Sename: El cuestionado sistema de financiamiento que incentiva la internación de los menores

Foto referencial: La Tercera

Esta semana el Servicio Nacional de Menores (Sename) ha estado nuevamente en la palestra de la opinión pública, a causa del rechazo del informe de la comisión investigadora Sename II, en el Senado. La discusión se centró principalmente en el acusado blindaje hacia Javiera Blanco por parte de la Nueva Mayoría, sin embargo, la situación va mucho más allá.

Entre argumentos a favor y en contra. Entre acusaciones y declaraciones, los principales protagonistas de esta triste historia han quedado en el olvido. Los niños y niñas. Los marginados socialmente producto de un sistema que profundiza las desigualdades y deja en el olvido la vulnerabilidad de pequeños y pequeñas que necesitan la protección del Estado y de la sociedad chilena.

La manera de financiar los centros del Sename es por lo menos cuestionable. En el Informe de Minorías del diputado René Saffirio, presentado ante la Comisión Investigadora -y que fue rechazado-, se explica que «en la práctica Sename pasa a ser un órgano subsidiario de los llamados Organismos Colaboradores del Sename (OCAS). Dichos organismos son entidades privadas sin fines de lucro que administran el 96,18% de la oferta anual para la atención de niños, niñas y adolescentes que proporciona el Estado y que son financiados a través de las subvenciones entregadas por este».

Y continúa: «El principal problema que esta modalidad de financiamiento presenta, radica en que estas instituciones, en virtud de la Ley General de Subvenciones, reciben de manera directa los dineros para ejecutar -como ellos estimen convenientes y sin fiscalización eficiente alguna- las acciones de los programas y proyectos definidos por el Estado en materia de infancia».

Es decir, centros privados son los encargados de atraer la subvención de los niños y niñas del Sename para su atención. Estableciendo un sistema de oferta y demanda, e incentivando la internación de los menores.

Según el informe del diputado, el Estado atiende directamente solo al 3,82% de los niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad que necesitan ser atendidos, mientras que el otro 96,18% es atendido por organismos privados. En la misma línea, la escasa fiscalización por parte del Sename a las OCAs produce vacíos legales y conductas poco éticas, como lo es el lucro con los capitales entregados por el Estado a estas instituciones.

«Estos dineros quedan a libre disposición de las OCAs, permitiendo que estas realicen inversiones en depósitos a plazo, lucrando con dichos fondos, y desestimulando la rápida reasignación y inversión de los recursos en los establecimientos y programas que ejecutan», detalla el informe.

Y agrega que «según información oficial de Sename, en las cuentas corrientes de las instituciones privadas, de julio de 2015 a julio del año 2016, se acumula un saldo casi de veinte millones de pesos».

Respecto a la manera en que el Estado paga las subvenciones a estas entidades, principalmente se realiza es a través de pago por niño o niña atendido, que se aplica tanto en centros residenciales, familias de acogida, programas de protección especializado, de medidas de reinserción para infractores de la ley y de libertad asistida.

Sin embargo, hay casi nulo incentivo para que se cumplan los plazos técnico de las intervenciones de los menores en los Programas de Protección y Centros Residenciales, además de no haber relación entre los resultados de las intervenciones y el pago recibido por los niños y niñas tratados.

Por último, existe un excesivo uso del artículo 80 bis de la Ley 19.986, en que se garantiza la atención de los menores en los centros del Sename. Los tribunales derivan constantemente a los niños, niñas y adolescentes a permanencias largas, avaladas por la subvención que se entrega por cada menor que es atendido, provocando el hacinamiento en las residenciales que ya es abiertamente conocido.

Saffirio enfatiza en que «la estrategia para resolver este asunto es una revisión a fondo de la oferta en conjunto con los tribunales y con los equipos de las organizaciones colaboradoras, provocando los cambios que sean necesarios para aumentar la capacidad de plazas del sistema. Todo lo anterior, significa sustituir estos esquemas por un verdadero sistema de protección a la infancia».

En la propuesta presentada por los diputados Jackson, Boric, Rubilar y Saffirio proponen «cambiar el modelo de financiamiento de organismos colaboradores desde un marco que basado en el pago por niño internado, que genera un incentivo a la institucionalización innecesaria, a otro, de carácter institucional que considere la evaluación y cumplimiento de estándares técnicos, basado en el principio de control del gasto».

Y solicitan «crear una institución denominada Defensor del Niño que sea un organismo autónomo e independiente del gobierno de turno, que denuncie las situaciones de vulnerabilidad de los derechos de la infancia y actúe en forma preventiva para que los niños se desarrollen en un sistema universal de derechos y garantías».