Senadores acuerdan solicitar a la Presidenta Bachelet la adopción de medidas para solucionar crisis del SENAME

Este miércoles 18 de julio se realizó una sesión especial del Senado donde se aprobó de forma unánime un proyecto de acuerdo para solicitar una serie de medidas para solucionar la crisis de la institucionalidad y del sistema de protección de infancia.

A la sesión para tratar este tema asistieron -además de las senadoras y senadores- el Ministro de Justicia, Jaime Campos y el Ministro Secretario de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quienes expusieron las propuestas emanadas desde el Ejecutivo para generar una política pública adecuada, ir a las causas del problema y anunciar los 86 mil millones que, de acuerdo a la próxima ley de presupuestos, se van a poner para el servicio de reinserción para infractores de la ley penal y para el Servicio de Protección Integral de la Infancia, la nueva institución que reemplazará al SENAME.

Derribando la posverdad

La instancia fue aprobada además por el Ministro de Justicia para aclarar las cifras relativas a las muertes de niños, niñas y adolescentes a consecuencia de maltratos sufridos al interior del SENAME. El abogado aclaró que los 1.343 fallecidos correspondían al total de personas muertos en los últimos 10 años vinculadas o relacionadas con la institucionalidad y el sistema de protección de infancia.

“De las personas fallecidas, 400 eran adultos, quienes permanecían en esos establecimientos desde niños y mayoritariamente padecían enfermedades psíquicas o psiquiátricas. 700 personas murieron en sus domicilios, víctimas de terceros, accidentes o enfermedades, puesto que se trataba de menores que recibían sólo atención ambulatoria o eran personas de medio libre, sujetas a medidas cautelares. De los restantes, 170 expiraron en los hogares u organismos colaboradores, 40 en residencias públicas y 33 en centros de justicia penal juvenil”,aclaró el Ministro Campos.

El titular de Justicia evidenció que conforme a la normativa, la autopsia se realizó cuando no se sabia la causa de la muerte o habían indicios de que hubiesen sido víctimas de un delito. En todos los demás casos -afirmó- “un facultativo extendió el certificado de defunción pertinente y no tengo fundamentos para dudar de al seriedad de esas certificaciones”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Asimismo, el representante de la Secretaría de Estado encargada de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial expresó que la situación de la totalidad de fallecidos referidos estaban siendo investigadas por el Ministerio Público. Además señaló que, a la fecha, sólo existían 3 procesos en los que existían personas formalizadas por cuasi delito de homicidio, sin que aún existan sentencias.

“Una o mil muertes son dolorosas, todas nos golpean pero hagamos un esfuerzo por poner las cosas en su lugar y fortalezcamos nuestras instituciones. La voluntad de la Presidenta, de este Ministro y de todo el Gobierno es avanzar a la mayor velocidad posible en la implementación tanto para mejorar la gestión como para crear una nueva institucionalidad y política sectorial”, puntualizó el Ministro Campos,

Proyecto de acuerdo

Ante los dichos del Ministro de Justicia, el senador Patricio Walker (DC), presidente de la Comisión de Infancia, afirmó que el desglose era importante pero indudablemente bastaba sólo un niño muerto par que la situación fuera grave. “Es verdad lo que dice el Ministro pero aunque tengamos 70 o 100 muertos en residencias de SENAME u hogares de menores, es muy grave. El detalle ayuda a saber cómo ocurrieron esas situaciones y demuestra que tenemos que pagar la deuda histórica con los niños de Chile. No es aceptable que Lissette haya muerto por situaciones de negligencia o que hoy vayan a las urgencias de los hospitales niños que están con problemas de contención o depresión y no los atiendan”.

Frente a este último punto, el senador Walker informó de un protocolo en materia de salud, que contempla 12 servicios de salud regional para asegurar una atención prioritaria. “Los hogares deberían tener médicos y enfermeras permanentes. Y los que tienen más complejidad, psiquiatras y psicólogos. Por falta de recursos, eso no ocurre, en la mayoría no existen. Los educadores de trato directo tendrían que ser profesores pero tampoco hay recursos”, sentenció.

Referido al proyecto de acuerdo, el senador DC señaló que parte de la Comisión de Infancia propuso la sesión especial para buscar solución a los problemas que existen con los niños y niñas en Chile. “Acordamos hacer un seguimiento y un chequeo permanente -una vez al mes- para verificar el grado de cumplimiento de los compromisos que el Gobierno asumió. Nos interesa que además se genere un fondo de emergencia y se envíe una ley de subvenciones con un nuevo diseño porque lo que tenemos es que con 8.300 niños en hogares del SENAME (1000 administrados por SENAME y 7.300 por instituciones colaboradoras), hay una internación prolongada y no hay incentivo para que se vayan a una familia de acogida o biológica. La triste realidad es que la mayoría no tiene donaciones de privados y en promedio hay un aporte del Estado de 280 mil pesos al mes, lo que no permite tener la infraestructura mínima, el personal calificado y, por eso, se incurre en negligencias, vulneración de derechos y esos niños no se reinsertan”, expresó.

En torno a la propuestas emanadas del acuerdo, el legislador sostuvo que postulan una política enfocada a la familia biológica y a las de acogida, en forma a agilizar las adopciones, desinternar a los niños entre 0 y 3 años y, que junto con más recursos, se busca mayor fiscalización y un órgano autónomo que se preocupe que los recursos se inviertan bien.

Además, explicó el parlamentario, se solicitó urgencia a los proyectos de ley, como el defensor de los niños, que será un órgano autónomo, independiente de los Gobiernos, que servirá para denunciar la vulneración de derechos de los niños y también propondrá cambios legales y reglamentarios a fin de generar políticas públicas para los niños.

Asimismo, afirmó el senador DC, se buscará agilizar la promulgación de la ley de garantías y protección a los derechos de la infancia y el servicio que reemplazará al SENAME- que se encuentra en la Cámara y posee suma urgencia- de modo de crear una nueva institución que sirva para corregir los defectos existentes y generar otros incentivos para que se trabaje con las familias y no tener la permanencia prolongada de los niños en hogares.

“Pedimos un 11% de aumento a los recintos administrados por SENAME, así como para los organismos colaboradores, porque ellos tienen a 7.300 niños y no les alcanza. Por eso no hay condiciones adecuadas para insertarse. En las reuniones mensuales vamos a ir chequeando para que antes de la ley de presupuesto veamos cuánto será el aumento. Los niños no pueden recibir tan pocos recursos. El hogar de cristo pide 2 millones, otras instituciones $700 mil al mes pero no puede ser que sea sin fiscalización. Por eso abogamos por más políticas y exigencias.”, remató el senador Walker.