A ocho años de la noche de Iguala, las autoridades encargadas de las primeras investigaciones, de lo que se llamó verdad histórica, ahora son requeridos por la ley; los presuntos responsables de matar y calcinar a 43 normalistas son liberados y ahora sirven como testigos protegidos para acusar a funcionarios y militares como principales responsables de los hechos; un efecto búmeran en el caso.
Esta situación ha generado un enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia, creada para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, contra el Poder Judicial de la Federación, encabezado por el ministro Arturo Zaldívar.
De hecho, el gabinete de seguridad del gobierno de México anunció el viernes pasado que se presentó una denuncia de hechos en la FGR contra del juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos.
Al juzgador se le reprocha otorgar más de 120 libertades absolutorias contra quienes resultaron implicados en la muerte y desaparición de los normalistas, según las investigaciones de la verdad histórica.
Y otra nueva denuncia se anunció al publicarse la filtración de partes íntegras del informe de la Comisión de la Verdad, que revelan detalles de la muerte de los estudiantes y autoridades presuntamente involucradas.
Crimen de Estado
Al crearse la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, asignada a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, las críticas a la verdad histórica se volvieron acusaciones legales.
El funcionario presentó, el pasado 18 de agosto, el más reciente informe de sus investigaciones, en las que se desvirtuaron esas pesquisas y se dijo que los hechos de Iguala fueron un “crimen de Estado”.
“La verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, afirmó en esa ocasión Encinas.
Funcionarios
Ante estas hipótesis, quien fuera titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Tomás Zerón de Lucio, huyó a Israel, hasta donde acudió personal de la Comisión de la Verdad y de la FGR para ofrecerle un criterio de oportunidad a cambio de su entrega.
“A solicitud de los padres de familia establecimos contacto con los abogados de Zerón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv los días 16 y 17 de febrero del presente año, donde se le ofreció un criterio de oportunidad, que no aceptó”, explicó Encinas el pasado 18 de agosto.
Al otro día de la presentación del informe, el exprocurador federal Jesús Murillo Karam se entregó a un operativo de la FGR que acudió a detenerlo hasta las puertas de su casa.
Actualmente, es el primer procurador general detenido en la historia del país, autor de la versión de la verdad histórica, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzosa de los normalistas, tortura y contra la administración de la justicia, por lo que permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Militares
La semana pasada también se le dictó auto de formal prisión al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al sargento Eduardo Mota Esquivel y al subteniente Fabián Alejandro Pirita, por hechos relacionados con el caso Ayotzinapa.
En estos casos, el general es acusado como presunto responsable de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, mientras que sus coacusados enfrentan este cargo y el de desaparición forzosa.
Las acusaciones en contra de los militares están basadas en las declaraciones de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, líder del grupo Guerreros Unidos, como testigo colaborador identificado como Juan, quien resultó exonerado de la desaparición de los normalistas.
Otro líder del crimen organizado que colabora en las investigaciones es Abigael González Valencia, alías El Cuini, operador financiero y segundo hombre en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien la Comisión de la Verdad solicitó su cambio de una prisión federal de máxima seguridad a una en la Ciudad de México.
El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, primera autoridad encargada de esta investigación, antes de su atracción por parte de la entonces PGR, también es señalado por la Comisión de la Verdad de un mal actuar en las mismas.
Enfrentamiento
Ante las irregularidades denunciadas en las investigaciones de “verdad histórica” llevaron a la liberación de, por lo menos, 120 implicados detenidos en la pasada administración, lo que derivó en la presentación de la denuncia de hechos en contra del juez Ventura Ramos, de Tamaulipas.
El pasado 21 de septiembre, Zaldívar rechazó las críticas al Poder Judicial y en particular en contra del juez, advirtiendo que se respondió a una mala integración de las investigaciones.
“Estas críticas que se han venido haciendo a los jueces por el caso Ayotzinapa me parece que son profundamente injustas y no las aceptamos.
“Los jueces están haciendo, pues, lo que deben hacer sin mucho margen de maniobra, derivado a que se ha acreditado que todas estas personas han sido sujetas a tortura y que todas las investigaciones han sido irregulares”, afirmó el ministro presidente de la Corte.
Así se llega a los ocho años del caso Ayotzinapa, con una nueva investigación que confirma, de la anterior, que a los 43 normalistas los mataron y desaparecieron sus restos, haciendo a un lado el concepto de verdad histórica.
El dato
Libertad
- Las irregularidades denunciadas en las investigaciones de verdad histórica llevaron a la liberación de, por lo menos, de 120 implicados detenidos en la pasada administración, lo que derivó en la presentación de la denuncia de hechos en contra del juez Ventura Ramos, de Tamaulipas.
Van más de mil solicitudes de información sobre el caso
El caso Ayotzinapa ha merecido mil 508 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por lo que ordenó a la Fiscalía General de la República actualizar la información, que ya es pública sobre las conclusiones dadas a conocer en 2015.
De 2014 a 2022 se ha presentado un total de mil 508 solicitudes de información, en las que se ha requerido versión pública de la averiguación previa del caso, las acciones emprendidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), diligencias, declaraciones de los involucrados, operativos, peritajes, informes o partes militares del 27 Batallón de Infantería, bitácoras, fotografías y registros, entre otros documentos.
Las instituciones que acumulan el mayor número de solicitudes sobre este tema son la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, con 556; la Secretaría de Gobernación (Segob), con 131; la Secretaría de la Defesa Nacional (Sedena), con 117; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con 72, el Consejo de la Judicatura Federal y la Policía Federal, cada una con 53 peticiones.
En el pasado mes de febrero, el Inai ordenó actualizar la información publicada entre o que se encuentran: las declaraciones de los militares involucrados en los hechos; los documentos que dan cuenta de las actividades del personal militar del 27 Batallón de Infantería en días previos y posteriores a la desaparición de los 43 normalistas; fotografías y registros tomados a los estudiantes por el Ejército; las bitácoras e informes de elementos de la Sedena y la PF sobre el suceso; las videograbaciones de los vehículos que transitaron por la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, y los documentos que den cuenta de la participación de buzos de la Secretaría de Marina (Semar), en la búsqueda de los normalistas en el Río San Juan.
“A ocho años de este lamentable acontecimiento, el Pleno del Inai se suma a las voces que exigen el esclarecimiento de los hechos y refrenda su compromiso para garantizar la apertura de toda aquella información que contribuya a conocer la verdad,” dijo el instituto en un comunicado.
Con información de Excélsior
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