En 2012 finalizó un largo juicio en que la Corte Suprema determinó -por 5 votos contra cero- su total inocencia de los cargos que sobre él pesaban: “negociación incompatible, fraude y cohecho”.
Según el abogado Gustavo Fiamma –que es abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid- Soria fue suspendido de su cargo de alcalde en 2007 “a través de una ‘orden de no innovar’ decretada por el Tribunal Electoral Regional de Tarapacá sin ostentar éste facultades legales para ello, no obstante lo cual el Tribunal Calificador de Elecciones confirmaría tan ilegal decisión”.
Añade este abogado: “Sin embargo, ese mismo Tribunal, en una causa de la V Región, dos meses después, resolvería que los Tribunales Electorales Regionales no cuentan con facultades legales para dar curso a una ‘orden de no innovar’”.
Producto de los procesamientos que pesaban en su contra, Jorge Soria no pudo presentarse a la reelección como alcalde (2008) y su postulación al Senado (2009) fue rechazada por el Servicio Electoral y por el Tribunal Calificador de Elecciones. Esto a pesar de no estar condenado por sentencia firme o ejecutoriada.
Fiamma –que ha ejercido como abogado de Soria- estima que con este proceder “se violó flagrantemente su presunción de inocencia y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) En virtud del Pacto de San José de Costa Rica no correspondía que lo suspendieran de su cargo y, por otra parte, según dicha Convención el señor Soria podía ser candidato a alcalde o a senador (artículo 23.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Así las cosas, el alcalde de Iquique ha sufrido violaciones graves en sus derechos a raíz de esta acción persecutoria llevada a cabo por agentes del Estado”.
El despojo de sus bienes
La persecución contra este popular alcalde nortino no ha terminado: queda una arista, la más absurda de todas, la que puede derivar en la pérdida de todos sus bienes. Esto tiene relación con el hecho que la Municipalidad de Iquique no pagó –en 1998- una cuota del Fondo Común Municipal (FCM), cosa usual en los municipios de Chile, que siempre se atrasan, porque el Gobierno cuando entrega las platas también se atrasa. Por eso es que el Parlamento, de vez en cuando, saca leyes que terminan con los problemas provocados por estos atrasos.
Bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos se promulgó una ley para que los municipios pudieran pagar, atrasados y sin intereses, las cuotas del FCM. Y el Municipio de Iquique pagó. El resto de los municipios de Chile no pagó o lo hizo muy pausadamente. A ellos no se les cobró nada, pero a Soria se le están cobrando, de su patrimonio, los intereses de los intereses por esta cuota impaga.
En esta causa (rol 1481-2010) del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, la liquidación de lo adeudado sobrepasa los mil quinientos millones de pesos. La deuda del municipio por el concepto de intereses de cuotas del FCM no pagadas eran de cerca de 500 millones, pero a Soria le cobran –de su patrimonio- 1500 millones en interés de un dinero que no tocó ni menos se apropió.
Según reconstituyó el abogado Fiamma “el pago de intereses por los que se le condenó a este alcalde se hizo en conformidad a la ley y a través de un convenio en el que participaron la propia Contraloría General de la República, el Subsecretario de Desarrollo Regional y el Tesorero General de la República.
El alcalde de Iquique confió en el procedimiento estructurado por esas autoridades (principio de la confianza legítima), pero finalmente cayó en una trampa. A los pocos meses de firmado el convenio con la Tesorería, la Contraloría objetaría el pago de los intereses, para luego demandar al alcalde esos pagos”. En las demandas contra Jorge Soria se señala que su responsabilidad deriva de la existencia de “gastos indebidos” al pagar dichos intereses y reajustes. Es absurdo, increíble, pero es cierto.
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El retraso en los pagos al Fondo Común Municipal, se explica por una situación deficitaria de los municipios que se origina en 1988 tiempo en que se le traspasaron a estos diversos servicios sin los financiamientos correspondientes. A partir de 1990 todos los gobiernos y el Congreso Nacional han abordado esta problemática mediante la promulgación de diversas leyes que no han conseguido resolver el problema.
El Municipio de Iquique tuvo dos problemas específicos que afectaron grandemente su situación económica: debió financiar los importantes gastos que generó el rápido poblamiento de Alto Hospicio y la crisis asiática de 1998.
En definitiva, fue el Municipio de Iquique y no Soria el que se atrasó en una cuota. Y después de 15 años de un juicio vergonzoso, le están ejecutando todos sus bienes incluida su casa familiar que es parte de la historia del norte, porque la familia de Soria ha trabajado por mucho tiempo en desarrollar esa vasta región.
Tengamos presente que los padres y abuelos de Soria hicieron fortuna en el salitre, pero tenían una vocación social que llevó a su padre –Alejandro Soria Varas- a abrazar la causa socialista y a ser Intendente de Tarapacá bajo el Gobierno de Salvador Allende.
Esperamos que se haga justicia y que el Consejo de Defensa del Estado cese de cobrarle dineros que Soria no adeuda. No hay ningún motivo para persistir en las acciones en su contra. La Justicia ya habló y probó su inocencia.
Hay que dejar que este destacado alcalde -una de las figuras políticas más importantes y queridas en la historia del norte chileno- pueda seguir haciendo su trabajo de reconstrucción de su ciudad e impulsando las tareas estratégicas en las cuales está empeñado.
Para que esto suceda solo se necesita que haya ¡justicia!
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