Sexoservidoras del Centro Histórico: víctimas de agresiones, intimidaciones y discriminación 

Discriminadas por la ciudadanía, explotadas por los tratantes y acosadas por algunos policías, las trabajadoras sexuales sobreviven contra una adversidad multifactorial.

Sexoservidoras del Centro Histórico: víctimas de agresiones, intimidaciones y discriminación 

Autor: Luis Lozada

El sexoservicio en el Centro Histórico de Puebla ha sido uno de los temas más estigmatizados durante los últimos años, en el que las mujeres, dedicadas a esta labor, han sido víctimas de violencia, acoso y discriminación por la ciudadanía e incluso por las propias autoridades a través de operativos. 

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Las vialidades del primer cuadro de la ciudad donde las trabajadoras sexuales laboran suelen ser inspeccionadas frecuentemente por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de los operativos para “combatir la trata de blancas”.

No obstante, ellas han denunciado en diversas ocasiones que las autoridades aprovechan de estas supervisiones para intimidarlas y agredirlas, por lo que en muchos de los casos se han registrado confrontaciones entre varios grupos.

Aunque estas agresiones han sucedido en el Centro Histórico, distintas administraciones municipales se han deslindado de la situación al referir que los operativos no están a su cargo, motivo por el que las mujeres temen por su integridad y piden que su trabajo sea dignificado.

Ante esta situación, gobiernos municipales han planteado reubicar a las sexoservidoras a hoteles para evitar que continúen en vía pública, sin embargo, ellas se han negado debido a que temen a que sean sorprendidas por las autoridades ministeriales para detenerlas de manera arbitraria.

FGE “rescata” a 19 sexoservidoras, 10 de ellas acusan agresiones por parte de ministeriales

En 2020, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un operativo en un hotel ubicado sobre la 14 Poniente, entre la 3 y 5 Sur, donde fueron «rescatadas» 19 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas, aunque ellas lo negaron posteriormente.

De las 19 féminas, 10 de ellas denunciaron que fueron presionadas por los ministeriales para desnudarlas y posteriormente golpearlas. Además, acusaron que los agentes les robaron su dinero y las mantuvieron encerradas en un cuarto durante varias horas.

En ese mismo año, las trabajadoras sexuales también expusieron que fueron víctimas por parte de policías encubiertos, quienes solicitaban sus servicios para obtener información sobre su trabajo y luego intentar detenerlas.

Detienen a Lulú, líder de Unificación de Sexoservidoras por trata de personas; agremiadas acusan represiones

Lourdes Hernández, líder de Unificación de Sexoservidoras en el Centro Histórico de Puebla, fue detenida cuando se encontraba trabajando, presuntamente por el delito de trata de personas y lenocinio.

Las agremiadas inicialmente pensaron que se trataba de un “levantón”, pero más tarde fueron notificadas que era parte de un cumplimiento de orden de aprehensión, por lo que fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Un año después, el 23 de diciembre de 2022, se dio a conocer que Lourdes Hernández, mejor conocida como “Lulú”, había fallecido por causas desconocidas, por lo que se cree que murió al interior del penal.

Las integrantes de la Unificación de Sexoservidoras en el Centro Histórico de Puebla aseguraron que en la organización que fundó Lulú laboraban mujeres por su manera voluntaria, por lo que apuntan que su detención fue ilegal.

FGE realiza operativo en Centro Histórico y detiene a 17 mujeres

En diciembre de 2023, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en el Centro Histórico de Puebla, como parte del «combate a la trata de personas», donde aprehendieron a 17 mujeres dedicadas al sexoservicio.

Las trabajadores sexuales denunciaron que su detención fue ilegal debido a que las autoridades no se presentaron con alguna orden judicial que justificaran las acciones. Luego de varias horas de protesta por parte de sus compañeras, fueron liberadas por las autoridades.

Por su parte, el entonces alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se deslindó de las aprehensiones suscitadas en el municipio, pues refirió que sólo se encargo de desplegar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) para resguardar la zona.

Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició una queja para investigar los abusos cometidos contra las sexoservidoras y contra un periodista, este último fue agredido por policías municipales sólo grabar los hechos.

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