Según la ley de tribunales de familia los cupos para el sistema residencial de protección o la red de atenciones de salud deben ser asegurados ante vulneraciones graves de derechos de los menores. Pero la situación es más compleja de lo previsto por la normativa.
Si a comienzos de año, un menor víctima de explotación sexual comercial esperaba 25 días para ser atendido, en seis meses esa cifra se duplicó a 43 y hoy llegó a un promedio de 59 días. El panorama no es muy distinto en otras prestaciones, ya que los tiempos de espera en general superan los 30 días, según información entregada por el Ministerio de Justicia a través de un oficio enviado el 18 de agosto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Para la directora del Sename, Solange Huerta, los tiempos de espera se concentran en la modalidad ambulatoria y son inexistentes en la residencial. Las atenciones son financiadas con fondos asignados del Sename, pero cuando la demanda es superior a la oferta se realizan pagos adicionales a entidades colaboradoras como a los miembros de la Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (Ainfa). A Ciudad del Niño, en tanto, la institución le adeuda más de mil millones de pesos.
En total, el Sename debe a todas las entidades colaboradoras $7.400 millones. Según Huerta, se han pagado durante 2017 $23.277 millones y se inyectarán $18 mil millones más para cubrir, antes de fin de año, la totalidad de la deuda de arrastre. Esta es una de las razones por la que la Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la partida de Justicia.
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