El pasado jueves 13 de julio se votaron la cámara de diputados tres proyectos de acuerdo que solicitan a la Presidenta Michelle Bachelet la adopción de diversas medidas respecto a los niños, niñas y adolescentes a cargo del Servicio Nacional de Menore (SENAME)
La crisis de la institución a cargo de los menores carentes de cuidado parental en Chile tocó fondo tras el rechazo al informe de la segunda comisión investigadora en la sala de la Cámara, luego de haber sido aprobado por mayoría casi absoluta de la instancia fiscalizadora.
Tres propuestas
Representante de la voz disidente al interior de la comisión investigadora, el diputado René Saffirio junto a las diputadas Alejandra Sepúlveda, Cristina Girardi, Karla Rubilar y los parlamentarios Gabriel Boric y Vlado Mirosevic acogieron los postulados del informe de minoría y lograron el beneplácito de la sala, al aprobarse su propuesta por 74 votos a favor, 14 abstenciones y 1 voto en contra.
En resumen, la iniciativa solicita que se reconozca, a nombre del Estado, la negligencia sostenida contra los niños, niñas y adolescentes además de la responsabilidad política de todas las autoridades directores de organismo y respectivos ministros de justicia desde la creación de la institución.
Asimismo, pide que se reestructure la institucionalidad del SENAME como también el sistema de financiamiento existente. Plantea además estudiar un mecanismo de reparación de las víctimas debido a la violación sistemática de los derechos humanos en diversas instalaciones del servicio, tal y como lo corroboró un preinforme emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Por otro parte, se propone crear un abogado del niño y una institución denominada defensor del niño, a fin de contar con profesionales que que denuncien y actúen en forma preventiva, velando por el cuidado de los menores a cargo del Estado.
Por último, se solicitó que se perfeccionen y pongan plazos reales para la aprobación del proyecto que crea la Subsecretaría de de la Niñez, el que establece la Defensoría de la Infancia, la rápida supresión del SENAME, la creación del sistema de garantías de derechos de la niñez y una completa reforma al sistema de adopción.
El oficialismo, representado en las diputadas Loreto Carvajal, Camila Vallejos, Marcela Hernando, Yasna Provoste y los diputados Luis Rocafull, Claudio Arriagada, Roberto León y Ricardo Rincón buscó establecer medidas inmediatas, a corto y mediano plazo además de cambios en el ámbito legislativo. Gracias a esto, obtuvo 91 votos a favor, 1 contra y 3 abstenciones.
Por ello, solicita aplicar medidas para corregir lo sucedido, desplegando en terreno a todos los Ministerios competentes, encabezados por el de Justicia y acompañado por algún representante de la cartera de Salud y la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán generar coordinaciones semanales, en forma de constatar su efectiva protección y la implementación de las mejoras urgentes y concretas para la mayor eficacia de dicha acción.
Complementando la propuesta, se propone la intervención de los centros, ya sean públicos o privados, donde se hayan producido muertes, abusos sexuales, maltratos, explotación sexual infantil y en los que se vulneren derechos fundamentales como la alimentación, abrigo, escolaridad y descanso.
La iniciativa establece decretar la incompatibilidad en el desarrollo de dos o más programas por un por un mismo organismo colaborador, de forma que quienes recomienden separar al niño, niña o adolescente de su familia no sea la misma institución que los reciba en internacion (o al menos, no esté relacionada)
Finalmente, desde el conglomerado de ‘Chile Vamos’ se establecieron distintas líneas de acción, que fueron aprobadas por 50 votos a favor, 13 contra y 25 abstenciones. Éstas van por fortalecer el trabajo de las políticas públicas, en vista de, a su juicio, inminente próximo Gobierno. De esta forma, se propone acoger el llamado de un ‘Acuerdo Nacional’, medida que buscará mejorar el trato hacia los niños, niñas y adolescentes, en un marco de unidad y compromiso, que supere las diferencias políticas o ideológicas.
Para ello, propenden a impulsar la formación de una “Instancia Nacional por el nuevo trato con los niños, niñas y adolescentes”, coordinado por un Ministro y acompañado por un panel transversal de expertos que asegure su implementación. Participarán en ella representantes de todos los sectores políticos del Congreso Nacional, el Gobierno, el Poder Judicial, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil con competencia en materia de Derechos Humanos e infancia.
Esta instancia se abocará al estudio de reformas legislativas y administrativas que apunten a corregir la grave situación de violaciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en programas de la Red Sename y ayudará a configurar el reconocimiento oficial del Estado de Chile a las graves vulneraciones de las que habrían sido objetos los menores bajo el amparo estatal al interior de la red.
También se esboza una declaratoria de perdón hacia las víctimas y sus familiares pero, a diferencia de la propuesta independiente, ésta establece una reparación efectiva en favor de las víctimas y sus familias, en los casos y en la forma que establezca la ley pero a través implementación de una «Comisión Nacional de Verdad de la Infancia Vulnerada».
Por último, se plantea el requerir a la Contraloría de la República un sumario administrativo, a fin de determinar responsabilidades del empozamiento de fondos en los Organismos Colaboradores (OCAS).
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