«Se decidió falsificar pruebas para perseguir a dirigentes mapuche»: Abogada Karina Riquelme sobre Operación Huracán

La abogada querellante del caso de la llamada Operación Huracán, Karina Riquelme, criticó la falta de sanciones contra aquellos que inocularon pruebas para perseguir y acusar falsamente a los dirigentes mapuche.

Ocho años han transcurrido desde la fallida maniobra de Carabineros para encarcelar a comuneros a través de un montaje. Un caso que sin duda alguna dejó al descubierto las estrategias de represión del Estado chileno contra el pueblo mapuche.

En 2017 y bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) de Carabineros de Chile detuvo a ocho comuneros del pueblo Mapuche acusados de ser miembros de una asociación ilícita terrorista y de pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu (WAM).

En concreto, se les responsabilizó de estar detrás de la quema de 29 camiones forestales en San José de la Mariquina, Región de Los Ríos.

Desde la institución aseguraban que su «prueba estrella» era un supuesto software llamado Antorcha, desarrollado por el exasesor policial Alex Smith, alias El Profesor.

De acuerdo con Smith, esta aplicación permitía interceptar WhatsApp y Telegram con solo enviar un correo electrónico a los dispositivos de los investigados. Pero la mentira se desmoronó cuando peritos externos confirmaron que los mensajes atribuidos a los mapuche simplemente nunca existieron. Fue un montaje burdo, diseñado para encarcelar dirigentes y justificar la represión en Wallmapu.

Un año después, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que se encontraba a cargo de la investigación, logró detectar una serie de irregularidades y manipulación en las pruebas por parte de carabineros, entre las que se encontraban mensajes telefónicos falsos. Lo que ocasionó que resultaran imputados 11 sujetos –diez de ellos exuniformados y un civil–, quienes enfrentarán a la justicia por asociación ilícita, falsificación de instrumento público, obstrucción a la justicia y denuncias calumniosas.

Entre ellos se encuentran:

• Bruno Villalobos: Exdirector General de Carabineros. Durante su gestión, la institución implementó el uso de Antorcha y se destinaron fondos reservados para su adquisición.
• Gonzalo Blu: Exgeneral y exjefe de Inteligencia de Carabineros. Principal articulador de la operación.
• Patricio Marín: Exmayor de la UIOE.
• Leonardo Osses: Excapitán y jefe de Informática de la UIOE.
• Alex Smith (El Profesor): Civil contratado por Carabineros para desarrollar el software fraudulento.
• Manuel Riquelme: Exsuboficial, perito de Labocar.
• Marvin Marín: Exsuboficial de Carabineros.
• Marcos Sanhueza: Exsuboficial, perito de Labocar.
• Cristian Pérez: Excapitán y oficial de la UIOE.
• Darwin Sepúlveda: Experito de Labocar.
• Manuel Cavieres: Experito de Labocar.

Maniobras y artificios para dilatar el juicio

Aunque estaba previsto que el pasado jueves 13 de marzo comenzara el juicio oral en el Tribunal Oral de Temuco, audiencia fue aplazada nuevamente, ya que la defensa de Gonzalo Blu, solicitó la inhabilidad del juez, José Ignacio Rau.

No es la primera vez que sucede una situación de este tipo, ya que los responsables de la UIOE (Unidad de Inteligencia Operativa Especial) han intentado dilatar hasta el extremo este juicio- que contempla casi 100 audiencias, más de 200 testigos y miles de pruebas- buscando impunidad con todos los artificios procesales posibles.

Al respecto, la abogada Karina Riquelme planteó que este este caso en particular ha sido largo y extenso “debido a las solicitudes de defensores desde el día uno, o sea, el defensor de uno de los acusados por asociación ilícita, Patricio Marín Lazo (mayor), el primer día no llegó a la formalización y desde ahí en adelante siempre hubieron distintas solicitudes de suspensión que han hecho que, además, todos los imputados hoy día abonen tiempo en el caso de que resulten ser condenados”.

“Es decir, en el caso de que salgan condenados, tiene que saber la sociedad que se les va a abonar 7 años de los cuales ellos estuvieron la mayor parte de ese tiempo en su domicilio”, cuestionó.

Señaló a los tribunales como los principales responsables de que esto suceda e indicó que «generalmente la necesidad de un acceso a la justicia en un tiempo adecuado es parte de la reparación que cualquier víctima se merece respecto de un hecho grave, acontecido.

La jurista criticó la falta de sanciones y el estado de impunidad del que gozan aquellos que fabricaron las pruebas como parte del montaje para acusar falsamente a los comuneros.

