La sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió autorizar este martes al fiscal Karim Khan para reanudar la investigación con respecto al caso ‘Venezuela I’.
En un comunicado la CPI detalló que los jueces de la mencionada sala, integrada por su presidente, Péter Kovács, y las litigantes Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, emitieron su fallo tras revisar tanto la solicitud de la Fiscalía para retomar las averiguaciones, como «las observaciones de las autoridades venezolanas» y «1.875 opiniones» relatadas «por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones».
Los jueces concluyeron que, «si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía«, reseña RT.
De igual forma, la sala alega que las autoridades venezolanas habrían «tomado medidas de investigación limitadas» y que en algunos casos parece haber períodos de supuesta «inactividad«.
«Diálogo permanente»
La CPI informó que el fallo de la sala no impide que Venezuela proporcione material a futuro, con el propósito de «permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad». Además, resalta que cuando la oficina de Khan presente un caso concreto, «se puede dar lugar a una nueva evaluación de admisibilidad».
La sala subrayó que la evaluación de los procesos nacionales es continua y para ello requiere «un diálogo permanente» entre las autoridades venezolanas y la CPI, «a fin de asegurar el respeto del principio de complementariedad en relación a las investigaciones y los enjuiciamientos autorizados por la Corte».
Sobre esto, vale recordar que a inicios de junio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento para establecer una oficina de cooperación técnica en Caracas.
En ese momento, Maduro destacó que el acuerdo se daba «para fortalecer los derechos humanos en Venezuela», como parte «de la complementariedad del Estatuto de Roma», y para establecer «los procesos de reforma y de cambios» que necesita el sistema nacional de justicia.
Por su parte, Kahn resaltó que su oficina había desarrollado una «cooperación significativa» junto con el liderazgo de Maduro, y que la sede establecida en Caracas ayudaría a «trabajar de manera más cercana» con Venezuela, para permitir que el país cumpliera con «sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma».
Venezuela en desacuerdo
A través de un comunicado, Venezuela expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI e indicó que «desde el mismo momento» en que la Fiscalía de la Corte «inició el Examen Preliminar en febrero de 2018 y a lo largo de todo el proceso», el país ha denunciado «la intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos, vinculados con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de EE.UU.»
«Como parte de esa estrategia, operadores políticos nacionales e internacionales han pretendido sostener una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido, a partir de la deliberada manipulación de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por las autoridades del Sistema de Justicia venezolano», agregó Caracas.
Entre tanto, Venezuela lamenta que la decisión de la Sala «se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición».
Las autoridades venezolanas informaron que apelarán la decisión y que continuarán «haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como Nación, contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y a los objetivos que se persiguieron con su creación».
Caso Venezuela I: polémicas y controversias
El expediente Venezuela I fue abierto en septiembre de 2018 por la CPI, a petición de un lobby de gobiernos de derecha que estuvo integrado en su momento por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay.
Estos países —que promovieron a través del extinto ‘Grupo de Lima’ la imposición de un cerco diplomático contra Caracas y el bloqueo contra el país suramericano— acusaron al Gobierno de presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras de 2014.
Desde que Venezuela fue acusada, Caracas ha insistido que la CPI no tiene fuero para investigar hechos que no cumplen con los criterios de gravedad de los casos de lesa humanidad.
Por ello, el Gobierno del país suramericano solicitó a Khan, en abril de 2022, inhibirse de su competencia en favor del sistema de justicia venezolano, conforme al artículo 18.2 del Estatuto de Roma, que establece «la primacía de la jurisdicción nacional».
Las acciones contra Caracas por parte de esos gobiernos, se complementaron con las medidas coercitivas aplicadas por EE.UU. y la Unión Europea contra el país suramericano, situación que el Gobierno venezolano denunció ante la CPI por las presuntas violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía, recogidas en el caso ‘Venezuela II’.
En noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI anunció la conclusión de su examen preliminar y la decisión de abrir una investigación sobre la situación en Venezuela. En aquel momento, Maduro firmó un primer memorándum con Khan para la cooperación entre las partes.
Cuando Caracas pidió suspender la investigación, en abril de 2022, alegó que el fiscal había fundamentado sus demandas en «fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización». Además, ha denunciado al fiscal de ejecutar una persecución judicial o ‘lawfare’ contra Venezuela.
En noviembre de 2022, la Fiscalía presentó un pedido para que se reanudara la investigación, al afirmar que no había motivos para su aplazamiento. Khan considera que «existe una base razonable para creer» que los presuntos delitos investigados son «parte de un ataque sistemático contra una población civil, de conformidad con o en apoyo de una política de Estado».
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