multa equivale en conjunto a aproximadamente un 3,5% de las ventas totales de Cruz Verde y Salcobrand en 2007.
Farmacias Ahumada debió pagar en abril de 2009 una multa de un millón de dólares luego de que reconociera su responsabilidad ante la FNE y se comprometiera a cooperar aportando los antecedentes con que contaba.
MÉTODO DEL 1– 2-3
El juicio encabezado por la TLDC estableció “la existencia de un acuerdo ilícito mediante evidencia directa, relacionando y cruzando la información contenida en correos electrónicos y declaraciones de ejecutivos de las cadenas de farmacias y de laboratorios involucrados (…) Así, se acreditó que una de las cadenas comunicaba al laboratorio correspondiente la fecha en que incrementaría sus precios, para que lo transmitiera anticipadamente a las otras dos cadenas, y esperaba que le confirmaran que ellas también seguirían esa alza en los días acordados”- según expresa el comunicado.
El TDLC señaló que “Salcobrand transmitió, por intermedio de ejecutivos de diversos laboratorios, su disposición a ser el primero en modificar al alza los precios de ciertos medicamentos, y luego las tres cadenas de farmacias coordinaron las fechas en que se producirían estas alzas en cada una de ellas. De esta forma, las alzas de precios se realizaron -en su mayoría- siguiendo un patrón preestablecido, denominado ‘1-2-3’, en el que la primera alza era realizada por una cadena (casi siempre, Salcobrand) en el ‘día 1’, seguida por otra cadena en el día ‘2’ y concluyendo la última en el ‘día 3’”.
Así el modus operandi para coludirse partía cuando una de las cadenas avisaba al laboratorio correspondiente el día en que subiría sus precios para que éste lo comunicara a las otras dos compañías, esperando la confirmación de que éstas también implementarían el alza.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, declaró que si bien consideró el fallo como un “avance y un fortalecimiento”, los montos que se establecieron “son muy bajos respecto a la cantidad de personas vulnerables que necesitaban medicamentos para salvar su vida o mejorarse y no pudieron comprarlos”.
Por lo anterior, el TDLC consideró la “infracción” como grave ya que afectó un “mercado sensible”, como es el de los medicamentos, los cuales estaban destinados -en su gran mayoría- a tratar enfermedades crónicas, afectando a un significativo número de consumidores en todo el país.
CRUZ VERDE DICE QUE NO SE COLUDIÓ
Farmacias Cruz Verde S.A. no quiere darse por vencida y anunció que presentará un reclamo ante la Corte Suprema, por considerar la sentencia injusta e infundada.
José Miguel Gana, abogado de la empresa, dijo que estaban dentro del ámbito del Estado de derecho y que tenían las plenas facultades de hacer ver que “no existen efectivamente las pruebas que posiblemente estén aludiendo, no hay correos electrónicos que estén aludiendo a Cruz Verde, el comportamiento de precios fue equivalente al que ha ocurrido en muchos otros períodos y que obedece al término de una guerra de precios”.
Gana señaló que “las pruebas a las que alude el tribunal no son las que nosotros consideramos que han de tenerse y haremos valer los derechos en los que establece la ley”. A su juicio hay evidencia empírica e informes económicos y jurídicos presentados por Cruz Verde que evidenciarían que la cadena no se coludió con las otras farmacias.
La empresa tiene diez días hábiles para reclamar ante el máximo tribunal, pero considerando el feriado judicial de febrero, la compañía tendrá plazo hasta el 13 de marzo para presentar el recurso.
DE LA INFRACCIÓN A LA SANCIÓN PENAL
Respecto a eventuales sanciones penales a los gerentes generales de las empresas -quienes estuvieron detrás de esta colusión-: nada. Según el abogado secretario del TDLC, Alejandro Domic, el tribunal tiene la atribución de aplicar sanciones a personas, “como multas específicas o también poner términos de contracto o alguna otra medida preventiva, pero esa responsabilidad está limitada a la FNE, y ellos solo requirieron a las empresas”, sostuvo.
