Varias han sido las muestras de apoyo hacia Manuel Olate Céspedes, miembro del Partido Comunista de Chile que ha sido vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y quien enfrenta actualmente un proceso de extradición a petición del Ministerio Público colombiano, por el cual se encuentra recluido en la cárcel Santiago I.
Ayer (martes 2), decenas de amigos, familiares y representantes de grupos sociales se reunieron afuera de los Tribunales de Justicia para manifestar su descontento en un asunto que ellos tildan como montaje.
Políticos, artistas y actores sociales de diferente índole llegaron a la cita en los Tribunales de Justicia. Entre las consignas que se escucharon, primó la idea de que lo ocurrido se entiende en el contexto de un montaje y que en Chile se están manteniendo políticas exteriores en favor de las prácticas antiterrorista del Gobierno de Estados Unidos.
En ese sentido, el cantautor Mauricio Redolés, amigo cercano del imputado, aseveró que “el Gobierno quiere dar una señal muy clara a los yanquis de que Chile es un país que está en orden”, y aseguró que Olate “no es vínculo” entre la guerrilla colombiana y Chile, ya que difícilmente alguien con ese cargo se tomaría fotografías descuidando su identidad.
Por su parte, Jorge Arrate, ex candidato presidencial por el Juntos Podemos, y Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, con el fin de denunciar lo que también califican como un «montaje”.
“Existe una intención política y eso es lo que estamos denunciando”, declaró el ex candidato a la Presidencia de la República, relacionando el hecho con otros procesos como el de los “okupa, el pueblo mapuche o el inmigrante pakistaní”, quienes también han sido detenidos por supuestos delitos terroristas, los cuales muchas veces terminan en nada por la falta de pruebas fehacientes.
Asimismo, el Partido Comunista, representado por el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, respaldó a Manuel Olate, afirmando que el caso tiene las características de un montaje de la inteligencia colombiana. “Esta es una maniobra mediática de inteligencia de los servicios del gobierno colombiano (…) pretenden, de alguna manera, involucrar a todo aquel que se atreva a decir alguna palabra en favor de ese proceso de paz o que solidarice con el pueblo colombiano”, dijo el político al diario La Tercera.
Por su parte, la ministra de la Corte Suprema que aprobó la detención de Olate requerida por Colombia –Margarita Herreros– aseguró que no existen presiones ni fines políticos: “Yo lo único que hice fue aceptar la extradición, nada más”, dijo, contando también que no ha tenido ninguna reunión con otras autoridades.
PRISIÓN PREVENTIVA Y ALLANAMIENTO
La noche del viernes, a las 23 horas, Olate fue interceptado por alrededor de 6 vehículos de la Interpol (International Criminal Police Organization). Según contó su esposa, Paula Navarro, la detención fue abrupta y no hubo ningún respeto por la “presencia de nuestras hijas y el consecuente daño psicológico que conlleva vivenciar una situación traumática como ésta”. Además, Navarro aseguró que su esposo no es un terrorista.
Olate está siendo inculpado, según aseguraron algunos medios este fin de semana, por “financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”. De esta manera, se estaría culpando al PC por la venta de ciertos artículos de las Farc -como revistas y poleras-, que adquirió mientras asistía a un encuentro por la solidaridad con esa organiación guerrillera en Colombia y que vendía a menor escala en nuestro país.
Así, si bien la ley de extradición no exige detención preventiva, Margarita Herreros, ministra de la Corte Suprema que llevó la primera parte del caso, estimó que era lo “conveniente”, aunque ayer asegurara que “es duro someter a prisión preventiva a un ciudadano chileno por requerimiento de un país extranjero”, pero que consideró que era lo conveniente.
En este sentido, la defensa de Olate se acercó hasta la Justicia para exigir una pena menos gravosa mientras se realiza el proceso, que puede durar hasta dos meses. Según se informó, mañana miércoles se realizará a las 13 horas la audiencia donde se resuelva si esto puede ser efectivo o no.
Por otro lado, esa misma noche, fue allanada la casa de la hermana de Manuel, Valeska Olate, donde se le fue requisado su computador. Situación que no se corresponde con los antecedentes, puesto que la familia no está siendo señalada por proceso alguno.
ANTECEDENTES DEL CASO RELACIONAN AL ACTUAL GOBIERNO CON LA PERSECUCIÓN A OLATE
En 2008, el diario La Nación publicó un reportaje de los periodistas Beatriz Michell, Boris Bezama y Luis Narváez, en que se evidenció que el senador Alberto Espina y el entonces empresario y candidato a la presidencia, Sebastián Piñera, habrían viajado en el avión presidencial colombiano, junto a Álvaro Uribe Vélez y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (ahora Presidente de ese país).
Luego de ese viaje entre Bogotá y Neiva, Espina presentó información que terminó con la destitución del periodista Hugo Guzmán del equipo de prensa de La Moneda, y señaló a Manuel Olate Céspedes y Valeska López como posibles colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-EP, por haber asistido a entrevistarse con Raúl Reyes, en el campamento que luego fue bombardeado por aviones colombianos en territorio ecuatoriano (1 de marzo de 2008). Hecho que Olate jamás ha negado.
En la ocasión, se trató de vincular a las personas señaladas con comuneros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y de ofrecer facilidades para capacitarlos en formación militar en la lucha que da el pueblo Mapuche con e Estado chileno, cosa que sí ha sido desmentida y hasta ahora no ha contado con evidencia probatoria que la sustente. Esto, pese a que los grandes medios de comunicación chilenos lo dan por hecho, como se pudo ver en el programa «Contacto» de Canal 13 del pasado 22 de junio.
Por otro lado y más contundente es que en días pasados, según informó Telesur, uno de los policías investigadores, Ronald Coy, reconoció públicamente que antes de pasar el computador y los discos duros a peritaje, manipularon la información él mismo y otros de sus compañeros, lo cual le resta cualquier credibilidad en un proceso judicial serio. Cuando se supo de la declaración de Coy, la Procuraduría colombiana lo cuestionó e investiga la manipulación de la información, con lo cual queda en entre dicho la validez de esos datos como prueba.
A pesar de lo anterior, ayer, el senador por la Araucanía y militante de Renovación Nacional (RN), Alberto Espina, declaró que “lo que corresponde es que los tribunales investiguen los hechos en que chilenos viajen a recibir entrenamiento o se preparan para actuar como un grupo de narcotraficantes como las Farc”, porque según el legislador eso es un asunto grave.
Cabe destacar que durante los últimos ocho años -presidencia de Uribe en Colombia y su política de «seguridad democrática» auspiciada por Estados Unidos- los grandes medios de comunicación chilenos (duopolio El Mercurio-Copesa y canales de TV abierta -todos vinculados a la derecha política y económica) han realizado una persistente campaña de limpieza de imagen del régimen colombiano, ignorando todas las noticias que dan cuenta de la represión sistemática contra actores sociales, indígenas, sindicales y políticos; violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas por los organismos internacionales.
Paralelamente, estos mismos medios han promovido la «satanización» de las organizaciones insurgentes o guerrilleras de Latinoamérica, bajo el rótulo de «terroristas», siguiendo la lógica impuesta por Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas en 2001, del cual muchas voces en el mundo estiman que existen fundadas dudas sobre la versión oficial entregada por el gobierno norteamericano.
Por Mijaíla Brkovic Leigthon
Con colaboración de César Baeza H.
El Ciudadano