«Estamos hablando de delitos que atentan contra la fe pública, contra la confianza en la institucionalidad, donde lo central es el Estado de Derecho y nos parece a nosotros, a las víctimas, y a mí como representante de las víctimas, que son los tribunales los que de una u otra manera han dejado que esto suceda y que hayan transcurrido siete años desde que los hechos acontecieron, sin que absolutamente nadie esté sancionado por la realización de estos actos tan graves como son inocular pruebas para acusar falsamente a cualquier persona», declaró a Diario Universidad de Chile.

Asimismo, lamentó que 8 años después de la fallida maniobra de Carabineros no se haya aplicado justicia y condenado a los responsable por medio de un juicio.

«La impunidad genera siempre problemas, cuando no se sancionan y se realizan los actos que supuestamente según el Estado de derecho chileno debieran realizarse, llevar a un juicio oportunamente y que esas personas, en virtud de las cuales existen pruebas para imputarla, sean sancionadas. Produce un problema en general para toda la sociedad, para la confianza en esta institución», afirmó.

No hay sanciones para los Carabineros que falsificaron las pruebas

La abogada Riquelme fue consultada sobre la lentitud en la aplicación de justicia en el caso de la Operación Huracán y el abandono a sus víctimas.

Al respecto, planteó que lo que ha se ha podido observar es que «todos los imputados, en este caso, son miembros de Carabineros de Chile, todos de inteligencia por estos hechos en contra de mis representados, de acusarlos, de generar pruebas, de generar relatos, mensajes que indicaban que presuntamente estas personas estaban cometiendo delito y que finalmente se les lleva a un juicio transcurrido todo este tiempo sin que haya existido ninguna sanción».

«Evidentemente, ¿cuál es el mensaje que eso deja a la sociedad? Es la impunidad de esos actos, que se pueden realizar ese tipo de actos sin que sean sancionados», aseveró.

Para la jurista, en este caso está en juego la credibilidad y confianza en una institución tan importante como Carabineros, «si se comprueba que miembros de realiza este tipo de actos en contra de no cualquier persona, sino que todos miembros de un pueblo, todos miembros del pueblo mapuche, todos dirigentes de distintos territorios desde Arauco hasta Cautín, de distintas comunidades, la mayoría personas públicas».

«Hay un mensaje político detrás desgraciadamente dentro de un conflicto que existe y que todos sabemos que no se ha resuelto, por algo existe todavía instancias públicas como la Comisión para la Paz en este caso que busca solucionar este largo problema existente entre el pueblo Mapuche y el Estado Chileno, pero en este caso en específico quiénes eran encargados de proteger a las víctimas y de sancionar oportunamente no lo han hecho», indicó.

La abogada también se refirió al dilatado juicio contra los imputados y señaló que «se entra de manera amarga en el sentido de que ya no se cubrió ni se logró la justicia que debiera haber sido en el momento oportuno, 7 años después una justicia tardía no genera la sensación de justicia como lo hubiera sido en el momento que la ley así lo prescribe».

Institucionalidad judicial a prueba

Para Karina Riquelme este proceso judicial no solo enfrenta a exuniformados con la justicia, sino que también pone en cuestión todo el modelo de inteligencia policial en Chile y la persecución del Estado contra los miembros de la comunidad mapuche.

«La institucionalidad judicial, en este caso el Poder Judicial, el Ministerio Público, los Carabineros, se han hecho parte de esto generando causas donde se acusa a personas al boleo, no porque existan pruebas respecto de ellos, porque esta persona hay prueba de que quemó ese camión, sino que porque son personas que son representantes vigentes de sus comunidades, porque son visibilizados y eso es lo grave, porque uno no puede responder por sus ideas o por lo que propugne», indicó.

«Es decir, hubo una persecución a un pensamiento y fue tal la persecución y la presión por generar resultados eficaces respecto a los incendios de camiones, que existieron en ese momento, que se decidió falsificar pruebas. Y respecto de eso, se generó una asociación entre ciertas personas en específico para generar esta falsificación de prueba a través de un instrumento falso como era el “Antorcha” y acusar para dar también una señal política y eso es lo más grave, mal utilizar la institucionalidad. Y eso es lo que hoy día se está en juego en este juicio, si podemos o no seguir confiando en la institucionalidad chilena», complementó..

Planteó que el caso de la Operación Huracán existen pruebas «de que la institucionalidad ha generado falsamente instrumentos públicos para acusar a miembros de las comunidades mapuche, porque desgraciadamente no hay y no se ha generado un espacio político donde se responda respecto de las atrocidades que vivió el pueblo mapuche y del despojo que luego se genera».

«Por eso, en la realización de este juicio no se juega cualquier cosa, sino que se juega también el examen del Estado de Derecho del estado chileno en particular y el funcionamiento de sus instituciones», advirtió Riquelme al medio citado.