El TDLC solo se refiere a sanciones de orden económico para las empresas coludidas, y a pesar de que existen testimonios y confesiones de los involucrados, no se ha logrado hasta ahora que este tipo de casos se traten de igual manera que el resto de los “delitos” con pena de cárcel. Esto ocurre porque son tipificados como “infracción”.
La ex presidenta Michelle Bachelet, en su cuenta anual del 21 de mayo de 2009, anunció que enviaría al Congreso dos proyectos de ley que establecerían la pena de cárcel para personas que incurran en este tipo de ilícitos y que, además, fortalecería la defensa del consumidor a través de un procedimiento que apunte a la compensación de los afectados, lo que hoy no está garantizado.
Han transcurridos tres años, y esta vez es el presidente del Senado y miembro del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, anunció que reestablecerán un proyecto de ley para penalizar con cárcel este tipo de delitos. “Quienes roban y desprecian a los enfermos y se coluden para hacerlo deben tener sanción penal, porque nos parece que para estos robos el pagar dinero no es suficiente y queremos que vayan a la cárcel”- declaró el senador.
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LA ILUSORIA COMPENSACIÓN
El ministro de Economía, Pablo Longueira, aseguró que los consumidores tienen “derecho” a exigir compensaciones a las cadenas de farmacias multadas por el caso de colusión. Le faltó advertir Pero no advirtió que al igual que con la actual Ley del Consumidor, no está contemplada la violación a la libre competencia, por lo que los clientes no podrán demandar colectivamente a las empresas para que respondan con indemnizaciones.
El presidente de la Organización de Consumidores, Odecu, Stephan Larenas, dijo que iniciarán acciones judiciales para lograr indemnizar a los consumidores afectados. Además, criticó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) porque, según él, “debería ser el primero en convocar a los consumidores o simplemente llevar adelante una demanda indemnizatoria”. Para iniciar tal demanda se requiere de al menos 50 demandantes.
El director del Sernac, Patricio Peribonio, fue enfático en señalar que la posibilidad de presentar una demanda colectiva es incierta, “porque en la ley del consumidor no aparece como causal expresa de demandas colectivas una infracción a la ley de la libre competencia, y al no aparecer en forma expresa se pone en duda viabilidad”.
La solución entonces es una reforma a la ley actual. Hernán Calderón, de Conadecus, hizo frente al problema y llamó al gobierno a que envíe una modificación legislativa en que se incorpore una infracción a la Ley de Libre Competencia y Colusión ya que no están consideradas en la Ley del Consumidor.
Incluso, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoce que “nada garantiza que las empresas no seguirán estafando”.
LOS GRUPOS ECONÓMICOS TRAS LAS FARMACIAS
La multa es irrisoria al comparar las fortunas de los grupos económicos tras las farmacias.
Cruz Verde es un negocio más de la familia Harding, quienes son dueños de Socofar, la administradora de tarjeta de crédito Solventa, Laboratorios MintLab y Rezembra Technologies, negocios de insumos tecnológicos en el área de la salud. Sofocar tiene ventas anuales superiores a US$1.000 millones.
Socofar desde el 2011 compite en los mercados de Costa Rica y Colombia, países que agrega a su red de 540 locales repartidos en todo el país.
Tras Salcobrand desde el año 2007 está el Grupo Yarur, que tiene el 100% del patrimonio de la cadena de farmacias.
El Grupo Yarur además es dueño del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), del Cementerio Parque del Sendero, la Faenadora de Carne Ñuble, y de Inversiones Belén, propietaria de las viñas Vistamar, Morandé y Fray León.
Yarur tiene un patrimonio cercano a US$2.000 millones, de los cuales Salcobrand con sus más de 300 locales a lo largo de Chile le entregan US$400 millones al año por concepto de ventas.
Farmacias Ahumada S.A. (FASA) fue comprado el 2010 por el grupo mexicano Casa Saba, a José Codner, dueño del 51% de la cadena hasta esa fecha. En Fasa, el actual presidente Sebastián Piñera tuvo un 1% accionario.
REVISE EL FALLO DEL TDLC
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Por Esteban Acuña
El Ciudadano
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