Uruguay se ha convertido en el primer Estado del mundo que regulará el uso del cannabis en lugar de criminalizar a los usuarios. Compartimos la infografía preparada por el Transnational Institute(TNI) que explica por qué se ha seguido este camino pionero y cómo funcionará la normativa. A juicio de la DEA norteamericana la estrategia uruguaya “abrirá la puerta al uso de otras drogas, a la disminución de la salud, el comportamiento delincuencial y a conductores narcotizados”.
«Dígale a ese viejo que no mienta”- fue la respuesta del presidente uruguayo, José Mujica a las aseveraciones del presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, quien sostuvo que la legalización del consumo de cannabis en el país latinoamericano es propio de «piratas», porque no respeta las convenciones internacionales sobre drogas y narcotráfico y que el gobierno uruguayo no los recibió para hablar del tema.
“Conmigo se reúne cualquier tipo en la calle –prosiguió el presidente uruguayo – Que venga a Uruguay y se reúne conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna. Porque está en un puesto internacional se cree que… conmigo se reúne cualquiera y el que diga que no puede hablar conmigo miente, miente descaradamente».
«Porque están en un puesto de pedestal se creen que pueden decir cualquier bolazo»- agregó Mujica en referencia a Yans, de quien también dijo que “es un viejo careta y no le voy a hablar en lenguaje diplomático. Bien terraja lo voy a tratar porque intelectualmente una afirmación de ese tipo merece ese calificativo”.
El presidente puntualizó: “Qué le van a enseñar a Uruguay, cuando tienen una sociedad como la norteamericana, que usted va a un comercio y tiene una lista firmada por distintos médicos, donde va y dice que precisa tantos gramos de marihuana para el dolor que tengo de la cervical y eso queda como una receta médica. Qué me vienen a hablar ahora de legalidad”.
POSIBILIDAD DE CULTIVAR Y MÁS BARATO QUE EL NARCOTRÁFICO
La comercialización del cannabis comenzaría a mediados de 2014 estiman las autoridades uruguayas. Todo depende de la cosecha. El objetivo es que las 120 mil personas que se estima usan marihuana por lo menos una vez al año en el país no dependan del mercado negro con los correspondientes problemas de seguridad y salud que acarrea el prohibicionismo.
El gramo de cannabis costará aproximadamente un dólar y será vendida por el Estado. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, advierte que el precio fue fijado para que sea competitivo y así desplazar a los narcotraficantes.
El mecanismo de entrega será tras una inscripción en un banco de datos cuya información se mantendrá en secreto. Cada uruguayo podrá comprar hasta 40 gramos al mes, cifra que varía según la potencia de THC (tetrahidrocannabinol) de la planta.
También la ley permite el autocultivo. El monto máximo permitido serán seis plantas o 480 gramos. Otra alternativa son los clubes cannábicos, donde se podrá intercambiar la planta con un máximo permitido de 99 matas por club.
El Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, radicado en Perú, comenta que “el Gobierno del Uruguay parte del principio que las drogas siempre han existido, existen y seguirán existiendo. Desde una perspectiva científica y empírica, la Ley de regulación de la cannabis se basa en los siguientes paradigmas: El modelo prohibicionista ha fracasado, la política de drogas SÍ debe ser actualizada; Regular el mercado de cannabis SÍ arrebataría un negocio millonario que hoy alimenta la delincuencia y el narcotráfico; El cannabis SÍ tiene probados usos medicinales útiles; El cannabis NO es la puerta de entrada a otras drogas”.
LA PATALETA DE LA JIFE
El organismo de control de drogas de la ONU «lamentó» la legalización del cannabis en Uruguay y afirmó que esa decisión contraviene normas internacionales y puede revelarse contraria a los fines del gobierno.
«Con la legislación sobre el cannabis aprobada por el Congreso, Uruguay está violando las convenciones de control de drogas», afirmó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
La JIFE, organismo dependiente de la ONU, existe como efecto de la prohibición de las drogas y, obviamente, cualquier ensayo de políticas alternativas a la criminalización que promueve horada la fuente de su existencia.
El argumento del organismo con sede en Viena es que la legislación uruguaya contraviene la Convención de 1961 sobre Narcóticos.
De igual forma, el vicecanciller uruguayo, Luis Porto, anunció que en febrero una delegación de Uruguay viajará a Viena, para hablar con la JIFE. «No tenía sentido ir antes porque la ley tuvo cambios. Esperamos ir con la reglamentación ya avanzada»- sostuvo el funcionario.
Otro actor que rechazó la nueva legislación uruguaya es Paraguay, cuyas autoridades acusan que esperan un aumento del consumo, tanto del cannabis como de otras drogas, además de producir importación clandestina. Paraguay es reconocido como un gran productor de marihuana, cuya producción inunda los mercados ilícitos de Chile, Argentina y hasta el centro de Brasil, con ciudades como Rio de Janeiro y São Paulo, donde es común hallar maconha prensada de origen paraguayo.
