Seis personas fueron ejecutadas en Indonesia por delitos relacionados con drogas declaradas ilícitas. Entre los condenados a muerte estaba el ciudadano brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años. Las otras personas muertas son de Indonesia, Holanda, Vietnam, Malaui y Nigeria.
Marco Archer nació en Río de Janeiro hace 53 años, fue condenado en el 2004 por ingresar más de 13 kg de cocaína al país asiático en los tubos de un ala delta. Es el primer brasileño en ser condenado a muerte fuera de su país. Pese a las peticiones de clemencia efectuadas por la presidenta Dilma Rousseff el gobierno de Indonesia las negó.
Incluso el gabinete de Rousseff, por su parte, llegó incluso a solicitar por carta la ayuda del papa Francisco y la presidenta brasileña telefoneó el viernes al presidente indonesio Joko Widodo para pedirle «como jefe de Estado y como madre» que detuviera la ejecución.
La ejecución se llevó a cabo este sábado en la isla de Nusakambangan. Una tía de Moreira pudo visitarlo horas antes de la ejecución. El condenado había estado ya 11 años preso en cárceles del país asiático. Un comunicado emitido en horas de la tarde confirmó que Marco Archer fue fusilado.
La llegada al poder de Joko Widodo fue usando una campaña de endurecimiento de las políticas de drogas. La legislación de Indonesia en drogas es una de las más severas del mundo, castigando con pena de muerte o la prisión perpetua el tráfico.
Después de la ejecución, Rousseff condenó el hecho y dijo que «la pena de muerte, que la sociedad mundial condena en forma creciente, afecta gravemente las relaciones» entre Brasil e Indonesia. También llamó a consultas al embajador del país en Jakarta.
Otro preso brasileño, Rodrigo Muxfeldt Gularte (42), también en la cárcel desde hace diez años por ingresar cocaína a ese país, sería ejecutado en febrero.
La muerte de seis personas invita a reflexionar sobre los límites alcanzados por la prohibición de las drogas, cuyos efectos no sólo se evidencian en la calidad de la salud y marginalización de los usuarios de sustancias declaradas ilícitas, la destrucción del medio ambiente o fomento de las ganancias por tráfico ilícito, sino que también da cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre del iluso ideal de “un mundo libre de drogas”
M.B.R.
El Ciudadano
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