También EE.UU. se manifestó en contra de la legislación. La Administración para el Control de las Drogas de EE.UU. (DEA) rechazó la nueva ley uruguaya. El vocero de la DEA, Rusty Payne, sostuvo que “la legalización de la marihuana, sin importar cómo comience, vendrá a costa de nuestros niños y de la seguridad pública”.
Repitiendo el rosario patologizador, Payne agregó que se “creará dependencia y temas de tratamiento, así como abrirá la puerta al uso de otras drogas, a la disminución de la salud, el comportamiento delincuencial y a conductores narcotizados”.
INTERÉS EN OTROS PAÍSES
Diferente es la mirada de otros países. La ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Emma Bonino, dijo que Uruguay hizo «muy bien» en legalizar el cannabis. «No es una legalización total, pero ya eso está muy bien», comentó.
En Italia la colectividad de Bonino, el Partido Radical, promovió un referéndum para la despenalización de la tenencia, consumo y cultivo de marihuana. Para ellos la prohibición inyecta millones de euros en el mercado negro y conduce a un gasto en represión intolerable por las arcas públicas.
El diario inglés The Guardian aplaudió a través de una columna del periodista Simon Jenkins la aventura legal uruguaya. «La guerra contra las drogas es la única que hoy importa. Uruguay pone a las Naciones Unidas y a Estados Unidos en vergüenza», sostuvo.
Jenkins agregó que «el coraje de Mujica no debe ser subestimado (…) el suyo es un país amable y anticuado, y dos terceras partes de los encuestados se oponen a la medida, aunque se trata de un 3% más que hace una década. Además, algunos grupos de presión a favor de la legalización se oponen a su nacionalización de facto. Una pregunta abierta es si un cártel de Estado va a ser tan eficaz como un libre mercado regulado. Pero el jefe de las drogas, Julio Calzada, es contundente: Durante 50 años, hemos tratado de abordar el problema de las drogas con una sola herramienta – penalización – y eso ha fallado Como resultado, ahora tenemos más consumidores, las organizaciones criminales más grandes, daños lavado de dinero, tráfico de armas y colaterales».
El periodista aprovechó de criticar las posturas de Gran Bretaña y Naciones Unidas, que pusieron el grito en el cielo. «El camino para salir de esta oscuridad está siendo trazado no en el viejo mundo sino en el nuevo mundo, cuyos heroicos legisladores merecen ser galardonados con un premio Nobel de la Paz. Son ellos los que han asumido el reto de la lucha contra la guerra mundial que realmente importa, la guerra en la guerra contra las drogas. Es significativo que los países más valientes también son los más pequeños. Gracias a Dios por los pequeños estados»- remató Jenkins.
Por su parte el canciller venezolano Elías Jaua sostuvo que «consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay”.
En tanto, la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que se trata de «una decisión de un país soberano que puede adoptar estas medidas en vista de la situación que enfrenta», aunque advirtió que «esa no es nuestra posición».
Hugo Cabieses, investigador experto en narcotráfico, comenta que «escandalizarse por la decisión uruguaya es un discurso político propio de las políticas prohibicionistas antidrogas de Estados Unidos».
LOS CAMBIOS EN LA REGIÓN
Un día después de aprobada la ley uruguaya por el Senado, Colombia asumió la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), dependiente de la OEA.
La instancia fue creada para promover la discusión sobre el problema del tráfico y la guerra a las drogas tras la VI Cumbre de las Américas del 2012, donde las críticas a la guerra a las drogas y su sangrienta secuela en México, Centroamérica y Colombia se tomaron la agenda.
Presidentes como Felipe Calderón de México, Otto Pérez Molina de Guatemala y hasta Juan Manuel Santos de Colombia han pedido un debate más amplio y coherente ante el fracaso de la estrategia prohibicionista.
Santos denunció repetidamente el fracaso de la guerra contra las drogas y reconoce que los esfuerzos por erradicar la producción, demanda o uso de estupefacientes son una batalla perdida. Santos dice que «a veces nos da la sensación que estamos en una bicicleta fija, pedaleamos y pedaleamos y no resolvemos el problema». Claro que, a diferencia de Mujica, el presidente derechista colombiano cree que cualquier iniciativa al respecto tiene que ser una decisión en conjunto de varios países.
Pese a que EE.UU. se opone a cualquier cambio de estrategia que no sea la guerra a las drogas, política refrendada por el secretario de Estado, John Kerry, a nivel interno en algunos estados se permite el uso medicinal tras referéndums de la población, como es el caso de Washington y Colorado.
Milton Romani, representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentó que su país «no está recorriendo un camino exotérico. En lo que estamos de acuerdo la gran mayoría de los países de la OEA es que en el camino que estamos no hay resultados. Si no se hace nada vamos a un camino de ruptura, porque muchos países de América Central y del Sur están sufriendo la violencia en torno a las armas y el lavado de dinero».
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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